Una magistrada de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife dictó una orden de búsqueda y detención contra Santiago González, un tinerfeño conocido como el Pequeño Nicolás canario, por no presentarse a un juicio en el que figuraba como acusado de un delito continuado de estafa. Estaba previsto que la vista oral se celebrara durante la mañana del pasado miércoles en el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife.

En los días anteriores, González argumentó que tenía familiares enfermos y, al final, presentó una documentación con la que supuestamente pretendía demostrar que él mismo estaba ingresado en un centro hospitalario. Sin embargo, tras realizar las gestiones oportunas y analizar los citados papeles, la autoridad judicial determinó que son falsos y no resultan válidos para retrasar la celebración del juicio. Hasta primeras horas de la tarde de ayer, el Pequeño Nicolás canario no había sido localizado, según las fuentes consultadas.

Santiago González ejercía como fundador y líder del partido político Juntos por Canarias. Y hubo un determinado momento en que presuntamente buscó financiación para el mismo. De esa manera, se hizo pasar por coordinador del servicio canario del 1-1-2, subjefe de Seguridad del Estado y director en funciones del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Rodeado de esa aureola de persona muy influyente en ese organismo clave para la seguridad del país, convenció a un trabajador para que dejara su empleo, ya que él le ofrecía una plaza en el CNI. Pero la condición para obtener la misma era que tenía que hacer una importante aportación de dinero en su partido político. Con una habilidad singular para el engaño, consiguió que esa víctima le ingresara de forma directa 1.050 euros en la cuenta de Juntos Por Canarias. Y, cuando recibió la liquidación por dejar su trabajo anterior, alrededor de 48.000 euros, le efectuó tres transferencias, dos por 21.000 euros y una por otros 6.000. En este procedimiento hay un segundo afectado. En esta ocasión, González, según el escrito de la Fiscalía, se puso en contacto con un exmilitar y le dijo que, en la medida en que tenía contactos de alto nivel en el Ministerio de Defensa, podía desarrollar gestiones para ayudarlo en los problemas que tenía entonces. Esta persona le pagó 600 euros.