La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, ha encargado a la entidad pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (Gesplan) la elaboración de un proyecto para trazar un mapa que refleje la violencia machista que sufren las mujeres en las islas.
De este modo, se pretende conocer con mayor profundidad el problema de la violencia contra la mujer en Canarias vinculando datos estadísticos con otros judiciales y procediendo a su georreferenciación, de tal forma que "facilitará el diseño de políticas públicas adecuadas para su erradicación", según informó el Ejecutivo regional en un comunicado.
Para ello, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha firmado la orden por la que se encarga el proyecto bajo el nombre Analítica predictiva y cumplimiento normativo ciudadano: transparencia judicial territorial basada en datos judiciales georreferenciados. Análisis de datos relacionados con las mujeres víctimas de violencia de género.
Pacto de Estado
En este sentido, se expuso que la fase 1 de este proyecto está financiado con 378.738,40 euros, con cargo al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, priorizando este análisis la datificación de colectivos de alta sensibilidad, en concreto, el de las mujeres víctimas de violencia de género, lo que también contribuye a cumplir con el quinto eje de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Igualdad de género y empoderamiento de la mujer.
De este modo, a partir de datos actuales y comportamientos del pasado, se pretende anticipar realidades previsibles, de ahí que se utilizarán técnicas de analítica predictiva que permitirán, por ejemplo, la obtención de datos no existentes por elaboración.
Al respecto, la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno canario, Marta Bonnet, señaló que se trata de un "ambicioso trabajo" que tiene por objeto la elaboración de un "mapa de la violencia machista en Canarias acorde "con la consideración que de la misma hace el Convenio de Estambul, esto es, no solo la violencia contra la pareja o expareja, sino toda la violencia que se ejerce sobre las mujeres por el hecho de serlo".
Añade que a partir de los datos que se recaben, que se obtienen tanto de fuentes judiciales como extrajudiciales y georreferenciando los mismos dentro del territorio canario con un importante nivel de detalle, "es posible llevar a cabo un análisis y una predicción de la incidencia de la violencia machista que, además de aportar una fuente de información fiable y accesible a la ciudadanía de acuerdo con los principios de una política de Gobierno Abierto, permitirá una adecuada" dimensión del problema que permita la adopción de políticas públicas "más eficaces, pues estarán basadas en datos concretos".
Por su parte, la viceconsejera de Justicia del Ejecutivo autonómico, Carla Vallejo, señaló que no se puede olvidar que la violencia machista que "sale a la luz es solo la punta del iceberg, existiendo grandes bolsas de impunidad dado que muchos de estos casos no se denuncian", de ahí que este estudio tiene como fin "abordar esa realidad y medirla aplicando técnicas de analítica predictiva basada en datos que den información fiable" sobre la incidencia de la violencia machista en un determinado municipio, su relación con políticas públicas específicas o la situación socioeconómica, entre otras.
Por último, resaltan que este mapa permitirá también a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia "mejorar el servicio de asistencia a las víctimas de violencia de género" al tener nuevos datos centrados en los derechos de las víctimas, de los que "no siempre se cuenta con la información de calidad necesaria" que impulse la toma de decisiones y sobre los colectivos vulnerables, ya que los datos centrado en personas "no existe en muchos casos".
Los impulsores de esta acción consideran que los datos que se extraigan de la iniciativa serán acorde a la iniciativa Open Data del Gobierno de Canarias, asentada en las normativas de apertura de datos en el ámbito comunitario, estatal y autonómico. En concreto, subrayan, el proyecto avanza en una "mayor transparencia basada en datos judiciales que además serán fácilmente accesibles y que permitirá cumplir", con la estrategia marco de Gobierno Abierto.
La primera fase del proyecto, que tiene de plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de este año, se centrará en que Gesplan elabore los dos primeros módulos del proyecto, de tal forma que en el primero se definirá el proyecto, la recolección de datos, el análisis de estos, la adecuación normativa, estadística, modelado y despliegue de la solución metodológica, incluyendo la primera publicación de datos judiciales con apertura de canales de visualización y reutilización.
