La Asociación de Abogados Cristianos ha solicitado medidas cautelarísimas ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para suspender la resolución del Gobierno de Canarias que afecta a las celebraciones religiosas al no autorizar eventos ni actos multitudinarios con más de 10 personas --en vigor en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y El Hierro por la alta incidencia de la pandemia de coronavirus--.

La organización de juristas considera que este texto "es arbitrario, carece de seguridad jurídica y atribuye a la administración competencias que no son suyas y que atentan contra derechos fundamentales".

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, recuerda en una nota que "una Comunidad Autónoma no puede restringir ni prohibir derechos fundamentales" y destaca que "limitar a 10 personas el aforo de iglesias y catedrales con capacidad para cientos de personas es un pretexto para atacar la libertad religiosa".

"¿20 niños en un aula no son un riesgo y 10 personas en una catedral sí?", se preguntan, al tiempo que apoyan la libertad religiosa porque "hay que defender el Estado de Derecho frente a los abusos que algunos políticos regionales y nacionales están haciendo en estos últimos meses".

Castellanos recuerda igualmente que la libertad religiosa es un derecho fundamental amparado en el artículo 16 de la Constitución y en todos los convenios de derechos humanos.

"Si permitimos este atropello en Canarias, termina implantado en todo el país", señala, y avisa de que si el Gobierno regional no modifica esta resolución no descartan iniciar acciones penales contra el presidente canario, Ángel Víctor Torres.