Los alumnos canarios sin autorización paterna para someterse a las pruebas PCR deberán pasar una cuarentena de dos semanas. Así se detalla en la circular que la Consejería de Educación has trasladado a las familias con las instrucciones para iniciar el nuevo curso escolar, un ejercicio marcado por el coronavirus.
La medida, impulsada por Sanidad del Gobierno de Canarias en las zonas más castigadas por la pandemia –de momento, en los términos municipales de Las Palmas de Gran Canaria y Arrecife–, ha agitado los primeros días de cole en el Archipiélago, ya que Educación considera que si un escolar no pasa el test la prueba no será válida para el resto de la clase.
Ayer, por ejemplo, la Federación insular de AMPAS de Gran Canaria exigió a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias que “realice una consulta jurídica sobre la base legal del texto que deben firmar las familias para autorizar que se hagan las pruebas PCR a niños y niñas en los centros escolares”, ya que según señala el grupo en un comunicado, “gran parte de las familias que han recibido la comunicación del centro tienen dudas con respecto al alcance de dicha autorización y la base legal que obliga a mantener una cuarentena a las familias que no cedan a la realización de las pruebas”.
En las instrucciones que Educación ha hecho llegar a las familias también explica que, en caso de que un alumno dé positivo en una prueba PCR, es recomendable que todas las personas que estuvieron en contacto con el escolar en las 48 horas previas también afronten en test.
Falta de comunicación
El presidente de la federación grancanaria de AMPAS, Sergio de la Fe, sostiene que “una buena comunicación previa de la Consejería con las organizaciones que representan a las familias, algo que llevamos reivindicando desde el inicio de la pandemia, habría garantizado un procedimiento menos caótico y lleno de angustia para las familias y el alumnado”.
Desde la Federación también se critica “la premura y celeridad con la que se quiere realizar el cribado que ha obligado a los centros a avisar a las familias la tarde antes de que los equipos se trasladaran a los centros para realizar las pruebas”. “Además”, prosigue en una nota, “a lo largo de esta mañana [ayer para el lector], desde los centros escolares se ha dado información distinta sobre el tipo de prueba que se hará a los menores, no especificada en el consentimiento provocando aún más desasosiego e incertidumbre en las familias”.
“Ante la falta de información”, añade Sergio de la Fe en el comunicado, “y el caos que esta situación he generado, hemos puesto en manos de la Asesoría Jurídica de esta Federación el análisis de esta situación y el establecimiento de posibles responsabilidades que de ella se deriven”.
La organización que representa a las familias en Gran Canaria sostiene que “éstas son las primeras interesadas es que se garantice la protección de la salud de la comunidad educativa, y que en ningún caso se oponen a los cribados que pueden ser muy útiles en el contexto escolar”. “Sin embargo”, puntualiza en el documento remitido ayer a los medios, “exigen que las medidas a aplicar cuenten con el mayor consenso posible, en un clima que genere confianza y entendimiento por parte de las familias”.
La queja planteada por la federación grancanaria de AMPAS la han planteado, en las redes sociales, grupos de padres en diversos centros educativos de Gran Canaria y Lanzarote.UGT Canarias solicitó, con escrito registrado en la sede de la Consejería de Educación, que tal y como se establece en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) sea la propia institución la que asuma el suministro de mascarillas destinadas a la protección del personal de la comunidad educativa ante el Covid-19. Es un derecho que se debería ejercer de forma directa o ejerciendo la presión oportuna para que los centros privados lo pongan en práctica. “Un ejemplo de la gravedad de esta situación la estamos encontrando en los centro de educación especial (CEE) donde el personal recibe un salario muy ajustado y sufragar el gasto de este material puede suponer hasta el 10% de su sueldo”, especificó Manuel Navarro, responsable del sector de enseñanza de la Federación de Empleados Públicos de UGT Canarias. |
