La práctica de la esterilización de personas con discapacidad intelectual revela otro ejemplo de discriminación por sexo en España: la mayoría de los casos de castración quirúrgica afectan a mujeres. Pero ese tema no es una excepción. También se refleja en el mundo laboral, desarrollo personal o participación en la vida cultural y el deporte.
"De entrada", detalla Carmen Laucirica -presidenta de Plena Inclusión en el Archipiélago-, "el principal problema a nivel laboral es que no se cumple el objetivo del 2%, que es la cuota de puestos de trabajo que empresas y administraciones públicas deben reservar para personas con discapacidad. Pero dentro de ese 2%, hay más hombres contratados que mujeres".
Para explicar ese escenario, la presidenta de Plena Inclusión en las Islas, señala que "hay que reparar, como en la decisión de esterilizar, a la visión que tienen terceros sobre ellas. En muchas familias se les ha reservado el papel de cuidadoras, el de estar en casa con tareas del hogar. Esa tendencia, por fortuna, ha cambiado mucho en los últimos años".
"Cada vez hay más mujeres", continúa, "que tienen discapacidad intelectual formándose y entrando en el mercado laboral, pero aún nos queda camino por recorrer. Si eso sucede en el ámbito de personas sin discapacidad, en el que la mujer aún vive situaciones de discriminación, imagine qué sucede en el nuestro ".
Esa exclusión del mercado laboral, apuntan desde la organización regional, multiplica la frustración entre las mujeres con discapacidad intelectual. "La mayoría", cuentan, "cuando se les cuestiona que querrían hacer en la vida, apuntan dos cosas: ser madres y tener un trabajo para desarrollar un vida plena".
Desde Plena Inclusión Canarias destacan que "sólo el Cabildo de Gran Canaria tiene un proceso abierto para seleccionar, como peón de jardinería, a una persona con discapacidad intelectual". Además, advierten que dentro de esa cuota del 2% que obliga a empresas y administraciones públicas a personas con discapacidad, sólo el 7% se cubre con personal que tiene discapacidad intelectual.
Demandas
Además de prohibir la esterilización, entre las 16 propuestas que Plena Inclusión ha trasladado al Ejecutivo que preside Pedro Sánchez destacan la promoción de la educación inclusiva -que elimine, por ejemplo, la discriminación en el acceso a la Formación Profesional (FP) de personas con discapacidad intelectual por cuestión de edad-, el desarrollo de la accesibilidad cognitiva, la igualdad en el acceso a la Justicia -con empleo de un lenguaje claro-, participación en la vida política y electoral -con la realización de campañas que fomenten su participación en asociaciones sociales o sindiciales y su inclusión en listas y órganos ejecutivos-, políticas de igualdad y prevención de la violencia machista, vida independiente e incluida en la comunidad, participación en la vida cultural y el deporte, promoción de la salud o desarrollo rural inclusivo.
