En Canarias hay 7.562 personas que tienen reconocida la condición de dependientes, pero que todavía no pueden recibir las prestaciones a las que tienen derecho. A estas personas hay que añadir a los solicitantes que aún no han visto reconocida su situación. Si se les incluye, la lista de espera se eleva entonces hasta las 63.000 personas. La atención a los dependientes siguen siendo una de las tareas sin resolver en la gestión del Gobierno de Canarias. Sin embargo, se están dando algunos pasos para mejorar los datos y, en el último año, el Archipiélago ha aumentado en un 11,4% el número de dependientes que recibe algún tipo de ayuda. Según el informe del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) sobre el Impacto del Covid-19 en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), las Islas también han mejorado la cifra de beneficiarios con derecho a prestación que están pendientes de recibirla en un 15,5%.
El estudio, presentado la semana pasada a las comunidades autónomas, sitúa a Canarias como una de las regiones que cuentan con una evolución más positiva en la atención a la dependencia. El Ejecutivo canario ha incrementado en 1.353 el número de expedientes resueltos en un año con respecto a agosto de 2019, a pesar de las circunstancias sobrevenidas durante los meses en los que se decretó el estado de alarma ante el avance de la pandemia por coronavirus. Esto significa que en el último año se tramitó un 3,7% más de expedientes que en el anterior, dato que convierte a las Islas en la cuarta autonomía con un mejor registro, solo por detrás de Valencia, con un aumento del 11,5%, Navarra y Baleares, ambas con un crecimiento del 4,2%.
El director general de Dependencia y Discapacidad, Miguel Montero, ha expresado en reiteradas ocasiones que una de sus prioridades es que las personas que tienen reconocida una prestación puedan disfrutar de ella, es decir, traducir en un derecho lo que está puesto en el papel. Sin embargo, esta no es una tarea fácil. La comunidad autónoma no cuenta con suficientes plazas en centros sociosanitarios para dar respuesta a todos los dependientes que ya tienen una ayuda asignada. En el último año, el número de personas que se encuentran en esta situación ha disminuido un 15,5%, pasado de 9.040 personas a las 7.562 actuales.
Para dar respuesta a esta flagrante deficiencia es imprescindible la ampliación del Plan de Infraestructuras Sociosanitarias en el que, a día de hoy, está prevista la construcción de 7.000 plazas en tres años. De esta forma, la lista de espera registrada hasta ahora quedaría cubierta pero, a medida que se vayan resolviendo más expedientes, la demanda seguirá aumentando, por lo que la previsión de plazas se volverá a quedar corta. Además, Canarias está muy lejos de cumplir la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que estima que el número de plazas en centros para mayores debe ser del 5% respecto a la población que de más de 65 años.
Pendientes de resolución
En el Archipiélago hay 25.286 personas que reciben algún tipo de ayuda a la dependencia. Si comparamos esta cifra con la última publicada por el Imserso antes del estado de alarma, los beneficiarios con prestación han crecido un 7,6% en Canarias, con 1.793 personas más. Solo Valencia (8,5%) y Asturias (8,2%) confirman índices superiores a los registrados en las Islas.
La cifra de solicitudes se ha elevado un 9,8% desde agosto de 2019, lo que sitúa a la comunidad autónoma como la tercera en la que más personas han iniciado la tramitación de las ayudas. En Murcia se ha registrado un crecimiento interanual del 14,2% y en Valencia del 12,3%, por lo contrario, Cataluña y Galicia, con un –2,9% son las regiones a las que menos solicitudes han llegado. En concreto, en Canarias hay 55.441 solicitudes pendientes de resolución, 4.947 presentadas en el último ejercicio.
El número de dependientes fallecidos en Canarias entre los meses de agosto de 2019 y 2020 fue de 4.293. De ellos, 1.544 estaban a la espera de la valoración. Si bien, estas cifras incluyen los cerca de 1.200 expedientes que correspondían a personas que habían fallecido en los últimos ocho años y que la Dirección General de Dependencia y Discapacidad retiró del sistema al ponerlo en orden durante el estado de alarma.
PLAN DE CHOQUE
El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 desplegará un refuerzo económico de 600 millones de euros en el marco del plan de choque para mejorar el sistema de Dependencia. Así lo recoge el borrador de esta estrategia confeccionada por el departamento liderado por Pablo Iglesias y que se presentará a las comunidades autónomas para su debate en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Dicho plan fue avanzado por el secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez, en el Congreso y explicó que tendrá reflejo en los Presupuestos Generales del Estado que diseñe el Ejecutivo. El documento marca como objetivos “mejorar la gestión” del sistema de atención a la Dependencia, “reducir la lista de espera, ampliar las prestaciones y servicios, y asegurar una financiación adecuada de estas medidas mediante el incremento de la contribución de la Administración General del Estado”, de cara a que las autonomías vean mejorada su financiación. El planestima que la subida prevista del nivel mínimo y la recuperación del nivel acordado supondría un aumento de 600 millones de euros en la aportación de la Administración estatal en 2021 “en comparación con el presupuesto actual”.| EP
