Cuatro sindicatos, Intersindical Canaria (IC), CSIF, STAJ y CCOO solicitan el cese del equipo directivo del Instituto de Medicina Legal (IML) de Santa Cruz de Tenerife y que, además, se abra expediente disciplinario contra sus integrantes. Las declaraciones son realizadas por el médico forense Miguel Ángel Thous, exdirector de dicha institución hace más de una década; David Ortuño (IC), Dulce Paz (CCOO), Mario Sicilia (CSIF) y Desirée Guevara (STAJ).
Thous y los sindicalistas explicaron el pasado jueves que diferentes sentencias, hasta cinco, declararon como hechos probados que el director del centro cometió "ejercicio arbitrario y desviación de poder de las potestades públicas", así como llevó a cabo castigos y correctivos encubiertos.
Ante esta situación, los sindicatos y Thous reclamaron que el Gobierno de Canarias, administración de la que depende el Instituto de Medicina Legal, adopte las medidas oportunas para cambiar la actual situación. Otra de las quejas consiste en que la Dirección del IML traslada información incierta y no ajustada a la realidad en sus comunicaciones con la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, a las centrales sindicales y al colectivo de médicos forenses. Y, ante esa situación, desde el Ejecutivo autónomo se hace dejación de funciones, ya que ni siquiera ha abierto diligencias informativas para saber si las protestas planteadas hasta ahora tienen razón de ser o no.
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También denunciaron "los años de sobrecarga de trabajo insostenible en varias delegaciones del Instituto de Medicina Legal, sin que la Dirección adoptara ninguna medida para corregirla, pese a disponer, incluso, de médicos forenses de refuerzo nombrados para tal fin". Los cuatro sindicatos y el citado forense indicaron que el equipo directivo adopta medidas arbitrarias "sobre la organización y el funcionamiento del Instituto, que incumple la normativa legal". En esa línea, comentaron que, durante el horario de trabajo, se llevan a cabo actividades docentes particulares y en las instalaciones públicas del propio Instituto.
Explican que el IML en Santa Cruz de Tenerife carece de todo tipo de protocolos de actuación, como, por ejemplo, para grandes catástrofes, asistencia a menores extranjeros no acompañados o violencia contra la mujer. David Ortuño señaló que el único órgano en el que se pueden decidir las condiciones laborales de los trabajadores de Justicia en la administración canaria es la mesa sectorial. En varias ocasiones el Gobierno canario ha sido condenado en costas por contenciosos interpuestos por los tres médicos forenses que han denunciado las irregularidades de Vega.
