Canarias ha registrado un 76 por ciento menos de jóvenes con delitos graves o reincidentes en los últimos cuatro años, según ha explicado este lunes la directora general de Protección del Menor y la Familia del Gobierno autónomo, Carmen Steinert. El número de jóvenes que cumplen medidas en régimen cerrado ha pasado de un total 93 jóvenes en 2007 a sólo 22 en 2010. Steinert ha señalado que Canarias es "prácticamente" la única Comunidad Autónoma en la que ha descendido "de forma sostenida" la tasa de condenas a menores de edad.

Los datos que han sido dados a conocer este lunes señalan que en 2008 el decremento de la tasa de condenas para el colectivo de menores fue de un 18 por ciento menos con respecto a 2007, mientras que en 2009 descendió otra décima, situándose en una tasa de 6,38 delitos por cada mil habitantes, cuando la media del Estado se establece en 9,73.

"Esto significa que Canarias está a tres puntos y medio menos que la media del Estado en delincuencia juvenil", explicó la directora general de Protección del Menor y la Familia. Steinert ha subrayado que ha sido posible "gracias a la implantación de un modelo garantista de derechos de diseño público", en el que la planificación, los programas y la inspección se lleva a cabo por parte de la entidad pública - la dirección general de Protección del Menor y la Familia-, la gestión de los centros por una Fundación Pública y la inserción se realiza a través de los sistemas públicos de sanidad, educativo o de empleo.

Steinert ha dado a conocer este dato con motivo de la publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) de la orden por la que se aprueban las normas de funcionamiento interno de los Centros de Internamiento Educativo para menores infractores del Archipiélago.

Esta orden aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los centros para la ejecución de medidas de internamiento de menores y jóvenes infractores dictadas por los juzgados de menores, y se regulan aspectos como las normas de convivencia, atención sanitaria, atención educativa, vigilancia y seguridad, y régimen disciplinario.

Este reglamento otorga una mayor seguridad jurídica a los jóvenes que cumplen medidas y garantiza la igualdad de trato a los menores y jóvenes con independencia del centro donde estén cumpliendo una medida judicial de internamiento, fijando un mismo régimen interno de funcionamiento para todos los centros dependientes del Gobierno.

La orden publicada en el BOC prevé que las particularidades de cada centro de internamiento, que pueden venir determinadas por aspectos tales como el tipo de medidas judiciales que en cada centro se ejecuten, de la propia infraestructura y de los servicios con que cada uno cuente, se pormenoricen a través de los protocolos específicos que la dirección de cada centro debe elaborar, con la aprobación de la entidad pública.