La Justicia le dio la razón al VII marqués de la Fuente de Las Palmas, Alonso Chirino del Hoyo, en su reclamación de las tierras y aguas utilizadas por propietarios agrícolas de la comarca de Chasna. Apenas cuatro meses después de haber ganado de forma definitiva el pleito iniciado trece años antes, una docena de chasneros enmascarados lo mataron a tiros de arcabuz. Una venganza en toda regla. Así acabó un largo enfrentamiento que, por diferentes motivos, se prolongó varios siglos entre vecinos de esa zona del sur de la Isla y los titulares del Mayorazgo de los Soler. Hace 180 años del trágico episodio histórico, que también se ha convertido en símbolo de la unión del pueblo ante los abusos del poder socioeconómico de la época. Ningún hombre fue juzgado ni condenado por esta muerte. No hubo acusaciones ni delaciones hacia los implicados directos e indirectos. "¿Dicen que mataron al marqués?". "Eso dicen" o "A usted se lo oigo". Estas son las frases que la tradición oral nos ha legado hasta nuestros días sobre las pesquisas que se hicieron.
Chirino del Hoyo accedió a la posesión del Mayorazgo y del marquesado de la Fuente de las Palmas en 1825 y tomó posesión de las fincas que le correspondían en Granadilla, San Miguel de Abona, Arona y Vilaflor. Pero en enero de 1827 decidió denunciar en el Juzgado de La Orotava para lograr el desahucio de numerosos vecinos, que el aristócrata consideraba usurpadores de terrenos y aguas que pertenecían al citado Mayorazgo y que, por supuesta dejadez de sus antepasados, fueron ocupados por residentes en la comarca. En aquel momento pobladores de Chasna se opusieron al reconocimiento a favor de Alonso Chirino de la propiedad de las tierras que reclamaba, así como de las aguas de la Madre de Abajo, que, según afirmaban los ciudadanos, eran de disfrute comunal. De esa manera, el conflicto va a empeorar, según explica el investigador histórico Nelson Díaz Frías en su libro La Historia de Vilaflor de Chasna (CCPC, 2002). Y, en febrero de 1827, la Justicia dio la razón a Alonso Chirino del Hoyo, que en apenas un día tomó posesión de decenas de fincas y terrenos en los mencionados municipios, "ante el estupor y la indignación de cientos de vecinos, ayuntamientos, órdenes religiosas o el marqués de Adeje y de Bélgida", expone Díaz Frías.
Fincas objeto del litigio
Las propiedades cuya posesión recuperó para el Mayorazgo de Soler el VII marqués eran en Vilaflor: Valle de las Aguas, Salguero, Valle de la Magdalena, Carrillo, La Ladera, Las Cumbres e Ifonche; en Arona: El Verodal, El Mojón, Los Cristianos, Chiñeja, Guaza, La Estrella, Guargacho, Cho, Buzanada, Los Parlamentos y el Malpaís del Ahijadero; en San Miguel: Guargacho, Aldea Blanca, El Lomo de la Hoya, Las Zocas, El Majuelo, Chimbesque, El Tablero, Las Chafiras, El Guincho y La Sabina; y en Granadilla: Chiñama, El Pajonal, Las Chozas, La Casa Quemada, El Salto, El Hoyo, Charco del Asno y Las Majaditas, entre otras.
Y los afectados, más de 120 ciudadanos de toda la comarca, entre los que se hallaban cuatro miembros del Ayuntamiento de Vilaflor, dos capitanes del Ejército y el prior del convento agustino de la localidad chasnera, decidieron denunciar al marqués, oponiéndose a que se le reconociera la propiedad de los citados terrenos.
Después de trece años de litigio, y tras ganar otra sentencia en 1833, el 10 de abril de 1840 la Audiencia de Canarias confirmó las anteriores decisiones judiciales que daban la razón a Alonso Chirino del Hoyo en sus pretensiones. El arriba mencionado investigador histórico recoge en su obra que, según la tradición oral de la zona, el carácter del VII marqués de la Fuente de Las Palmas era "soberbio y prepotente", por lo que muchos vecinos de Chasna lo detestaban.
Pero los conflictos entre la familia Soler y parte de los chasneros empezaron mucho tiempo antes. A mediados del siglo XVII se produjo la muerte de Juan Soler de Padilla, a consecuencia de una enfermedad causada por la revuelta que protagonizaron algunos vecinos contra él y su familia, lo que les obligó a dejar de forma precipitada y por la noche la casa solariega situada junto a la iglesia de San Pedro, al temer por sus vidas. Y, en 1786, el padre del marqués asesinado también sufrió otra revuelta de pobladores de Vilaflor, con lanzamiento de piedras contra la citada vivienda y la rotura de cristales, por haberles quitado un terreno en la Cruz de Mihaja.
