Dos empresas se han encargado de la gestión de tres centros de dependencia de Canarias sin contrato desde el año 2018. En concreto, se trata del que la Dirección General de Dependencia y Discapacidad tiene en la zona de La Isleta, en Gran Canaria; además del Centro de Atención a la Discapacidad Física (CADF) El Sauzal y otra residencia que se ubica en Los Gladiolos, que asiste a personas con alzhéimer y otras demencias.

De esta manera, tres de los cuatro centros que dependen de forma directa del Gobierno de Canarias, se encuentran en este momento en una situación de nulidad de contrato.

Así lo confirma el director general de Dependencia y Discapacidad del Ejecutivo canario, Miguel Montero, quien asegura que esta circunstancia se ha generado por el vencimiento de los plazos establecidos en las licitaciones, sin que los responsables de la Consejería en el anterior mandato pusieran ningún remedio.

Facturas

De esta manera, en el caso de La Isleta, el contrato venció en diciembre de 2018, al igual que el de Los Gladiolos, ambos gestionados por Clece y Afate; mientras que el de El Sauzal, el contrato con Iscan venció el 31 de enero de 2018. Desde esas fechas, las empresas emitían facturas mes a mes justificando los gastos derivados de los servicios prestados, que luego pagaba el Gobierno de Canarias. Sin embargo, Montero señala que en algunas ocasiones la Consejería no abonaba estos fondos, y existen facturas impagadas desde octubre de 2018.

El responsable regional indica que, debido a esta nulidad de los contratos, la Consejería ha detectado que algunas de estas empresas -aunque sí han seguido prestando la atención necesaria a los usuarios- han descuidado el mantenimiento de los centros y no han acometido obras necesarias en ellos.

Montero señaló su intención de resolver la situación de los tres centros, cuya gestión se encuentra en nulidad de contrato. El responsable regional afirmó que se ha propuesto sacar a licitación la gestión de estos centros a lo largo de 2020 para regularizarlo. "Nos hubiera gustado hacerlo antes, pero no había fondos en los presupuestos de 2019 que nos lo permitieran", argumentó. Por eso, su intención es hacerlo lo antes posible, aunque advirtió que, aunque ya están preparando los pliegos debido a la nueva ley de contratos, la licitación puede retrasarse algunos meses. El responsable regional aseguró no entender la "falta de previsión" del equipo de gobierno anterior, que dejó vencer los plazos de los contratos, en una actitud que bajo su punto de vista solo puede llevarse a cabo por la "dejadez y el desprecio a los usuarios".

En cuanto a la situación que puede derivarse a raíz de la dejadez que estas empresas han tenido en cuanto al mantenimiento de los centros, Montero es cauto y apuntó que se está valorando la situación, ya que "jurídicamente es complicado". El director general explicó que, al no existir un contrato que rigiera las obligaciones de la empresa en la prestación de este servicio, puede ser difícil reclamarles las cantidades que han dejado de invertir. Y apuntó que "tenemos el 100% de las plazas ocupadas" y además una gran lista de espera de personas que demandan una vacante en alguno de los centros de las Islas.