"Tiempo de silencio". El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, el grancanario Manuel Marchena, rehusó ayer valorar los conflictos generados en Cataluña tras la sentencia judicial sobre el procés del pasado lunes. A pesar de la insistencia de la nube de periodistas que aguardaba su intervención en el acto de apertura del curso académico en la Universidad del Atlántico Medio, en Las Palmas de Gran Canaria, su ciudad natal, Marchena evitó cualquier comentario sobre la situación en Cataluña, en un día además de gran tensión y numerosos altercados durante la huelga general convocada en la comunidad catalana para protestar por el fallo del Supremo.

Marchena llegó con sus escoltas, los responsables del centro universitario y el vicepresidente del Gobierno, Román Rodríguez, al recinto inaugural y salió de la misma forma, con celeridad, cuando culminó el acto, con un: "no me lo tomen a mal, no me lo tomen a mal", dirigido a los medios de comunicación. Solo se limitó a decir: "Tiempo de silencio", parafraseando un conocido libro de Luis Martín-Santos, publicado en 1962.

No obstante, pese a su parquedad oral sobre el incendio que ha provocado la sentencia, el carismático magistrado hizo gala de un excelente humor durante su lección inaugural. Él mismo se encargó de advertir a irónicamente a los presentes, entre ellos muchos compañeros magistrados y fiscales como Vicente Garrido, Emilio Moya, Luis del Río o Antonio Doreste, que tenían el derecho constitucional a la "desconexión personal, que consiste en que se mira al ponente, da la impresión de que se está atendiendo y uno ha empezado a desconectar desde las primeras palabras", e incluso el derecho "a la deserción" de su lección inaugural, lo que provocó risas entre el público.

Escuchas telefónicas

Pese al complejo tema del que habló, titulado Investigación tecnológica: GPS y datos electrónicos en el proceso penal, la disertación resultó entretenida, hasta comprensible para los no instruidos en derecho, pues con ejemplos prácticos y en lenguaje llano trató de desgranar la importancia del uso de los avances tecnológicos para atrapar a los criminales y su complicada adaptación a la legislación, para que, por ejemplo, se puedan autorizar escuchas telefónicas, micrófonos en las celdas, los drones o los GPS para geolocalizar actos delictivos.

Desde que se dio a conocer la sentencia solo se ha referido públicamente a ella el pasado miércoles y lo hizo durante la exposición de su programa para revalidar su presidencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ante la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en Madrid. "Es una sentencia muy especial: por su contenido, por su extensión, por los problemas que hemos tenido que abordar... Es de una gran complejidad", sostuvo. Como único candidato que se presenta al cargo, todo apunta a que Manuel Marchena será renovado, pero la normativa le obligaba a explicar su proyecto en vista pública.

Tambien expuso la "situación difícil" que atravesaría el Alto Tribunal si tuviera que juzgar ahora al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, huido a Bélgica desde finales de octubre de 2017. El magistrado explicó que 13 de los 15 togados que integran en la actualidad su Sala ya han tenido alguna relación con el procés, bien en la fase de instrucción o bien en la fase de enjuiciamiento lo que dificultaría conformar un tribunal. Precisamemte ayer la justicia belga decidió volver dejar en libertad, pero con medidas cautelares, a Carles Puigdemont tras la nueva euroorden emitida el pasado lunes por el juez Pablo Llarena.

Ataviado con la toga y un birrete rojo, Marchena apareció ayer acompañado del presidente de la Universidad, Ángel Ferrera, el rector, José Ramón Pin, y, entre otros, el vicepresidente del Ejecutivo, Román Rodríguez, que cerró el acto. Explicó que aprovechó la invitación que le cursó hace un mes Ángel Ferrera para tener un reencuentro con su tierra, su familia y amigos y para dar su apoyo a "una universidad pujante que ocupará con el tiempo el lugar que se merece en el mundo académico". En tono ameno, y sin citar en ninguna ocasión nada relativo al procés, quiso saludar especialmente desde la tribuna a Vicente Garrido, exfiscal Superior de Canarias, que fue su preparador en las oposiciones. También se refirió con gracia a Román Rodríguez, al que dijo seguir en toda su trayectoria política pues la fotografía del vicepresidente estaba colgada en la habitación del magistrado, en la orla de su hermano, ya que ambos eran de la misma promoción de medicina."Lo sigo desde que era joven, soltero y hasta guapo", volvió a bromear, lo que provoco una nueva carcajada.

Sobre su lección inaugural, la compleja incorporación al proceso penal de los avances tecnológicos, el magistrado explicó que hasta 1988, el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permitía al juez acordar la interceptación de las comunicaciones postales y telegráficas. Justo ese año se aprobó la Ley Orgánica 4/1988 porque había que incluir la interceptación de las comunicaciones telefónicas. Expuso que este cambio tuvo pronto el problema de que los policías señalaban a los jueces que determinada organización se comunicaba mediante correo electrónico, después por un chat clandestino en Facebook o que se había descubierto algún delito utilizando un dron.

Por ello preguntó: "¿Y cómo se incorpora la imagen de un dron a un proceso penal? Todo eran problemas" que se topaban con normas que adolecían de "obsolescencia técnica", añadió. "Hoy, la delincuencia hace uso de los medios tecnológicos que tanta ventaja proporcionan en las relaciones productivas, aunque también ofrece un escenario para la comisión de hechos ilícitos", reflexionó el magistrado.

Una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) encendió otra alarma entre los jueces, pues estimó parcialmente un recurso de amparo de un hombre condenado de asesinato, al considerar que se había vulnerado su derecho a la intimidad al colocar un micrófono en la celda para ver si le contaba algo a su compañero. Tras este fallo, "muchos jueces de instrucción, sobre 40, declararon la nulidad de diligencias que ya tenían acordadas", entre ellos en casos como el asesinato de la menor Asunta en Galicia, donde se pusieron escuchas en los calabozos de sus padres.

Relató que hubo otra sacudida conceptual cuando el Tribunal de Justicia de la UE dictó una sentencia el 8 de abril de 2014 que declaró la nulidad de la Directiva 24/2006 que obligaba a todas las prestadoras de servicios en telefonía móvil a conservar los datos de localización, identificación y duración de las llamadas durante un periodo de tiempo -entre seis meses y dos años-, como consecuencia de atentados del 11-M o los de Londres, lo que precipitó la necesidad de que la Policía pudiera tener acceso a estos datos. El tribunal argumentó que eso se podía hacer pero que había que realizarlo con otra directiva porque no se podía considerar sospechosas a 200 millones de personas, explicó.

Marchena subrayó la importancia de los datos electrónicos que han sido decisivos en muchos casos y puso como ejemplo el de José Bretón, que mató a sus dos hijos, pues su teléfono lo situaba en lugares en los que afirmaba no haber estado. Para el magistrado son muchas las alternativas que se disponen en materia de investigación tecnológica, como los datos de GPS, donde también la legislación se ha reformado y se establece la necesidad de su autorización con un límite de tres a 18 meses.