El asesinato
En la tarde del 17 de agosto de 1840, Alonso Chirino regresaba en su caballo de pura raza árabe desde Granadilla hasta Vilaflor. Iba acompañado por un criado y dos niños, hijos de su criada, Pepita Ángel de la Rosa. Doce hombres enmascarados le tendieron una emboscada en la zona conocida como Cruz de Juan Bello y le dispararon con arcabuces. El marqués murió en el acto, mientras que el sirviente y los menores resultaron heridos, como escribió en su momento el licenciado Diego Benítez Suazo, beneficiado de la Catedral de La Laguna. La tradición oral recogida por Díaz Frías refiere que los autores materiales fueron avisados con bucios por vigías que estaban apostados en la montaña de Tilena, desde la que se divisa el camino real que enlaza ambos pueblos. Cabe recordar que el bucio es una caracola usada por aborígenes y campesinos canarios hasta mediados del siglo XX para comunicarse o señalar la hora de finalización de la jornada laboral.
Manuel Hernández, catedrático de Historia de América en la Universidad de La Laguna, señala que la muerte violenta del marqués "fue un momento culminante, en una época que se ponían en cuestión los privilegios señoriales con la irrupción de la revolución burguesa". Pero, al mismo tiempo, al mantener los mayorazgos, como era característico de un proceso pactado entre la burguesía y la élite tradicional, los grandes propietarios podrían ir liquidando de forma progresiva sus terrenos, "como acaeció en otras zonas del Sur de Tenerife, donde propietarios absentistas vendieron sus propiedades, en la medida que permitía la Ley", señala Hernández. Pero no fue el caso de Chirino del Hoyo.
Nelson Díaz Frías, autor de varias obras históricas y genealógicas sobre el Sur de Tenerife, explica que "el asesinato del marqués hemos de enmarcarlo en los conflictos que sobre la propiedad de los medios de producción se van a producir en toda España en el siglo XIX entre una aristocracia decadente y absentista y una burguesía rural emergente y que disputa a la antigua nobleza titulada su primacía social y económica". Alonso Chirino vivía en La Laguna y pasaba temporadas en Chasna. Para Díaz Frías, magistrado juez decano de Arona, su asesinato "no fue más que la culminación de unos conflictos que periódicamente se venían sucediendo desde el siglo XVI entre los antepasados del marqués y los vecinos de Chasna, enfrentados porque los segundos intentaban evitar los abusos que la familia Soler a veces realizaba prevaliéndose de su poderío socioeconómico". Aclara que "de esa conflictividad he encontrado constancia documental desde 1574, cuando el mayordomo de la iglesia de Vilaflor, Luis García, junto a otros vecinos de la comarca, se quejaron ante las autoridades eclesiásticas de que los Soler no dejaban sentar al resto de vecinos en los bancos del templo, del que dicha familia era patrona, y ni tan siquiera dejaban sentar al alcalde chasnero, para escándalo del vecindario".
Manuel Hernández dice que el mayorazgo de los Soler fue erigido a comienzos del siglo XVII y "había ido progresivamente en decadencia en su aplicación, al ceder muchas tierras que la familia había dado en tributos de moneda, cuyo valor había decaído por la inflación". A juicio del catedrático, al obtener refrendo de la Audiencia de Canarias el planteamiento del marqués sobre gran parte del territorio de la comarca de Chasna, "se enfrentó a los intereses no solo de los pequeños propietarios, sino de las capas medias que se habían beneficiado" hasta entonces de la situación.
La investigación
¿Se pudo haber hecho más para esclarecer el suceso? En opinión de Díaz Frías, "posiblemente sí, pues era vox populi quiénes fueron los enmascarados que dispararon el 17 de agosto de 1840 contra el marqués". Hernández plantea que "la investigación era difícil, porque nadie quería denunciar a los autores; había unanimidad en el rechazo al marqués y nadie le apoyaba". ¿Quiénes pudieron ser? "Eran los principales perjudicados por el largo pleito iniciado por Alonso Chirino, y los doce autores materiales de la muerte gozaron de la complicidad de otros chasneros", apunta el magistrado. Refiere Díaz Frías que "un silencio cómplice y muy elocuente se cernió sobre toda Chasna y, aunque el juez que vino de La Orotava para investigar el asesinato, Antonio María González Crespo, hizo pasar a todo el vecindario de Vilaflor ante el cuerpo sin vida del noble para ver si alguien decía algo, nadie dijo nada, ni señaló a nadie". Hubo detenciones de algunos varones sospechosos de la muerte, pero nunca fueron llevados a juicio, "ante el escándalo de las hermanas y de la madre" de la víctima, "que se quejaban de que su hermano e hijo había sido asesinado a plena luz del día por los chasneros y que todos sabían quiénes habían sido los autores del crimen", apunta el investigador histórico.
