Diseñar memes con la imagen de un profesor, grabar la reacción del docente ante un comportamiento inadecuado en el aula o compartir vídeos en las redes mofándose de los maestros se repite cada vez más en las aulas del Archipiélago. La Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE) en Canarias alerta sobre el aumento de denuncias del profesorado por el mal uso de las plataformas tecnológicas que ha registrado el defensor del profesor durante el primer trimestre del curso. Ante este incremento, el sindicato mayoritario en la enseñanza pública del Archipiélago ha puesto en marcha una campaña para fomentar en los centros de enseñanza el buen uso del móvil y de redes sociales como Facebook, Instagram o TikTok.
"Hemos detectando que el uso de los teléfonos inteligentes sofistica la posibilidad de acosar, agredir o insultar a los docentes", denuncia Bernardo Huerga, defensor del profesor de ANPE Las Palmas. Quien recuerda que este tipo de situaciones también se daban hace años, pero los alumnos no contaban con herramientas tan complejas como las redes sociales o los móviles, que sirven para amplificar el daño que genera la ridiculización de un docente o de un compañero.
Para tratar de paliar la incidencia de las agresiones a docentes generadas por un mal uso de los smartphones, ANPE trabaja en la promoción de un decálogo con el fin de concienciar sobre el uso correcto de los dispositivos y de que los estudiantes aprendan a racionalizar su uso. "Tanto los alumnos como las familias deben tomar conciencia de lo importante que es emplear las tecnologías de una manera correcta", asegura Huerga.
Utilizar el móvil en el aula solo cuando lo indique el profesor, no fotografiar o grabar a nadie sin su consentimiento previo, evitar ridiculizar a docentes o compañeros o seleccionar las amistades en las redes sociales, son algunas de las recomendaciones que plantean. Además, invitan a denunciar las situaciones de acoso o violencia en el entorno escolar, a ser reflexivos y no creer todo lo que se lee, a expresarse con respeto y a dedicar menos tiempo al móvil y más a las relaciones personales.
Tanto la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, liderada por María José Guerra, como ANPE, se muestran partidarios de no prohibir el uso de los móviles en las aulas, como se plantean comunidades autónomas como Madrid. "Nosotros apostamos por educar, más que por prohibir", sostiene Huerga, porque las nuevas tecnologías también se pueden utilizar con fines pedagógicos, ya que existen aplicaciones adaptadas para el uso en el aula, que desarrollan competencias como la colaboración o el trabajo en grupo y, además, los dispositivos móviles son una herramienta perfecta para buscar información sobre cualquier materia.
La adicción al móvil, reconoce Huerga, no solo afecta a los jóvenes sino que nos afecta a todos y considera que prohibir su uso de manera taxativa puede tener el efecto contrario, incluso desde el punto de vista de la neurociencia, porque "el cerebro humano no entiende el no, y si algo está prohibido piensa más en ello".
Para el sindicato, la regulación del uso de los móviles en el aula entra dentro de las competencias de cada centro educativo porque consideran que forma parte del carácter de cada institución, de su proyecto educativo y de su ideario.
La directora general de personal de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, Marisol Collado, reconoce que existe "una preocupación" por parte de la Administración sobre si es necesario sentar unas bases mínimas para regular el uso de los móviles en las aulas. Collado detalla que la normativa se podría plantear a través de la modificación del Decreto de derechos y deberes del alumnado o incluyendo algún tipo de recomendación o sugerencia en la resolución de funcionamiento de los centros del inicio de curso. Como vía para la gestión del problema también propone la formación específica de los directivos de los centros educativos. "Es interesante poner en común experiencias de éxito de distintos colegios e institutos para que los docentes puedan conocer alternativas y para abordar el uso de los dispositivos móviles desde perspectivas originales y positivas", apunta Collado.
Con el objetivo de aumentar el nivel de protección a los educadores, ANPE insta a la Consejería a poner en marcha lo antes posible el servicio de atención a los docentes agredidos. Ante esta demanda, que lleva meses sobre la mesa, Collado asegura que están trabajando con celeridad para que antes de final de curso se pueda poner en marcha el servicio. "Había una orden de atención jurídica y psicológica a los docentes, pero nos faltaba la culminación práctica y la elaboración de un protocolo de actuación, que ya está en manos de nuestros servicios jurídicos, para que cuente con una garantía legal", detalla Collado. Quien confirma que ya han planificado una partida presupuestaria, "que podría ampliarse", para poder dar luz verde a la iniciativa.
"Aunque la incidencia de las agresiones es muy baja, si hay un solo docente al que le pase algo y se sienta mal en el desarrollo de sus funciones, es suficiente para activar el servicio de atención", defiende Collado.
Además de ofrecer asesoramiento jurídico y psicológico -gracias a sendos acuerdos con los colegios profesionales de psicología y de la abogacía-, están trabajando en la posible implantación de una póliza, aunque todavía están en fase de negociación con las aseguradoras, porque las propuestas que les han hecho llegar superan el presupuesto previsto. "Nos piden que aseguremos a los más de 27.000 docentes, cuando los casos de acoso y agresión no superan los 200 al año", señala Collado, "hemos planteado la opción de llegar a cubrir hasta 5.000 casos potenciales, pero las compañías no lo aceptan así", por lo que todavía tienen que barajar otras opciones.
El servicio de atención a docentes agredidos, según ANPE, debería ofrecer asesoramiento pedagógico, además de legal y psicológico. En este sentido, la directora general de Personal reconoce que hay ocasiones en las que los profesores carecen de herramientas pedagógicas necesarias para afrontar determinados problemas que se generan en el aula. Sin embargo, apunta que este tipo de respaldo debe partir de los Centros de Formación del Profesorado y de la Dirección General de Ordenación e Innovación.
La Ley Canaria de Educación recoge que el docente es autoridad pública en el ejercicio de su función, pero "eso tiene que tener un desarrollo legal", reclama Huerga, quien insta a la Consejería a regular las penalizaciones por las agresiones, que ahora "se dejan al albur de los jueces". Si bien, Collado sostiene que esa no es una competencia de Educación, ya que depende de la modificación del Código Penal.
