El número de agresiones a docentes en Canarias ha sufrido un repunte del 14,2%. Durante el pasado curso, se dieron en las Islas 168 casos -por lo que se ha alcanzado la cifra más alta desde que hay registro- y 2.174 en el territorio nacional. En la Islas 146 casos tuvieron lugar en centro públicos, once en concertados y ninguno en centros privados. Estos datos se recogen en la Memoria del Defensor del Profesor, realizada por el sindicato ANPE, en la que se denuncian las conductas contrarias a la convivencia por parte del alumnado y de sus familiares hacia el profesorado, muchas de ellas constitutivas de delitos.
Las nuevas tecnologías son una herramienta atractiva para desarrollar metodologías innovadoras en la escuela, siempre que se haga un uso correcto de ellas. Sin embargo, en muchas ocasiones son utilizadas como arma para dejar huella de agresiones o para llevar a cabo humillaciones de compañeros y docentes. Por cuarto año consecutivo, las redes sociales son el medio más empleado para realizar agresiones contra los docentes. En concreto, el curso pasado se detectaron 34 casos de ciberacoso a los educadores por parte de los alumnos.
La divulgación de imágenes con la intención de burlarse del tutor es una práctica relativamente reciente y los alumnos desconocen las consecuencias que puede ocasionar su acción. Por esto, el responsable de Formación de ANPE Canarias, Bernardo Huerga, reclama que se favorezcan medias para que los estudiantes y las familias tomen conciencia de este problema y entiendan las graves efectos que se derivan del mal uso de las redes sociales.
Así, el curso pasado se dieron casos de progenitores que han grabado a docentes, descontextualizando las situaciones con la intención de amenazar al profesor con denunciarlo ante la inspección o los tribunales.
En las primeras etapas educativas -Infantil y Primaria- se está produciendo un repunte de los casos de agresiones. Por ese motivo, Huerga denuncia el importante déficit de orientadores y psicopedagogos, que "son una figura fundamental para realizar los informes de los niños que necesitan una atención a su diversidad", explica. Además, alerta de que "en algunas ocasiones, estos informes se retrasan más de un año".
El informe del Defensor del Profesor refleja que tres de cada diez ataques los protagonizan los familiares de los alumnos, especialmente en Infantil y Primaria. Entre los problemas generados por los padres destacan once casos en los que los profesores recibieron presiones para modificar las notas.
En Formación Profesional Básica se detectaron 26 casos, frente a los 11 del curso anterior. "En estas enseñanzas estamos viviendo experiencias dramáticas por parte del profesorado, que se encuentra con un alumnado con conductas contrarias a la convivencia", asegura Huerga. Quien añade que desde ANPE llevan mucho tiempo alertando de que la FP "no puede ser el cajón de sastre en el que cae todo el alumnado con problemas de comportamiento".
La presidenta de ANPE Las Palmas, María Perera, relata que uno de los casos más graves que vivieron el pasado curso fue el de un profesor denunciado por coger a un alumno de la mano y llevarlo a la silla para restablecer el orden en el aula. "El docente recibió una denuncia y fue a juicio por lesiones, pero después de una minuciosa investigación no hubo pruebas y salió absuelto", detalla.
La falta de diálogo fluido entre padres, docentes y tutores para aclarar situaciones de este tipo pueden suponer graves perjuicios. Perera lamenta que "los padres no están al lado de los docentes y no colaboran con la educación de sus hijos".
La sobreprotección de los menores, la falta de límites o los malos ejemplos en el núcleo familiar son el caldo de cultivo de las agresiones a los docentes. Por ello, la presidenta de ANPE llama a la reflexión sobre la necesidad de que los padres hagan las tareas con los alumnos, fiscalicen los deberes que se les marcan y las actividades que lleva a cabo en el centro o resuelvan sus problemas en el centro. "Con estas actitudes los padres restan autonomía a los niños", sostiene Perera. Quien afirma que "lo peor no es que se cuestione al docente, sino que ese desacuerdo se hace delante de los niños", con lo que el profesor pierde su autoridad y su capacidad para imponer una disciplina.
Pedro Crespo, presidente de ANPE Canarias, reclama a la Consejería de Educación que "de una vez por todas" asuma la asistencia psicológica y letrada de los docentes, ya que son personal de la Consejería y no debería ser un sindicato el que asuma esa tarea. "El anterior equipo se comprometió a publicar un protocolo de actuación ante la agresión de un docente y ahora lo hemos planteado como prioritario al nuevo equipo", concluye.
