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Negrín rehabilitado

La nueva Ley de Memoria Histórica servirá para anular la sentencia del franquismo contra el político grancanario, último presidente del Gobierno de la II República

Juan Negrín, ya en el exilio, posa cons bulldogs ingleses.

“Se condena a Juan Negrín López, San Mateo, Palma de Mallorca [sic], de ideas marcadamente izquierdistas (...) por apología de las mismas (...), que fuera Ministro de Guerra y Presidente del Gobierno de la II República (...) A la pérdida de la nacionalidad española (...), a una multa de 100.000.000 (CIEN) millones de pesetas [600.000 euros] (...) extrañamiento durante 15 años”. Esa es la sentencia que el 11 de junio de 1941 dictó contra el científico y político grancanario el Tribunal de Responsabilidades Políticas –órgano creado y utilizado por el franquismo para represaliar durante y después la Guerra Civil– y que ahora, tras 79 años de ignominia, podrá ser anulada por la nueva Ley de Memoria Histórica presentada esta semana por el Gobierno de España.

Ese fallo, aplicado en ausencia del acusado y recogido por José Medina Jiménez en su libro La familia Negrín en Gran Canaria (La parcelación de Las Palmas de Gran Canaria (1845-1945), no fue el único dictamen judicial que la dictadura franquista levantó en contra de Negrín para convertir al político grancanario en el enemigo del régimen. Meses después, en septiembre fue condenado a 30 años de prisión por el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo –sin ser masón ni comunista–.

La persecución franquista contra Negrín, en el exilio desde el final de la Guerra Civil, y su familia no se contuvo tras esas dos sentencias. El 18 de diciembre de 1944, en el juicio abintestato de su padre, el régimen fascista se adjudicó los derechos sucesorios del científico y político grancanario, lo que comprendía “la totalidad de sus bienes” –que incluían un piso en la calle Serrano de Madrid y el piano Strauss número 30.881.

Compensación

En 1995, los herederos de Negrín lograron una primera restitución para la figura del último presidente –durante la Guerra Civil– del Gobierno de la II República. Entonces, el Ministerio de Justicia e Interior aprobó un decreto que obligaba al Estado a abonar a la familia Negrín 287 millones de pesetas –unos 1,7 millones de euros– como compensación. El decreto, autorizado por el último gobierno de Felipe González (PSOE), pretendía resarcir a la familia por los “daños y perjuicios por la “incautación y administración judicial de los bienes integrantes de la herencia de don Juan Negrín Cabrera [padre del político] por aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939”.

Ese primer paso dio a otro. En 2009, a petición de José Miguel Pérez, el PSOE de Rodríguez Zapatero devolvió el carnet del partido a Juan Negrín tras ser expulsado de la formación en 1945 por Indalecio Prieto por considerarle “un traidor” entregado al Partido Comunista de España (PCE).

Revocación de distinciones

La nueva Ley de Memoria, que derogará la aprobada en 2007, servirá para ilegalizar fundaciones como la Francisco Franco o asociaciones que hagan apología de la dictadura o que, directa o indirectamente, inciten al odio o la violencia contra las víctimas de guerra o régimen franquista. Además, algunos artículos de la norma se refieren a la posible revocación de distinciones, nombramientos, títulos y honores institucionales -que servirá para retirar las medallas al policía Billy El Niño, acusado de torturar durante la dictadura-, así como la supresión de títulos nobilarios “que hayan sido concedidos o supongan la exhaltación” de la contienda civil o la era franquista. Se incorpora en el proyecto un régimen sancionador para infracciones, con el fin de evitar “las humillaciones” especialmente en los espacios públicos 

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