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Canarias protege a los menores para que solo comparezcan ante el juez en una ocasión

Los niños víctimas de abusos cuentan con el apoyo de un psicólogo forense durante su declaración

Sala Gesell instalada en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. la provincia / dlp

Canarias está a la vanguardia en el trato a los menores víctimas de un delito. La sensibilidad del Decanato del partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria hacia los niños y las personas con discapacidad psíquica que han sido objeto de un delito grave -fundamentalmente de carácter sexual- les ha llevado a trabajar en un protocolo pionero en España con el que evitan que las víctimas tengan que relatar su experiencia traumática en más de una ocasión. La declaración se graba con todas las garantías durante la fase de instrucción y en el enjuiciamiento se toma la cinta como prueba preconstituida. El menor no tiene que enfrentarse a la frialdad de una sala del juzgado, no tiene ningún tipo de confrontación con su agresor y, sobre todo, no tiene que volver a recordar los hechos. De esta manera, se evita una victimización secundaria de los menores.

"Las víctimas ya tienen bastante con su propio trauma como para acrecentar esa situación desde la administración de justicia", asegura el decano de los jueces de Las Palmas de Gran Canaria, Oscar González. Quien explica que la primera medida que tomaron, hace cerca de cuatro años, fue la creación de una infraestructura adecuada y el diseño de un entorno amable para los menores. Con ese fin pusieron en marcha dos salas Gesell en la Ciudad de la Justicia, por las que ya han pasado más de un centenar de menores para prestar declaración.

"Ideamos una serie de mecanismos tecnológicos para tener todas las garantías de que la grabación del testimonio no se va a desvirtuar", detalla González. El espacio está dotado de cámaras con tecnología pionera en la captación de primerísimos planos porque los gestos y las reacciones espontáneas son muy importantes para que el juez pueda evaluar la declaración de un menor.

En una habitación paralela, comunicada por un espejo ciego, se sitúa el juez instructor, el ministerio fiscal, el presunto agresor y los abogados de ambas partes. El juez hace de portavoz y, a través de un pinganillo, trasmite todas las preguntas al psicólogo forense que acompaña al menor. Este profesional -siempre del mismo sexo que la víctima- es quien reformula las cuestiones y las adapta a un lenguaje adecuado para qué pueda comprenderla el niño y, además, es quien encauza los tiempos del examen según el estado del menor. El psicólogo, antes de enfrentarse al interrogatorio, realiza un estudio previo para determinar el grado de madurez del menor. En la actualidad hay tres profesionales para estas tareas pero, en algunos momentos, se necesita más personal. Por esto, González reclama que se aumenten las plazas de psicólogo forense, porque "las pruebas psicológicas se han potenciado mucho tanto en el ámbito penal como en el judicial".

El objetivo final de este protocolo es la protección del menor. Así, "una vez se le explora en vía judicial pasa directamente al tratamiento, para que olvide y sane", apunta González. En esta línea, la educadora social y directora de Centro Duo, Nayra Cabrera, destaca lo importante que es liberar a los menores de la victimización secundaria. "Cuando se establece una continuación del relato, porque los menores declaran en varias ocasiones ante personas desconocidas y en escenarios diferentes, se potencia el trauma y les daña", expone Cabrera. Quien también valora la existencia de un itinerario seguro para que no exista ninguna confrontación visual entre el menor y el agresor, así como la creación de una sala de espera específica, con el fin de evitar que el niño pase horas esperando en un espacio frío, sin saber a dónde lo van a llevar para volver a relatar su vivencia.

Este protocolo se pone en marcha cuando las víctimas tienen entre 4 y 11 años, puesto que, según el juez decano a partir de los 12 años, aproximadamente, "el menor tiene un grado de madurez que le permite comprender lo que le ha pasado y no le causa un perjuicio adicional reproducir la declaración".

Para el equipo del Decanato, entre quienes el magistrado del Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas, Tomás Martín, quien es especialista en menores, fue un reto sensibilizar a sus compañeros y convencer a quienes juzgan de que van a recibir la prueba preconstituida con total garantía. En este sentido, González define este trabajo como "una lluvia fina", ya que "hay que ir comunicando los éxitos, los resultados y las mejoras para que todos los jueces se den cuenta de que esto es muy positivo".

Para dar a conocer el modelo de buenas prácticas con la infancia de la administración de justicia en la prueba preconstituida entre los profesionales que participan en el proceso, los días 12 y 13 de febrero se celebrarán las III Jornadas de Psicología Forense en el Rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Este encuentro, organizado por Centro Duo y Domínguez del Río Asesores y Asociados, cuenta con la colaboración del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas y la ULPGC.

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