El dueño de la finca en la que hace justo hace un año murió Julen, el niño de dos años que fue rescatado sin vida 13 días después de caer en un pozo, se sentará a partir de mañana en el banquillo del juzgado de lo penal número 9 de Málaga. David Serrano, el propietario de los terrenos ubicados en la provincia andaluza, se enfrenta a una petición del fiscal de tres años de prisión por un delito de homicidio por imprudencia grave. Los padres del pequeño piden para Serrano tres años y seis meses por una negligencia "extremadamente grave".

El propietario de la finca siempre se ha declarado inocente y ha mantenido que era imposible prever el riesgo de que el niño cupiera en un agujero tan pequeño. Ha argumentado que tampoco hubo negligencia porque alertó a los padres "varias veces".

Durante el juicio, unas 50 personas están citadas a declarar como testigos o peritos, entre ellas los padres del pequeños, José y Victoria; la pareja del acusado y el hombre que realizó el pozo, así como responsables y miembros del operativo de rescate, como guardias civiles y los miembros asturianos de la Brigada de Salvamento Minero de Hunosa y los médicos forenses. Los mineros asturianos, que tan activamente participaron en una operación que conmocionó al país, declararán por videoconferencia.

En su escrito de acusación provisional, la Fiscalía incide en que el procesado "no había señalizado ni advertido" de la presencia de la prospección e insiste en que "era el único conocedor" de la existencia del pozo por el que cayó el pequeño, añadiendo que "los demás desconocían" la presencia del mismo, ya que "apenas se veía".

La acusación ejercida por los padres atribuye al enjuiciado una "negligencia extremadamente grave". Sostiene que en su conducta hubo "multitud de infracciones normativas". La defensa de David Serrano alega que no se sostiene la acusación por homicidio por imprudencia grave, insistiendo en la "imposibilidad de haber previsto el riesgo" de que el niño cayera y en que avisó varias veces al padre de la existencia de pozos.

La Fiscalía indica que el día de los hechos el acusado fue a la finca junto con su pareja y su hija menor, así como con los padres de Julen y el pequeño. Cuando llegaron, el procesado aparcó en la explanada en la que había realizado una obra con una canalización o zanja para asentar un futuro muro, que pretendía construir y que, además, se dispuso a mostrar al padre de Julen. Según el relato del ministerio público, los menores estaban mientras tanto junto a sus madres. El relato añade que la madre de Julen "se sentía indispuesta", por lo que dijo a su marido que iba a llamar al centro de trabajo para avisar de "la imposibilidad de acudir", encomendando el cuidado de Julen al padre. En un momento dado, añade el fiscal, Julen se puso a correr y acabó precipitándose por el pozo.