La nueva normalidad llega a las residencias de mayores y dependientes y a los pisos tutelados de Canarias, tras 140 días en los que han vivido bajo la normativa impuestas durante el estado de alarma ocasionado por la pandemia de la Covid-19. Los más de 9.000 usuarios de estos centros pueden volver a pasear y su régimen de visitas se flexibiliza. Las consejerías de Sanidad y Derechos Sociales publican hoy en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) una orden conjunta que ajusta a la actual realidad epidemiológica el protocolo de las residencias, que se blindaron para evitar que el virus entrara en estos espacios y afectara a la población más vulnerable. Además, de esta manera el Ejecutivo regional responde a la demanda de los familiares de los usuarios, quienes reclamaban que terminara el dilatado confinamiento de los mayores y dependientes.
La orden que entra ahora en vigor permite que los usuarios de los centros residenciales vuelvan a salir a la calle, pero siempre bajo unas estrictas medidas de seguridad sanitaria. Esta libertad fue recuperada por el resto de la población del Archipiélago el pasado 11 de mayo, con el inicio de la fase 1 de la desescalada. En primer lugar, las consejerías de Sanidad y Derechos Sociales recomiendan que las personas mayores eviten las salidas a espacio públicos en los que puedan producirse aglomeraciones. Además, deben extremar las medidas de protección y evitar la interacción con otras personas. Estos paseos los deben dar acompañados por un trabajador de su centro o por un familiar, para que se garanticen las medidas preventivas.
Con el objetivo de promover la participación en la comunidad de manera autónoma, las personas con discapacidad o con problemas de salud mental podrá salir a cualquier espacio público, siempre que respeten los preceptos sanitarios.
En el caso de que unos usuarios salgan y otros no, los centros deben sectorizarse y habrán de crear circuitos independientes entre sí. Si las características del establecimiento imposibilitan evitar el contacto entre personas de ambos circuitos, se establecerán turnos para eludir que ambos grupos coincidan en un mismo espacio. Además, las instalaciones de uso compartido tienen que ser desinfectadas antes de ser utilizadas por las personas del otro circuito.
Una de las prohibiciones que impone la nueva normativa es que los residentes no podrán pernoctar nunca en su domicilio familiar, aunque sí se puede gestionar una autorización para que pasen el día en su vivienda.
Los hogares tutelados y funcionales para personas con discapacidad, con problemas de salud mental o para personas mayores, dado que son recursos integrados en la comunidad, quedan sujetos a la normativa vigente en cada momento para la población en general. No obstante, se aplicarán las medidas de protección necesarias y, por tanto, se evitará el contacto o interacción sin medidas de protección con otras personas ajenas al centro.
El régimen de visitas de los familiares a los usuarios de los centros residenciales también se suaviza, aunque la orden sigue estipulando que los encuentros deben ser de una hora como máximo y sin contacto físico. Los familiares -nunca menores de 14 años- deberán programar la cita con la entidad, que debe garantizar al menos un encuentro semanal, preferiblemente en espacios abiertos. El número de visitas y su duración puede ampliarse, según las características de cada centro y de la evolución de la situación epidemiológica. Mientras dure la cita, solo podrá haber un visitante en la habitación y este no podrá abandonar el espacio hasta que termine la reunión. No obstante, se garantizará el acompañamiento de las personas que se encuentren en un proceso terminal inminente, siempre que se cumplan las demás medidas de protección sanitaria.
Los usuarios de viviendas tuteladas y hogares funcionales pueden recibir visitas de sus seres queridos sin más limitación que la obligación de cumplir con todas las medidas preventivas generales -distanciamiento físico de seguridad, uso de mascarilla, uso de soluciones hidroalcohólicas-. Si bien, este régimen de encuentros se suspendería en el momento en el que se detectara un caso sospechoso de Covid-19 entre los usuarios o el personal de la residencia.
A partir de hoy, los centros tienen diez días para adaptar su protocolo de protección, establecido según la orden de 29 de mayo de 2020, a los criterios y nuevas medidas establecidas en la normativa publicada en el BOC.
