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Canarias incumple su promesa de perdonar las tasas a los repetidores

Se estima que unos 24.000 universitarios de todas las Islas están afectados por esta medida | Educación planea sufragar el gasto concediendo becas a más estudiantes

| andrés gutiérrez

| andrés gutiérrez

Las promesas de la Consejería de Educación han caído en saco roto. Unos 24.000 universitarios repetidores se han visto obligados a pagar el recargo por una segunda matrícula de la que se les había prometido que quedarían exentos debido a la situación de la Covid-19. La Consejería de Educación admitió ayer que las tasas universitarias no se modificarán con respecto al periodo anterior e insistió en que las necesidades económicas del alumnado se van a sufragar a través de las becas, con las que pretenden llegar a más estudiantes este año.

Ayer se abrió el periodo de matriculación en la Universidad de La Laguna (ULL) y, de inmediato, se matricularon más de 10.000 alumnos. Además de cumplir con creces los objetivos del equipo de gobierno de la ULL, esta gran afluencia de alumnos les permitió percatarse de que tendrían que abonar un precio mayor al que se había comprometido la Administración pública por las asignaturas que tenían que repetir.

“Máxima difusión. Queremos soluciones. Se dijo que no se cobrarían segundas matrículas o posteriores y la sorpresa al hacer la matrícula es que sí se han cobrado. Según el Servicio de Información de la ULL, es una decisión de la Consejería de Educación, decisión que no sale en ningún boletín”, lanzaba uno de esos alumnos ayer en un tuit. Y es que muchos de los estudiantes, que fueron testigos del compromiso que había adquirido el Gobierno de Canarias con las universidades, habían variado su plan de estudios para adaptarse a la contingencia provocada por el coronavirus y quizás, en octubre, poder cursar alguna de estas asignaturas de manera presencial. Algo a lo que se habían visto impedidos en aquel entonces por el estado de alarma y el confinamiento total de la población.

La ULL se defiende

Tras las quejas vertidas por redes sociales, la universidad se vio obligada a responder, dado que muchas de las críticas iban dirigidas directamente a la universidad. En un comunicado la ULL se defendió afirmando que “el Gobierno de Canarias, que es quien tiene las competencias, no ha publicado el decreto de tasas del curso 2020/21”, por lo que la universidad se había visto obligada a “aplicar el decreto del año pasado”, que no contempla en ningún aspecto esta prórroga.

Lo que no tenían claro entonces la Universidad de La Laguna (ULL) ni la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) era si la Consejería de Educación realmente iba a modificar el decreto para que contemplara esa modificación a la que se había comprometido en abril. La publicación se ha dilatado y se estima que pueda llevarse en “breve” a Consejo de Gobierno, pero como adelantó a este periódico el Director General de Universidades, Manuel Ramírez, “el decreto de tasas 2020-2021 será exactamente el mismo que el curso pasado; no habrá ninguna variación”. Esta confirmación cambia la situación totalmente, pues aunque se retrasara, si se hubiera modificado el importe, los estudiantes podrían haberse visto beneficiados con posterioridad, dado que la universidad “devolvería el importe”, como confirmó Antonio Ramos, vicerrector de estudiantes de la ULPGC.

La rectora de la Universidad de La Laguna (ULL), Rosa Aguilar, aseguró que su equipo había esperado el máximo tiempo posible para comprobar si en la publicación de las nuevas tasas se contemplaría ese compromiso que había sido adquirido entre las universidades y la consejería durante los primeros meses de pandemia. Esto se refleja en que han tardado más que la ULPGC en poner en marcha su periodo de matriculación. “No tenemos ninguna certeza de que se vaya a hacer, pues no se ha hecho alusión a ello después de que hiciéramos un comunicado conjunto adquiriendo varios compromisos para no perjudicar a los estudiantes”, afirmó Aguilar. Entre estos compromisos se encuadraba también la posibilidad de que no corrieran convocatorias, es decir, que las convocatorias de exámenes realizados no se contabilizaran para no agotarlas y que no se aplicara la normativa de permanencia, que regula el número de créditos mínimos de los que hay que matricularse cada año.

