El Grupo Viqueira, promotor de la construcción de un hotel de lujo en la playa de La Tejita, considera "manifiestamente ilegal" la paralización de los trabajos y anuncia medidas judiciales para retomar una obra para la que cuenta con todos los permisos y licencias correspondientes. Según el comunicado, Viqueira acató la orden del Ministerio de Transición Ecológica recibida el viernes pasado y paralizó totalmente los trabajos que llevaba a cabo "ante la imposibilidad de realizar el proyecto autorizado en base a la licencia urbanística otorgada por el Ayuntamiento de Granadilla de Abona, con fecha 19 de septiembre de 2017, así como del resto de autorizaciones sectoriales obtenidas, entre ellas, la del organismo competente en materia de protección de la zona de servidumbre del dominio público marítimo-terrestre".

El Grupo Viqueira anuncia que ejercerá "todas las acciones legales que correspondan contra esta orden de paralización manifiestamente ilegal y arbitraria, dictada por la Administración tras ceder a las presiones de delincuentes que actúan al margen de la ley y trasladan a la sociedad declaraciones falsas y tendenciosas".

Las obras fueron paralizadas el viernes por la tarde, después de que la empresa recibiera la orden del Ministerio de Transición Ecológica, que revisa el deslinde de esta parte de la costa de Granadilla de Abona, habiendo indicios de que el proyecto puede invadir la zona de servidumbre. "La paralización de las obras del hotel es ilegal y arbitraria, dictada con manifiesta desviación de poder y se emprenderán las acciones legales que correspondan frente a este acto ilegal y dictado con abuso de poder", afirma la empresa.

Ante el juez

Ayer, además, los dos activistas que permanecieron 12 días en las grúas con el fin de paralizar las obras quedaron en libertad provisional, pero siguen investigados por los presuntos delitos de coacciones (amenazas), usurpación (delito que castiga al que con violencia o intimidación ocupara una cosa inmueble o usurpare un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena) y desobediencia a los agentes de la autoridad.

Así se refleja en el auto emitido después de que los dos jóvenes prestaran declaración ante el juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Granadilla. Desde el Tribunal Superior de Justicia de Canarias se aclaró que no hubo juicio rápido ni sentencia, sino que los dos investigados declararon en base a una investigación judicial abierta por la actuación de los activistas, que en la madrugada del 16 de junio accedieron sin permiso a una propiedad privada.

La denuncia parte del Grupo Viqueira, promotor de las obras, que pidió prisión provisional y una orden de alejamiento para que los dos jóvenes no se acerquen a la zona. Ambos bajaron de las grúas el sábado, 12 días después de permanecer a 25 metros de altura y tras comprobar que los trabajos estaban paralizados por orden del Ministerio de Transición Ecológica. Ante la oposición de la defensa y del Ministerio Fiscal a la petición de prisión provisional, la autoridad judicial decretó la puesta en libertad provisional de los investigados, que siguen imputados de los delitos referidos. La investigación continúa.

Los dos jóvenes y sus portavoces, que han contado con la asistencia de una abogada desde el momento en que subieron a la grúa, han eludido en todo momento manifestar a qué colectivo representan.