Los abogados pedirán en la comisión de seguimiento del coronavirus del Tribunal Superior de Justicia de Canarias medidas para la protección de los letrados del turno de oficio y que se liberen los depósitos consignados de los procedimientos resueltos, que se estima que superan los 100 millones de euros.

El decano del Colegio de Abogados de Las Palmas, Rafael Massieu, ha informado a Efe este viernes de que estas demandas serán planteadas a la comisión, órgano que contará con un representante de la abogacía canaria tras el acuerdo adoptado ayer, jueves, por el Consejo General del Poder Judicial de designar uno para cada territorio del Estado.

Así mismo, los abogados canarios plantearán la necesidad de que el Estado asuma las cuotas de la mutualidad mientras dure la inactividad laboral a causa de la pandemia de coronavirus.

En la comisión de seguimiento del TSJC para la adopción de medidas judiciales durante la pandemia del coronavirus representará a los abogados el decano del colegio de La Palma, Juan Antonio Rodríguez, ha indicado Massieu.

El decano de Las Palmas ha considerado "imprescindible" que se dote de las medidas de protección individual a los abogados del turno de oficio, pues se están dando de manera desigual en función de los juzgados, y ha informado de que se ha recomendado que se nieguen a trabajar si no disponen de estas y que el Colegio les dará amparo en este sentido.

Las declaraciones se hacen por videoconferencia o telefónicamente, pero si tienen que ser presenciales se debe disponer de mascarillas, guantes y geles desinfectantes, o salas adecuadas en las que se pueda mantener la distancia de seguridad, ha recalcado Massieu.

En cuanto a la petición de que se liberen los depósitos consignados en procedimientos, ha señalado que la Secretaría de Estado de Justicia acordó que se procediera a la entrega de determinados tipos, decisión que no comparten los abogados que entienden que debe ser general en cuanto a todos los que estén resueltos.

La gran mayoría de los despachos de abogados están sin actividad y, por tanto, sin ingreso alguno, ha recalcado Massieu, quien también pide que al igual que se ha apoyado a los empleados autónomos para aliviar el pago de sus cuotas a la Seguridad Social, el Estado debería ayudar a atender los pagos que se deben efectuar a la Mutualidad de la Abogacía.