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Crisis del coronavirus El impacto en la Educación

Los sindicatos demandan instrucciones para que los docentes puedan evaluar

La Mesa Sectorial se reúne el martes con el rechazo de los profesores de prolongar la actividad en verano - Cinco comunidades se desarmarcan del pacto de fin de curso

Imagen de las pruebas de acceso a la universidad, EBAU, en junio del pasado año en el Campus de Tafira.

Imagen de las pruebas de acceso a la universidad, EBAU, en junio del pasado año en el Campus de Tafira. JOSÉ CARLOS GUERRA

Los sindicatos con representación en la comunidad educativa en Canarias han demandado de la consejera del área, María José Guerra, que se defina con la mayor urgencia una "hoja de ruta" con instrucciones precisas a cada centro para afrontar el cierre de este curso académico en el mes de junio, tras los acuerdos de la Conferencia Sectorial de Educación del pasado miércoles.

Las organizaciones sindicales y la Consejería están convocados el próximo martes 21 de abril en una reunión de la Mesa Sectorial de Educación, en la que se abordará cómo se articula en el Archipiélago el sistema de evaluación con el objetivo de que el grueso del alumnado promocione de curso, y que la repetición tenga carácter excepcional; así como la propuesta de apertura de los centros en los meses de verano para los planes de refuerzo que se estimen convenientes.

"Tiene que haber una unificación de criterios como se hizo con la Ebau, y todo esto tendrá que adaptarse a la situación específica de Canarias", recordó ayer Pedro Crespo, presidente de ANPE Canarias. Esta organización, al igual que STEC-IC y CCOO han solicitado la convocatoria de la Sectorial de Educación con su respaldo a la decisión de mantener la docencia online y que se descarte, por razones sanitarias, la vuelta a las aulas este curso, al tiempo que han expresado su rechazo a que la actividad docente se prolongue más allá del 30 de junio con los citados planes de refuerzo.

Ocio y tiempo libre

A este respecto, CCOO manifestó ayer en un comunicado, que la apertura de los centros en verano "ha de ser una medida pensada para el encuentro social y afectivo del alumnado, y debe tener como objetivo las actividades culturales, de ocio y de tiempo libre, complementarias de las educativas, sin carácter lectivo y desarrolladas por el personal adecuado, ajeno al centro".

Esta organización sindical insiste en "la urgencia de mantener el empleo, reforzar las plantillas para atender a las nuevas demandas del sistema educativo y evitar el bloqueo en la contratación de profesorado interino". En cuanto a los alumnos, se demanda que "nadie se quede atrás" por falta de recursos. Los criterios de evaluación de final de curso, la progresión del alumnado en el tercer trimestre, y la especial atención a los colectivos con más dificultades con programas de refuerzo, son algunas de las prioridades manifiestas por ANPE Canarias, y que se trasladarán a la Mesa Sectorial.

"Hay que reestructurar todo el sistema educativo en esta situación sobrevenida, y que exista la máxima coordinación entre el Ministerio de Educación y las comunidades para que no se produzcan desajustes ni desequilibrios territoriales, que no serían aceptables. Y en este contexto, Canarias se ha alineado con la posición mayoritaria", señalaba ayer Fernando Pellicer, portavoz del STEC-IC. En su opinión, "cuanto antes, hay que determinar las instrucciones claras y concisas que sirvan de guía al profesorado y las familias de cómo afrontar el final de curso respecto a la evaluación y todas las cuestiones que están más o menos claras, pero no publicadas".

Discrepancias en el pacto

El pacto entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional y las comunidades autónomas para las condiciones del fin del curso, se cobró ayer las primeras reacciones en contra. Según el Ministerio, cinco comunidades "han expresado discrepancias" en la aplicación del acuerdo sobre la evaluación del curso y que contaba, según dijo la ministra Isabel Celaá, con un "respaldo importantísimo", incluso "completo" de todas las regiones.

Isabel Celaá explicó que las comunidades tenían de plazo hasta ayer jueves para confirmar su adhesión al acuerdo que tiene "carácter vinculante". Andalucía, Castilla y León, Madrid y Murcia, comunidades gobernadas por el Partido Popular y Ciudadanos, se han desmarcado del pacto, al igual que lo ha hecho Euskadi, "que se opone por una cuestión de competencias", señala el Ministerio de Educación.

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