La comunidad educativa canaria considera "imposible" que el próximo curso escolar arranque el día 15, tal y como tiene planeado el Gobierno regional. La falta de adecuación de los centros y unos planes de contingencia inconclusos provocan la reticencia de sindicatos, ampas y estudiantado, quienes sostienen que "aún falta mucho por concretar" para lograr que el inicio de las clases se desarrolle de manera segura. Asimismo, critican que el plan digital puesto en marcha por la Consejería de Educación todavía no está listo para entrar en funcionamiento si un nuevo confinamiento obliga a poner en marcha un sistema de docencia virtual.
A pesar de que la comunidad educativa valora los esfuerzos realizados por la Consejería de Educación, tilda de "insuficientes" las medidas adoptadas, que, además, "llegan tarde". Todo eso conduce a que representantes de docentes, alumnos y familias crean que será "imposible iniciar las clases presenciales el 15 de septiembre, tal y como estaba previsto". La falta de garantías para el profesorado, el personal no docente, las familias y el alumnado centran las críticas de este sector que reclama "centros educativos seguros".
Los representantes que suscriben el comunicado en el que denuncian la situación que vive la educación en Canarias defienden la necesidad de retomar la docencia presencial. Aunque son conscientes de la dificultad de crear espacios totalmente libres de peligro al contagio, exigen que el curso escolar "se desarrolle con todas las garantías sanitarias y de seguridad, que impidan que, en el ámbito educativo o desde el mismo, se den pasos atrás, produciéndose indeseados rebrotes del virus".
A pesar de que la Consejería de Educación ha anunciado que contratará 2.500 nuevos profesores al menos durante el primer trimestre del curso, la comunidad educativa solicita la reducción de las ratios, que en Canarias se han mantenido en 25 alumnos por aula. En este sentido, el portavoz del sindicato STEC, Gerardo Rodríguez, recuerda la necesidad de disponer de nuevos espacios en los que poder dar clase cuando sea necesario desdoblar grupos y los centros no tengan las infraestructuras adecuadas. Critican que la Consejería parece no haber hecho nada para disponer de estas nuevas aulas: "Alega que no se dispone de espacios suficientes o adecuados para tal fin en los diferentes municipios pero muchos ayuntamientos reconocen no haber sido consultados".
En cuanto a las criticadas ratios, exigen que sean como máximo de 15 alumnos por aula en Educación Infantil, 18 en Educación Primaria, 20 en Educación Secundaria y 23 en Bachillerato, y que esta misma proporción se mantenga también en la Formación Profesional y en el resto de enseñanzas. Además, solicitan que se respete la distancia mínima de seguridad de metro y medio en todos los niveles, y no solo a partir de Secundaria, donde no habrá grupos burbuja.
Entre los aspectos que faltan por concretar, la comunidad educativa destaca los inacabados protocolos de las actividades extraescolares, la acogida temprana y tardía o las actividades para el alumnado de 0 a 3 años; que se pueda garantizar la seguridad en los comedores escolares y el transporte escolar; que se pueda disponer de plataforma y recursos digitales suficientes; o que se produzca la incorporación de nuevas figuras o servicios en los centros educativos, como el de la enfermería escolar. Con todos esos aspectos aún por definir, "sinceramente, se nos antoja imposible que todos los centros puedan contar con su plan de contingencia antes del día 15", reconocen.
La conciliación laboral es uno de los mayores problemas que se plantea en el nuevo curso. La presidenta de Confapa Canarias, Josefa Méndez, afirma que "es un problema de difícil solución y que en cualquier caso trasciende a la Consejería o el Ministerio de Educación". Con todo, la comunidad educativa considera que, para garantizar esa conciliación, "es prioritaria la educación presencial".
Una de las principales quejas del presidente de la Unión de Estudiantes de Canarias (UDECA), Idafe Hernández, es la falta de acceso a los documentos que regirán la organización del nuevo curso escolar. Y es que durante las reuniones que se han venido celebrando a lo largo de los últimos meses para definir las líneas maestras de este curso tan atípico "los documentos han sido entregados con poco margen de tiempo para un estudio más profundo", denuncian representantes de la comunidad educativa.
Por último, solicitan a la Consejería de Educación que ofrezca más información sobre las evaluaciones que se han realizado al personal especialmente sensible al coronavirus. El Gobierno de Canarias encargó al grupo hospitalario Quirón los exámenes a los 6.000 profesionales de la educación que habían declarado pertenecer a un grupo de riesgo; sin embargo, la comunidad educativa critica la falta de rigurosidad de estos análisis y que aún no se conozcan los datos exactos de cuántos profesores no podrán reincorporarse presencialmente a su puesto de trabajo.