Advierte de que "algunos descendientes de los partícipes en el asesinato de don Alonso Chirino, miembros de la burguesía rural de Chasna del siglo XX, sabían de dicha autoría del crimen por tradición oral de sus mayores y así lo contaban en la intimidad familiar y así ha llegado hasta mí". "Todos mis abuelos eran de Vilaflor, y yo mismo escuché en mi juventud contar a un primo hermano de mi abuelo paterno cómo un antepasado nuestro se excusó de participar en la ejecución material del crimen alegando que su mujer estaba en avanzado estado de gestación, pero colaboró llevando comida a los otros chasneros que acechaban en las montañas circundantes al itinerario que tomaba el marqués el día que lo asesinaron, pues ya dije que estaba en Granadilla y los conspiradores desconocían si dormiría en ese pueblo o si regresaría a descansar en su casa de Vilaflor, como efectivamente hizo", explica Díaz Frías. En definitiva, añade este investigador, el litigio judicial iniciado en 1827 por el VII marqués de la Fuente de las Palmas afectó principalmente a la burguesía de la comarca de Chasna, que se vio privada de la propiedad de una serie de tierras que usaban desde antiguo.
Y, tras el asesinato, ¿qué pasó con las tierras en disputa? Explica Nelson Díaz Frías que la Justicia envió al Ejército a Chasna para entregar la posesión de las fincas reclamadas por Alonso Chirino a sus herederas: su madre, sus hermanas y su criada, Josefa Pepita Ángel de la Rosa, que, tras la muerte de su señor, se trasladó a vivir a La Laguna con sus hijos. La presencia de esta última en el testamento "sentó muy mal" a los familiares biológicos del marqués asesinado. Y hubo un nuevo pleito entre dichas mujeres que se prolongó 10 años. Al final, en 1850 se llegó a acuerdo amistoso entre las partes. A Josefa Ángel de la Rosa le correspondieron terrenos en San Miguel, en El Mojón (donde hoy está el Hospital del Sur), Playa de las Américas y Los Cristianos, refiere el magistrado.
"Como anécdota personal, puedo contar que mi familia se vio muy perjudicada y desposeída de unas tierras que tenían en El Mojón y El Verodal (Arona) y que mi antepasado don Diego García de Acevedo había adquirido de la Casa Fuerte de Adeje en el siglo XVIII", comenta Díaz Frías. Así, "tras ganar el marqués el pleito y pasar dichas tierras a su propiedad, fueron adjudicadas en 1850 en partición a la criada del marqués, Pepita Ángel de la Rosa, a la cual el marqués le dejó en su testamento un tercio de su fortuna, por ser posiblemente su amante, y dicha Pepita inmediatamente vendió en 1851 dichas propiedades por 18.000 reales al capitán Antonio Francisco Domínguez Villarreal, abuelo de los conocidos terratenientes aroneros Antonio Domínguez Alfonso y María Amalia Frías Domínguez", apunta el magistrado e investigador.
A finales del siglo XIX
Respecto a las tierras que fueron asignadas a las hermanas y la madre de Chirino, a finales del siglo XIX fueron vendidas a la familia Bello, originaria de San Miguel. De hecho, hasta hace pocos años, por ejemplo, la casa señorial de los Soler en Vilaflor era propiedad de un empresario descendiente de Tomás Bello Gómez. Ese inmueble fue adquirido por el Cabildo de Tenerife.
Hernández afirma que "solo hubo un caso similar, aunque muy distinto: el del intendente de Canarias Juan Antonio Ceballos, que fue asesinado por vecinos del pueblo de Santa Cruz en 1720, porque creían que iba a liquidar el contrabando de tabaco, del que muchos estibadores vivían". Según el profesor, "la excusa fue el castigo que infringió a su esclavo y a una mujer libre de Güímar que quería casarse con este último". La represión fue muy fuerte, "porque se temía que la Corona prohibiese el comercio con América, por lo que fueron condenados a muerte 12 desgraciados", explica.
