Estimada Sra. Manuela de Armas: Permítame comenzar esta carta dirigiéndome a usted como la máxima responsable de una consejería que en los últimos tiempos viene distinguiéndose por sus contradicciones, sus despropósitos, sus inseguridades, su falta de capacidad de diálogo, de apoyo y de escucha activa por mucho que usted misma manifieste en su propia carta su talante conciliador y colaborador. Podemos afirmar, sin titubeos, que es usted la abanderada de una Consejería de Educación, Universidades y Cultura, nunca mejor dicho, "de armas tomar".

Quizás, cuando seguidamente le exponga abiertamente cuáles son los motivos que me han conducido a enviarle esta misiva, lo podrá entender e incluso, tal vez, podrá ser capaz de mostrar su disconformidad con las actuaciones de su misma consejería, actos cuyo único fin es vulnerar los derechos de cualquier trabajador. No olvide, excelentísima señora, que nosotros, los docentes, somos obreros públicos al servicio de la comunidad educativa y cada vez tengo más claro que no se nos está ni respetando ni valorando desde nuestra propia consejería. Por tanto, mi único propósito es denunciar las tropelías e injusticias que la Dirección General de Personal viene realizando con el profesorado, en general, y, muy en particular, con aquel grupo de docentes que formamos parte de las listas de empleo.

Como bien sabe, este pasado y presente curso escolar se ha visto y se está viendo afectado, como todo, por la pandemia del Covid-19, que está resquebrajando nuestras instituciones sociales y nuestra economía. Por tal circunstancia, todos los procedimientos administrativos o se han paralizado o se han demorado, ocasionando un trastorno y quebradero de cabeza a la ciudadanía. Esto ha supuesto que se haya puesto en marcha una forma nueva de trabajar, tanto en lo público como en lo privado: el teletrabajo.

No cabe duda que la política es res publica ( "cosa pública") y , como tal, debe erigirse en un bien y servicio público. De todos es conocido que algunos han usado este servicio público, o sea, el poder con el afán de enriquecerse y de realizar todo tipo de favores. Todos estos argumentos son el preámbulo para encaminarla a usted, doña Manuela, hacia la problemática que quiero o queremos darle a conocer y que un colectivo de docentes de aproximadamente ciento cuarenta personas venimos sufriendo, en primera persona, desde el pasado día 1 de septiembre.

Dicen que la realidad supera a la ficción. Pues bien , paso a relatarle los hechos que han motivado la presente carta. Todo comienza el mismo 1 de septiembre del mes actual. El colectivo de docentes de las listas de empleo, previo nombramiento definitivo otorgado el 20 de agosto de 2020, se incorpora, tal y como se recoge en la resolución, a su destino. Y aquí es cuando comienza nuestra odisea. Nosotros, cada uno en sus respectivos centros, llegamos , dichosos y felices, aunque también inquietos y preocupados por la situación del Covid, al centro con el firme propósito de tomar posesión y de esta manera arrancar nuestra actividad educativa. Tal fue nuestra sorpresa que, tras un breve tiempo en el centro, se dirige a nosotros nuestros respectivos directores para comunicarnos que la Dirección General de Personal nos iba a hacer entrega de una resolución y que, además, nos impedía la toma de posesión. Como desconocíamos cuál era el contenido de la misma, una vez procedimos a leerla, no dábamos crédito a la lectura de semejantes palabras. En resumen, el contenido de la resolución venía a decirnos que, dada nuestra Incapacidad Temporal durante el curso 2019/2020, la Comisión de Evaluación Médica proponía con fecha 10 de junio la valoración médica de todos los afectados por esa incapacidad antes de que se llevara a cabo la toma de posesión.

Nosotros nos pusimos manos a la obra y empezamos a pedir explicaciones a la Dirección General de Personal y a la Inspección Médica, hechos que no fueron atendidos por según cada órgano administrativo, al desconocer cómo se iba a realizar ese procedimiento. Por cierto, sra. Consejera, observe que esta situación de valoración médica se conocía desde el 10 de junio y, por un lado, no habíamos sido informados previamente y, por otra parte, desde el 10 de junio hasta el 1 de septiembre, día en que fuimos notificados, han transcurrido dos meses y 21 días. ¿Acaso , a lo largo de estos meses anteriores, no ha habido suficiente tiempo por parte de la Comisión de Evaluación Médica para ser evaluados y de esta manera poder actuar en consecuencia en el caso de que dicha comisión nos valorara negativamente para realizar nuestras funciones como docente?

