Canarias carece de un plan para flexibilizar las bases de las convocatorias de oposiciones para garantizar que las mujeres a las que les coincide la fecha del parto con alguna de las pruebas se puedan presentar, sin tener que elegir entre la maternidad y la oportunidad laboral. Por esto, la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE) en Canarias planteó en la última mesa técnica, celebrada el pasado jueves, la necesidad de contar con un protocolo que dé respuesta a esta situación, que afecta a unas 50 mujeres cada vez que se convoca una oferta pública de empleo (OPE) en el Archipiélago para el sector de la docencia, aunque no todos los casos llegan como denuncia al sindicato.

En este sentido, ANPE exigió a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, encabezada por María José Guerra, que incluya en las bases de las oposiciones excepciones para aquellas mujeres que tienen previsto dar a luz en las fechas programadas para los exámenes.

Los representantes del sindicato mayoritario en la enseñanza pública del Archipiélago explicaron durante su intervención en la mesa sectorial que "en casos justificados, la comisión de selección debe tener facultad para acordar si procede o no realizar la prueba en un lugar alternativo -como el hospital-, aplazarla o adoptar ambas medidas conjuntamente".

En este sentido, la presidenta de ANPE en Las Palmas, María Perera, recuerda que recuerda que ya existen comunidades autónomas como Madrid, Galicia o Extremadura que, si bien no cuentan con un protocolo específico, sí que contemplan esta realidad en las normativas de sus procesos selectivos, aunque la decisión queda sujeta al criterio de los tribunales.

A juicio del sindicato, medidas de este tipo deberían implantarse "de manera urgente" en todas las ofertas de empleo público, ya que "son fundamentales si se quiere avanzar en una sociedad más igualitaria". El presidente de ANPE en Canarias, Pedro Crespo, asegura que no se puede hablar de "un procedimiento justo si no se tienen en cuenta estas situaciones particulares".

En esta línea, Perera insta a hacer "una apuesta por la flexibilización", porque existe un amparo legal en los artículos 92, 14 y 23 de la Constitución Española, que recogen la igualdad real como un derecho fundamental. Además, el artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2007, que garantiza la igualdad efectiva de mujeres y hombres, reza que "constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad".

La exclusión a la hora de plantear las bases de las ofertas públicas de empleo, considera Perera, hay que tenerla en cuenta especialmente en educación, porque "es un sector muy feminizado, con especial incidencia en las etapas de Primaria e Infantil en las que la mayoría de las candidatas son mujeres". La presidenta de ANPE en la provincia de Las Palmas, considera "un abandono absoluto" no haber dado respuesta a esta necesidad desde las instituciones. "Hay mujeres que se han visto excluidas de las listas porque en el momento del examen no se han podido presentar y también hay casos de mujeres que han acudido a las pruebas, aún a riesgo de poner en peligro su salud o de la del bebé", relata Perera.

De cara a las próximas oposiciones, ANPE elaborará un escrito para solicitar que se estudien los casos de las mujeres que se encuentren en esta situación. Si bien, Perera reconoce que la Consejería de Educación se ha mostrado "bastante flexible y sensible", por lo que no descarta que puedan tomar medidas y plantear una solución antes de la OPE.