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Crisis del coronavirus Repercusión de la pandemia en la educación

Inspectores educativos reprochan la falta de organización de la Consejería

El ánimo de los profesionales es de "profundo malestar" por la falta de previsión e instrucciones para desarrollar su labor en el estado de alarma

Inspectores educativos reprochan la falta de organización de la Consejería

Como si de una bola de nieve se tratara, las críticas a la gestión de la Consejería de Educación durante el estado de alarma continúa haciéndose más y más grandes. A los comentarios negativos recibidos por parte de los docentes, sindicatos y asociaciones de padres y madres, ahora se suman los reproches de los inspectores educativos. Estos profesionales lamentan la falta de previsión y organización del equipo dirigido, hasta hace cinco días, por la exconsejera María José Guerra, quien se vio obligada a dimitir ante la avalancha de detractores de su plan de desescalada educativa, que dejaba en el tejado de los centros y los docentes la responsabilidad de orquestar el regreso a las aulas.

La plantilla de inspectores de la Consejería de Educación es de, aproximadamente 70 personas y, según fuentes del colectivo, el ánimo es de "profundo malestar". Por esto, prácticamente la mitad de la nómina hizo llegar el martes un comunicado en el que trasladan su irritación a la Inspección General de Educación, que depende de la viceconsejera de Educación, Universidades y Deportes, María Dolores Rodríguez.

En esta misiva, una treintena de inspectores denuncian la falta de instrucciones claras por parte de sus superiores para poder desarrollar su labor, que pasa por asegurar el cumplimiento de las leyes, garantizar los derechos y la observancia de los deberes de quienes participan en los procesos de enseñanza y aprendizaje, con el fin de mejorar el sistema educativo, así como la calidad y equidad de la enseñanza. Aspectos que se revelan como fundamentales en un momento en el que, por una pandemia mundial, se han roto todas las estructuras del sistema educativo.

Debido a la situación de confinamiento, durante los últimos meses los inspectores han estado desempeñando su labor de manera telemática y, en su escrito, aseguran que han priorizado su obligación de informar y asesorar, "acompañando a los centros en los procesos relacionados con la continuidad pedagógica del alumnado". Asimismo, han seguido con "expectación e incertidumbre" la publicación de instrucciones por parte de la Consejería en referencia a los criterios de evaluación o la reapertura de los centros educativos en las diferentes fases de desescalada. Sin embargo, denuncian que en el desarrollo de su trabajo se han tropezado con "muchos inconvenientes". Entre otras prácticas, destacan la publicación tardía de instrucciones, la falta de concreción de los protocolos o los vacíos legales no resueltos con respecto a las normas en vigor.

Los inspectores que han presentado estas quejas subrayan en el documento la importancia que tiene para ellos recibir "instrucciones claras", para poder desempeñar su trabajo con garantías para la comunidad educativa. Además, reclaman que los protocolos les deben llegar con tiempo suficiente para poder "ayudar a resolver los problemas que se están encontrando cada día los equipos directivos y docentes en los centros educativos".

Por otra parte, advierten de que se ha producido una significativa falta de información sobre el estado de los procedimientos paralizados o su planificación y reanudación, como la evaluación de funcionarios en prácticas o la selección de directores. "Contrariamente a lo que entendemos que debería suceder, hemos percibido incluso mayor dificultad para el acceso a la información necesaria para el desarrollo de nuestro trabajo, viendo cómo, por ejemplo, se ha limitado el acceso de la Inspección a la información de la planificación de los centros", puntualizan en el documento.

Aumentar la plantilla

En el escrito aprovechan para hacer un reconocimiento a los docentes y los equipos directivospor "el enorme esfuerzo que han realizado" y destacan la "implicación de la mayoría de las familias y alumnado". Asimismo, muestran su deseo de que su manifiesto sirva como "propuesta de mejora, con espíritu constructivo".

Con respecto a estas reivindicaciones, ANPE Canarias, el sindicato mayoritario de la enseñanza no universitaria en las Islas, insiste en que la función de la Inspección Educativa debe ser "esencialmente asesora", especialmente en momentos "tan complejos" como los que está viviendo la educación. "En estas difíciles circunstancias para el ejercicio de la función docente resulta de capital importancia que los diferentes servicios de la Inspección Educativa prioricen su apoyo a los centros y al profesorado, ofreciendo permanentemente su orientación y sus recursos, así como una mayor flexibilización del marco normativo para que cada centro, en el ejercicio de su autonomía, pueda incorporar medidas acordes con las necesidades del alumnado y sus familias", apunta el presidente de ANPE en las Islas, Pedro Crespo.

El sindicato reclama que se incremente la plantilla de inspectores para que "puedan desarrollar de manera oportuna y acertada su labor, centrándose en áreas de acción menores y más accesibles". En este sentido, Crespo considera que "es fundamental que se descargue a los inspectores de la excesiva carga burocrática y administrativa que soportan". Además, el presidente de ANPE ve fundamental que "se apueste por incrementar gradualmente el número de sus efectivos, reduciendo el número de centros educativos que debe atender cada inspector para posibilitar una mejor y más estrecha relación con quienes conforman su zona de actuación".

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