El decreto de tasas universitarias de este año será el mismo que el publicado en 2019

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“Estos dos compromisos corren a cargo del Consejo Social de las universidades, así que una vez aprobados, se ha podido poner en marcha este curso”, insistió la rectora de la ULL. Sin embargo, el último de los preceptos de ese acuerdo era el que quedaba lejos del ámbito competencial de las universidades pues recaía en manos del Gobierno de Canarias. “Las universidades nos comprometimos a que no corriera la convocatoria, la Consejería a congelar los precios de la matrícula”, recordó Aguilar.

De hecho, de dicho acuerdo, realizado con el anterior equipo de Gobierno liderado por María José Guerra, tan solo se publicó un comunicado conjunto. Ni se firmó ningún documento ni se habló más del mismo. En el acuerdo se podía leer que “con la concurrencia de los Consejos Sociales de las dos Universidades públicas, de quienes depende la definición de normas de progreso y permanencia en los estudios, se acuerda no contabilizar las convocatorias agotadas y no superadas en el curso 2019/20, a ningún efecto y, específicamente, en lo relativo al progreso y permanencia y en cuanto a importes de matrícula a abonar en cursos sucesivos”.

“Nunca se ha eximido”

“No se va a eximir como no se ha eximido por ninguna circunstancia sobrevenida y como no se exime en ninguna otra comunidad autónoma”, remarcó Ramírez. El director general de Universidades recordó que el precio de las tasas por crédito en Canarias son las más bajas de todo el sistema universitario español y se mostró en contra de realizar una rebaja que afecte a todos los alumnos por igual. “Si tú reduces los precios públicos beneficias a todos los que tienen que pagar una matrícula y esa medida, que aplicas a todos por igual, no tiene en cuenta variables como la renta o si un alumno tiene o no trabajo”, insistió el director general. Además, concluyó que la Covid-19 no ha supuesto una merma de la tasa de éxito académico. “Según los datos que se nos ha trasladado desde las universidades, no ha habido más suspensos a raíz de la pandemia”, insistió. Razón por la cual consideró que esta rebaja de tasas no es necesaria.

De ahí que desde la Consejería de Educación hayan optado por “administrar los recursos públicos para beneficiar a los que más lo necesitan” a través de un nuevo Decreto de Becas que se publicará posiblemente la próxima semana en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). En él se han aumentado los umbrales “para que haya más gente que se pueda beneficiar de las becas públicas” y se ha aplicado “una exención de tasas de matrículas sucesivas en determinadas carreras con un alto grado de experimentalidad”. Asimismo aseguró que, aunque la publicación del decreto se ha retrasado, “se resolverá mucho antes que en años previos”. El director general, de hecho confió en que los alumnos puedan disponer de su beca a final de año porque ya tienen previsto empezar las gestiones “desde que culmine el proceso de solicitudes”. A pesar del revuelo suscitado en la comunidad educativa, Ramírez quiso hacer hincapié en que “ningún estudiante con derecho a beca va a tener que abonar su matricula por culpa del retraso en la publicación del Decreto de Tasas 2020/2021”.

Compromisos adquiridos


  • No cobrar repeticiones. El plan de medidas urgentes para paliar los efectos del Covid-19 en el rendimiento académico valoraba no cobrar segundas y sucesivas matrículas a los estudiantes. De ese modo, abonarían el precio de la matrícula que le hubiera tocado el año anterior. 


  • Sin devoluciones. Se liberaba a los estudiantes que no cumplan los requisitos académicos establecidos en la convocatoria de becas 2019-2020 de la obligación de devolver dicha ayuda.


  • Una compensación. El acuerdo establecía que la Consejería de Educación compensaría a cada uno de los dos centros por los importes de matrícula no percibidos, con un límite de 250.000 euros por cada universidad.


  • No corre convocatoria. Para evitar un perjuicio en los estudiantes, los exámenes que se realizaron el curso anterior no han agotado convocatoria.

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