La justicia ha dado la razón a ANPE Canarias en su primera lucha para que la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes abone los sexenios al personal laboral docente. El sindicato con más representación en el sistema público no universitario del Archipiélago ha logrado una sentencia histórica por la que la Administración educativa deberá pagar este complemento asociado a la formación a un docente que no es funcionario sino personal laboral, legitimando de esta forma el derecho del profesorado a reclamar esta retribución con independencia de su vinculación administrativa con la Administración

Las centrales sindicales más representativas del sector educativo y el Gobierno canario firmaron a finales de 2017 el Plan de Reconocimiento Profesional y Social del Profesorado, un acuerdo para mejorar las condiciones laborales y el prestigio de los profesionales de la enseñanza que incorporó el abono de los sexenios a todo el personal docente.

Desigualdad

Este documento daba respuesta así a una demanda histórica en la Comunidad Autónoma, que hasta entonces era la única que no recompensa a sus docentes por la formación permanente. Sin embargo, meses más tardes, cuando se publicó la Ley de Presupuestos y se estableció el mecanismo para acceder a estas retribuciones, únicamente se reguló el procedimiento para que los funcionarios, ya fueran de carrera o interinos, pudieran reclamar sus sexenios, lo que ha acabado generando situaciones de desigualdad "intolerables" para ANPE Canarias.

Ahora, el Juzgado de lo Social número 7 de Las Palmas de Gran Canaria ha considerado que esa "ausencia" de regulación en la Ley de Presupuestos no exime a la Consejería de su responsabilidad de abonar este complemento en las condiciones en las que se detallaba en el acuerdo original. Así, ha estimando la demanda interpuesta por el sindicato -en representación de uno de sus afiliados, profesor de Música- contra la Consejería, que deberá abonar al demandante 1.518,96 euros en concepto de sexenios, además de los intereses de demora.

La justicia considera que el acuerdo suscrito entre la Administración y los sindicatos es aplicable, "sin lugar a dudas", a todos los docentes, sean funcionarios o no.