El Gobierno intenta rescindir el contrato de la empresa privada que gestiona el 1-1-2

Hasta ahora, los empleados que atienden las llamadas de los ciudadanos cuando marcan el número único de emergencias, el 1-1-2, llevan meses cobrando su nómina con cierto retraso. Según explicaron ayer fuentes autorizadas del Ejecutivo autónomo, el salario de marzo fue percibido por el personal una semana más tarde de los plazos establecidos. Sin embargo, las autoridades de la administración regional consideran que una situación de estas características no debe prolongarse en el tiempo por dos motivos. Uno consiste en que la prioridad del Gobierno canario es que los trabajadores cobren en tiempo y forma por la actividad que desempeñan y otro se basa en que todos ellos prestan un servicio fundamental para la ciudadanía, sobre todo en estos momentos, con una crisis sanitaria muy importante, generada por la expansión del coronavirus Covid-19.

Grupo Norte logró la adjudicación del servicio y empezó a prestarlo en el primer trimestre del año 2017. Por un presupuesto de alrededor de 6.600.000 euros, la citada compañía debía encargarse de la gestión por un periodo de cuatro años. En base al actual contrato, el plazo del acuerdo finaliza en febrero del 2021. Sin embargo, los retrasos en el abono de las nóminas, el reconocimiento por parte de la compañía de su falta de liquidez y el hecho de que administre una prestación clave en la gestión de las emergencias han llevado a las autoridades a iniciar un proceso para la rescisión del contrato.

La negociación entre las partes ya ha comenzado y el proceso continúa su curso. La intención es que la rescisión del acuerdo se haga de mutuo acuerdo y lo antes posible. En estos momentos, la prioridad del Ejecutivo autónomo es lograr una salida "lo más garantista posible", es decir, que no se cause perjuicio al servicio y que el personal perciba sus salarios, así como que sea subrogado de forma íntegra por la futura concesionaria.

Los teleoperadores son los encargados de recibir, clasificar y transferir las llamadas de emergencias que efectúan los ciudadanos en todo el Archipiélago, es decir, el proceso previo a ser atendido por un técnico de la sala operativa del 1-1-2. Los representantes de los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión Sindical Obrera (USO) coinciden en que "esta es la constatación del fracaso del modelo de externalización de un servicio esencial, como el área de demandas del 1-1-2".

"A todas luces, este servicio debería ser gestionado de forma directa por la empresa pública GSC (Gestión para los Servicios de Salud y Seguridad en Canarias)". En esa línea, recuerdan que "los teleoperadores comparten instalaciones con el área operativa de GSC; los medios técnicos e informáticos son suyos; la comunicación entre el personal de ambas empresas es constante e imprescindible, por lo que GSC tiene todos los medios para asumir el servicio y darlo de forma mucho más eficiente", explicó Juan Manuel Quintero, representante de USO en la sala de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Los problemas económicos de Grupo Norte afectan en estos momentos a un total de 74 trabajadores en las instalaciones de ambas capitales provinciales.

USO y CCOO indican que es preciso tener en cuenta que los teleoperadores soportan, durante todo el año, una gran carga de trabajo y están sometidos a "importantes" niveles de estrés y responsabilidad. Y esa situación se ha agravado como consecuencia de la pandemia, durante la cual se ha multiplicado exponencialmente el número de llamadas y no ha habido refuerzos de personal. Además, en algunos casos, el salario del teleoperador del 1-1-2 es el único que entra en diversas familias.