La autoridad judicial ha requerido imperativamente por tercera vez a la empresa subcontratada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para ayudar a domicilio a las personas mayores y dependientes para que, de manera inmediata, suministre a sus trabajadores EPIS y, fundamentalmente, mascarillas.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), ante la alegación de Clece de que es una obligación de "cumplimiento imposible", el magistrado en funciones de guardia en la jurisdicción social en Las Palmas ha recordado que el mismo día en el que la empresa hacía esta alegación se podía leer en los medios cómo el encargado de una cadena de supermercados en las islas anunciaba que había comprado 240.000 mascarillas y que el 30 de marzo las había distribuido entre sus empleados.

En este sentido, se trata de la tercera ocasión en la que se requiere a Clece en la capital para que suministre los equipos que obliga la ley para asegurar la salud de sus trabajadores.

Así, el 19 de marzo el juez aceptó la petición de medidas cautelares planteada por FESP-UGT para obligar a la firma a suministrar equipos; el 23 de marzo le advirtió de que sería multada con 1.000 euros por cada día que no cumpliera lo ordenado, y ahora, en auto fechado a 30 de marzo, rechaza suspender la orden que obliga a tal suministro.