En 1998, en Santa Cruz de Tenerife, la madre de una joven con discapacidad intelectual recurrió al Tribunal Constitucional para esterilizar a su hija. El caso, que había arrancado apenas dos meses antes en el Juzgado de Instrucción número 7 de la capital tinerfeña, acabó allí después de que uno de los médicos que debía validar las intenciones de la progenitora recelara sobre su constitucionalidad. El alto tribunal, con esos antecedentes, no dudó al notificar su fallo: rechazó las dudas del facultativo y el proceso terminó con la joven esterilizada quirúrgicamente mediante el procedimiento de ligadura tubárica.
Aquello sucedió hace 22 años. Un mundo. Entonces ni siquiera conocíamos Matrix. Hoy, tanto tiempo después, el Tribunal Constitucional sin embargo volvería a dictar la misma sentencia. En España, en base al artículo 156 de su Código Penal, las personas con discapacidad intelectual pueden ser esterilizadas bajo el amparo de la ley a petición de su representante legal y oído el dictamen favorable de dos especialistas.
Aunque la esterilización es una práctica que se encuentra penada en España por el artículo 149, el propio Código Penal, más adelante -en el artículo 156-, plantea una exención. "(...) Sin embargo", apunta, "no será punible la esterilización de persona incapacitada que adolezca de grave deficiencia psíquica cuando aquélla, tomándose como criterio rector el del mayor interés del incapaz, haya sido autorizada por el Juez, bien en el mismo procedimiento de incapacitación, bien en un expediente de jurisdicción voluntaria, tramitado con posterioridad al mismo, a petición del representante legal del incapaz, oído el dictamen de dos especialistas, el Ministerio Fiscal y previa exploración del incapaz".
Lo que en España aún se considera como una práctica no punible plantea, en pleno 2020, un acto de desobediencia contra las recomendaciones del Comité de Naciones Unidas sobre los derechos de Personas con Discapacidad -de acuerdo con su artículo 12- y es un atentado contra la Convención para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación a la Mujer.
Con este panorama, Plena Inclusión -una red de organizaciones que vela por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en España- ha realizado 16 propuestas al Gobierno que preside Pedro Sánchez entre las que se encuentra acabar con la esterilización forzada.
"Nos gustaría", explica Carmen Laucirica -presidenta de Plena Inclusión Canarias-, "que se tenga en cuenta la voz de la persona, que tengan capacidad jurídica". "En los casos que conocemos", prosigue, "nos hemos encontrado que la decisión siempre se ha tomado por el interés de terceros. Entendemos que se ha hecho desde la buena fe, pero desde un sentimiento de protección que lamina la ilusión por la maternidad y hasta el desarrollo físico de la persona con discapacidad intelectual".
En Canarias, según datos recopilados por la Fundación Cermi Mujeres, entre 2005 y 2013 se resolvieron 26 procedimientos de esterilización de personas con discapacidad intelectual. En ese mismo periodo, en España, el número ascendió hasta 1044.
Doble discriminación
Carmen Laucirica, más allá de las medidas que pueda tomar el Estado, también reclama "cambiar la mirada" hacia las personas con discapacidad intelectual. "Se tiende a pensar que por su discapacidad no son capaces", recalca antes de apuntar que "hay, en general, un sentimiento de sobreprotección hacia ellos que no es lo ideal. Es una falacia que no puedan ser buenos padres. No es real que no puedan ser buenas madres".
La presidenta de Plena Inclusión Canarias se apoya "en casos que vemos a diario por nuestra sede". "Aquí", agrega, "nos hemos encontrado con madres que no estaban diagnósticas, que era evidente que tenían discapacidad y que eran madres estupendas. Por eso recomiendo cambiar la mirada, dejar en un cajón lo que uno crea que es mejor para una tercera persona y escuchar a la propia persona para conocer de primera mano qué quiere, cuáles son sus sentimientos y anhelos".
La esterilización de las personas con discapacidad también revela otra forma de discriminación por cuestión sexo. Aunque el Código Penal no segrega por género, en la mayoría de los casos la castración quirúrgica se solicita para mujeres. "Es así", lamenta Carmen Laucirica, que denuncia "la doble exclusión que sufren por tener discapacidad y ser mujeres".
Secuelas físicas
"El shock para la mayoría", detalla la presidenta de Plena Inclusión, "es brutal. Muchas se despiertan sin saber qué les ha pasado porque nadie les ha explicado ni ha pedido su opinión. Y el daño físico, según apuntan varios estudios, es brutal. Al esterilizar a una mujer joven se adelantan todos los problemas que se sufren a partir de la menopausia, como la osteoporosis, la depresión o alteraciones del peso. Eso lo sufren siendo muy jóvenes y sin tener la posibilidad de decidir por sí mismos. Y, más allá de acabar con su capacidad reproductiva, también se ponen límites a su derecho a tener una sexualidad plena".
Carmen Laucirica vuelve al miedo de terceros para explicar el problema. "Cuando es una niña", apunta, "los padres siempre expresan el miedo a que se quede embarazada. No suele pasar con los niños. Y ante eso muchos toman una medida tan drástica, e invasiva, como la esterilización cuando hay otros métodos para evitar ese tipo de situaciones".
El testimonio de Carmen Laucirica coincide con la información que maneja la Fundación Cermi. En uno de sus informes se recogía que "aunque no se cuentan con datos diferenciados por sexo, organizaciones de referencia con las que trabajamos, afirman que las afectadas son fundamentalmente mujeres y niñas, con problemas de salud mental, con discapacidad intelectual o con otro tipo de discapacidad severa".
Cermi subraya que "la esterilización forzosa constituye un delito" según la definición del Consejo de Europa sobre prevención contra la violencia contra las mujeres y doméstica. "Son intervenciones quirúrgicas", se destaca desde la fundación, "que tienen como resultado poner fin a la capacidad de la mujer de reproducirse de modo natural sin su consentimiento previo e informado".
En 2012, el Ministerio de Justicia -con Alberto Ruiz Gallardón (Partido Popular) al frente- descartó prohibir la esterilización forzosa de personas con discapacidad. Entonces no consideró que se tratara de una vulneración de sus derechos después de que la Fundación Cermi presentara un recurso al considerar que el artículo 156 del Código Penal violaba la Convención de la ONU sobre los Derechos de las personas con discapacidad.
Ahora, ocho años después y con dos iniciativas de Ciudadanos (Cs) en marcha en el Congreso de los Diputados y el Senado, le toca decidir al Gobierno de PSOE y Unidos Podemos. En sus manos está la posibilidad de acabar o no con la esterilización de personas con discapacidad.