¿Por qué la Dirección General de Personal, sabiendo ya la fecha que consta en la resolución, se esperó al día de la toma de posesión para comunicarnos nuestra situación ? ¿No cree usted que se ha actuado con mala fe?

De ninguna de las maneras podemos tolerar tremenda injusticia ya que hemos visto que a la Consejería le importa nada, una vez más, el bienestar de sus docentes. Yo apelo a sus palabras en las que anunciaba su disponibilidad, su apoyo y su capacidad de comprensión y su cercanía para con el profesorado que, en nuestro caso, se ha ido al paro por cuestiones que ni entendemos ni compartimos. A todos nosotros nuestros médicos de familia nos dieron el alta médica por curación y, por lo tanto, cada uno ya estábamos capacitados para ejercer nuestras funciones educativas.

Continúo con el relato de los hechos. Pasados unos días, se nos informa, por parte de la Dirección General de Personal, que estaban pendientes de la evaluación médica para saber en qué quedaba nuestra situación. Y todo esto porque nosotros éramos los que llamábamos para conocer nuestro destino y no porque la Dirección General de Personal mostrara interés por informarnos.

Llegado el día, la mayor parte de los afectados recibe la noticia que solo dos personas habían sido salvadas de la quema y el resto tenía evaluación negativa por parte de Inspección Médica. Imagínese qué cara se nos pudo quedar ante la noticia. Y aún así exigíamos informe de la Comisión de Evaluación Médica y se nos dijo que teníamos que esperar a recibirlo para - si lo estimábamos conveniente- mostrar nuestra disconformidad y reclamar ante el órgano que emitió el informe desfavorable. He de apuntarle que , entre el grupo de afectados por esta evaluación, hay algunas que solicitaron comisión de servicios por salud del docente y durante el mes de julio ( mes justo después de la fecha del 10 de junio a la que aludimos anteriormente) la Comisión de Evaluación Médica ( la misma que determina la evaluación negativa) les concede la comisión de salud, por lo que esas mismas personas pudieron acercarse en el destino definitivo a. su domicilio. Es de suponer que si estos mismos afectados por la comisión de salud del docente son evaluados o reconocidos por dicha comisión y son aceptadas sus solicitudes, entonces significa que están aptas para el desempeño de sus funciones docentes. Si no fuera así, entraríamos en una absoluta contradicción carente de sentido.

Después de la explicación de los hechos, nos queda por delante una batalla que emprender en contra de la Consejería de Educación y también del otro órgano médico, responsable directo de las evaluaciones de todos los afectados.

Mis compañeros y yo queremos trabajar y ya nuestras altas médicas otorgadas por médicos pertenecientes al Servicio Canario de Salud así lo demuestran. Teníamos que haber estado desde el día 1 , organizando el curso escolar, un curso que se presenta complicado y complejo y su querida Dirección General de Personal no ha querido que así fuera.

Señora de Armas, desde nuestra humilde posición solicitamos encarecidamente atienda nuestras quejas y le instamos a que, desde su status político , como regidora de la Consejería de Educación, Universidades y Cultura, pueda tomar la decisión de incorporarnos a nuestro destino con la fecha de 1 de septiembre, puesto que, no le quepa duda, que a pesar de nuestras enfermedades y circunstancias adversas, nosotros nos hemos curado de ellas, tal y como se reflejan en las altas dadas por fedatarios públicos como son nuestros grandes profesionales de la medicina.

Pedimos, por consiguiente, no deje este asunto, que tanto daño nos está produciendo, en el vacío o en la nada, porque, entonces sus palabras recogidas en su última carta dirigida al profesorado, no tendrían sentido, y, lo que es aún peor, perdería usted todo ápice de credibilidad, fundamental en las lides políticas.

Confiamos en su buen hacer, en su disponibilidad, en su sentido común y en su carisma.

Reciba un abrazo de todos aquellos docentes que ahora mismo la necesitamos.