La noche del 20 de noviembre, tras partir de un punto localizado al norte de El Aaiún (Marruecos), una patera con 57 subsaharianos a bordo alcanzó la costa de Gran Tarajal. Entre los ocupantes de la embarcación, una zódiac de gran tamaño, figuraban tres mujeres acompañadas por tres bebés. Todas, tanto ante la Guardia Civil como ante la Policía Nacional, aseguraron que los niños eran hijos suyos. Esa declaración, sin embargo, no impidió que las familias fueran separadas. Cerrado el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Fuerteventura desde verano de 2018 y sin más alternativas para acoger a los migrantes, ellas -junto al resto de los ocupantes mayores de edad que viajaban en la lancha- fueron enviadas a los calabazos; los pequeños -por orden de la Fiscalía de Menores, al entender que una celda no era el mejor lugar para su seguridad- quedaron bajo custodia de las autoridades.
Para justificar la separación de las tres familias, las administraciones públicas consultadas por esta situación subrayaron ayer la falta de infraestructuras en las Islas para acoger a los migrantes como principal hándicap. El CIE de Fuerteventura se cerró en junio del año pasado por mandato de Fernando Grande-Marlaska. Entonces, el actual ministro del Interior en funciones, acreditó la decisión al argumentar que "atendiendo al número de migrantes que llegan a Canarias, no va a ser necesaria la utilización" para, de inmediato, añadir que "serían suficientes las plazas de los CIE de Barranco Seco, en Gran Canaria, y Hoya Fría, en Tenerife".
El problema, en ese escenario planteado por Grande-Marlaska en el Senado, es que el CIE de Barranco Seco acumula ya 15 meses cerrado para su rehabilitación -desde la Delegación del Gobierno se confía en que esta semana se pueda abrir ya parte de la instalación- y el CIE de Hoya Fría, con capacidad para acoger a 238 personas, se ha visto desbordado con el repunte de llegada de pateras en los últimos meses -sólo en octubre, por esa vía, llegaron a las Islas casi 500 personas-.
Sin plazas habilitadas suficientes en el Archipiélago para distribuir a los migrantes, los calabozos de la Policía Nacional se han convertido en la alternativa para su custodio -a la espera de la siguiente orden de Interior-. "Ante ese planteamiento", admitían ayer desde la Fiscalía de Las Palmas, "entendimos que lo mejor, pese a separarles de sus madres, era que no pasaran por los calabozos. El objetivo de la decisión se fundamentó en salvaguardar a los niños de una situación que consideramos peligrosa".
Desde la Delegación del Gobierno en Canarias, ante preguntas sobre el caso concreto de Fuerteventura, se apuntó que "la decisión de separar a las familias fue de la Fiscalía", se recalcó que "desde la Delegación se trabajó para que se reagruparan a madres e hijos" y se confirmó que "ya están juntos".
Protocolo
Las autoridades españolas cuentan con un protocolo de actuación cuando un menor acompañado de una persona adulta que afirme ser su madre o su padre entra de manera irregular en el país.
La norma señala que la separación del niño y la persona que lo acompaña aparece referida como medida extrema, en caso de "situación de riesgo inminente" para el niño o la niña, que pasaría a los servicios de protección del menor hasta que se demuestre el vínculo existente entre ambos.
