La Consejería de Educación está ya trabajando con un comité técnico formado por pediatras y psicólogos infantiles, entre otros expertos, un protocolo de seguridad sanitaria de cara a la vuelta a las aulas en las Islas, un plan específico demandado por todos los grupos del Parlamento regional ante las incógnitas que se ciernen sobre el próximo curso por la Covid-19. En una comparecencia telemática en la Diputación Permanente del Parlamento regional, la consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno, María José Guerra, anunció que el Ejecutivo dará a conocer la próxima semana cuáles van a ser las medidas de seguridad, para lo que manejan cinco escenarios de vuelta a la "nueva normalidad" derivada del coronavirus.
Para ello, están analizando las acciones que han puesto en marcha otros países como Corea del Sur, Taiwán, Austria o Dinamarca, sin obviar que existen interrogantes y pocas certezas para la planificación del curso y para el verano.
Guerra informó que también se prepara para julio un plan ligado a tutorías y orientación aunque aún no se sabe si se podrán abrir los centros y mostró su "preocupación" por la mayor demanda que va a haber en Formación Profesional debido a que muchas personas se tendrán que recualificar, principalmente en el turismo, la hostelería y la industria, como ocurrió en la crisis del 2008.
Todos los grupos parlamentarios reclamaron a la consejera un refuerzo del profesorado, así como coincidieron en que la crisis del coronavirus ha evidenciado la brecha digital existente en las Islas y los problemas de las familias con menos recursos económicos, a las que se va a repartir de nuevo tarjetas para la compra de alimentos.
Según datos que maneja María José Guerra, la desconexión en todas las Islas "sólo" afecta al 5% de los 330.847 alumnos, esto es a 16.500 escolares. El Gobierno estableció una necesidad inicial de 15.000 tabletas, que están siendo repartidas por los centros educativos, los cabildos y los ayuntamientos, y se va a seguir implementando esta medida. A su juicio, la crisis del coronavirus va a implicar, sin lugar a dudas, "un paso adelante en la digitalización" del sistema educativo, y se va potenciar la educación online.
En este contexto, se ha configurado otro grupo de trabajo sobre la agenda digital educativa, explicó la consejera. "Estamos en un proceso de incorporar a personas de la universidad para que asesoren en la educación superior y la no universitaria", precisó.
En cuanto al cierre del actual curso escolar, la consejera destacó que el BOE garantiza desde ayer plena cobertura legal a la "flexibilización" de los criterios de evaluación y promoción bajo la premisa de que "ningún alumno debe dejarse atrás".
Guerra informó de que su consejería ya se ha reunido estos días con el Consejo Escolar de Canarias, con padres, madres y con sindicatos para comenzar a planificar el próximo curso 2020/2021 en base a distintos escenarios futuros.
Por su parte, las universidades están trabajando en un "cierre de curso telemático" que permita actualizar los procedimientos o las guías docentes, y que garantice las máximas garantías de evaluación del segundo cuatrimestre, sobre todo en prácticas o situaciones de laboratorio.
En este contexto, abundó que se han consensuado medidas muy importantes con respecto al retraso del último pago de las matrículas o la ampliación del abanico de la concesión de becas. Por otro lado, la consejera afirmó que Canarias ha sido pionera en el apoyo al sector cultural, como la ayuda de 2,6 millones de euros para un plan de apoyo ante la crisis, y distintas iniciativas para las federaciones deportivas, así como propuestas para afrontar con garantías sanitarias el reinicio de estos sectores cuando sea posible.
Las diputadas de la oposición del PP, Lorena Hernández, y de Ciudadanos, Vidina Espino, criticaron la tardanza de la consejería en la aplicación de las medidas. Hernández subrayó la demora de más de un mes en repartir las tabletas y que ni siquiera han llegado a todos los necesitados. Para la diputada de Coalición Canaria, Beatriz Calzada, la consejería es "incapaz" de gestionar la situación porque está "alejada" de la realidad.
