Canarias Nuevos Horizontes es un foro impulsado por la Fundación Canaria Parque Científico y Tecnológico de la ULPGC como espacio de debate, reflexión y pensamiento, que organiza este seminario nacional sobre Responsabilidad Patrimonial de la Administración en la Legislación Cultural y su Gestión, y que es el título de la conferencia con la que usted ha inaugurado la primera jornada del encuentro. ¿Cuáles son los objetivos de este foro, que también coordinan, Antonio Macías y Guillermo Morales? ¿Es una puesta en común?
Si, porque se están produciendo tanto a escala nacional como autonómica una pluralidad de leyes, cada una desde su propia perspectiva planteando, digamos, vinculaciones a la propiedad que luego cuando se producen sobre el territorio y se pueden superponer unas a otras, y producir situaciones verdaderamente problemáticas.
Canarias es un territorio frágil donde el desarrollo y la protección van de la mano. En su charla, puso el acento en el impacto que supone cualquier intervención y la responsabilidad pública en definir los mecanismos de protección y los usos.
Canarias tiene el problema de la insularidad y por tanto la escasez del territorio y del suelo, el carácter escarpado en muchas islas y tiene un problema de ocupación y transformación de suelo. Pero tiene amplísima experiencia en la ordenación del territorio y en urbanismo. Lo que ocurre es que aquí justamente se está intentando rectificar todo eso. Hubo una época en la que se inflaron los planes, la tramitación fue muy complicada, no se podía hacer nada, y al final esto produce unas consecuencias, ya no solamente para los propietarios individuales y para la economía en general puesto que no se pueden desarrollar actividades. Creo que todo eso hay que cambiarlo profundamente. La nueva Ley del Suelo canaria lo intenta pero creo que hay que ir más allá simplificando los procedimientos y clarificándolos para que, tanto en la ordenación del territorio como en los planes de urbanismo, en la medida de que tienen una perspectiva general de lo que va a suceder en el territorio integren todas estas consecuencias que vienen de políticas sectoriales, los BIC [Bien de Interés Cultural] y otros, que lo armonice y coordine a los efectos de que al final el territorio se pueda usar coherentemente.
Desde su experiencia, en la gestión pública y como experto y referente internacional del Derecho Administrativo, ¿cuáles son las deficiencias o disfunciones más frecuentes en este campo?
El problema principal en este tipo de decisiones, sean de planificación general, de evaluación ambiental, de patrimonio cultural, etcétera, es que los trámites de participación no lo son realmente. Es decir, no se escucha adecuadamente a la gente, no se ponderan todos los intereses que están en presencia, con lo cual como se tenía una idea fija de lo quería hacer, pues se desestiman sin más.
¿Se refiere por ejemplo a las posibles alegaciones a un plan de ordenación y desarrollo urbano o insular, que la administración competente no las tenga en cuenta en la fase de información pública?
Exacto. Yo he propuesto a veces, en fin como ocurre en otros países, la información pública por ejemplo no la valore el propio equipo que está redactando el plan, sino que haya un responsable objetivo y ajeno que a la vista de toda la información lo pondere y diga que esto es atendible y esto no, de tal manera que sea ponderada. El problema es que la administración cuando planifica ya se embarca en una idea previa y digamos que es muy difícil darle vueltas a eso. Hay que cambiar la cultura administrativa en este sentido.
El cambio de ciclo político en las administraciones es siempre un quiebro a esta planificación.
Es otro problema. Se intentó con la ley urbanística de 1999 atajar el hecho de que hemos tan complejo la aprobación de un plan general, sobre todo, que era imposible que una corporación lo terminara. Y resulta lo que aprueba una corporación de un signo, y no lo completa. Hay que simplificar mucho este procedimientos. Otro déficit que tenemos es las administraciones no se ponen de acuerdo, no hablan entre sí. Hay que sentarlos a todos. Los planes se hacen muy rígidos con una tramitación media de diez años y hoy la economía evoluciona a un ritmo muy rápida, y resulta que el plan queda como un corsé para la ciudad. No puede haber desacuerdo entre la ordenación física y la vida social y económica.
Los estudios económicos ligados a los planes de infraestructuras, es decir, los pagos o indeminizaciones a propietarios cuyo patrimonio se ve afectado por las actuaciones en el territorio, son otro de los frentes que ha destacado en su conferencia.
Los estudios económicos o financieros no son reales. Digamos que cuando se está planificando no son reales, no se valora lo que va a costar hacerlo. Por eso, en la Ley del Suelo estatal de 2007, que hoy es el texto refundido de 2015, se ha añadido un estudio de viabilidad económica, en el sentido de que cuando se haga una actuación urbanística hay que hacer un estudio de que esto es viable y luego un seguimiento de cuáles son las consecuencias en la Hacienda pública.
