Primero se inventaron una artimaña para que no hubiera elecciones. La Junta Electoral decide no reconocer la firma de uno de los miembros de nuestra candidatura porque difiere de la firma de la ficha colegial y, sin hacer ninguna otra comprobación, se basta para no permitirnos presentarnos, cargándose tranquilamente unas elecciones. En una institución normal, por el bien de la institución y por respeto a los colegiados, se hubiera buscado una salida a la situación convocando, si fuera preciso, unas nuevas elecciones.
Pero no. Y no solo se autoproclamaron de inmediato, sino que no contentos con habernos echado a la cuneta como agua sucia, intentaron rematarnos. Le mandamos un escrito al presidente solicitándole que nos recibiera para buscar una solución al tema y responden sacando un comunicado en el que nos acusan de falsificadores, con el agravante de que sabían, sin ninguna duda, que no habíamos presentado ningún documento falso. Pues lo mantuvieron en la web del colegio, abierto a todo el mundo, durante más de un año. En esta tierra a eso le llamamos hacer leña del árbol caído. Hay que ser muy ruin para hacer algo así.
Nos fuimos al juzgado y, pacientemente, supimos dar tiempo a que las pruebas fueran llegando. Así, fuimos conociendo todos los detalles.
Supimos que se sacaron datos y documentos de un colegiado fuera del colegio para entregárselos a alguien completamente ajeno a la institución, todo ello sin conocimiento ni consentimiento del colegiado en cuestión. Y eso lo hace el abogado del colegio, Guillermo Pérez.
Supimos que estas acciones del abogado se realizaron por indicación de la Junta Directiva del colegio. Supimos que todo eso se hizo en medio del proceso electoral en el que la Directiva participaba. Supimos que el abogado “asesoró” a la Junta Electoral en todas y cada una de las reuniones que tuvieron, sin que conste en ninguna parte que dicha Junta hubiera solicitado la participación del abogado en el proceso. Recordar que el abogado no forma parte de la Junta. Supimos que las actas de la Junta Electoral eran un copia y pega de los informes que el abogado les pasaba. Supimos que el perito al que se le entregaron los documentos le dijo al abogado que las firmas presentadas parecían ser de su titular. A pesar de lo cual, la Junta Electoral insiste en no reconocer la firma.
Nos parecía claro que el tema no era simplemente una equivocación de la Junta Electoral, aunque su actuación haya sido vergonzosa, sino que se buscaba una finalidad concreta: que no hubieran elecciones.
Pero una vez que conocemos los hechos con detalle y que no nos dejan usar los medios internos (lo solicitamos reiteradamente a la Directiva sin resultado), decidimos hacer una llamada de atención que sí debería llegar a todos los colegiados: intentar rechazar los presupuestos.
Presentamos una propuesta de modificación de los presupuestos para que fuera debatida y votada en la asamblea. La propuesta consistía en retirar de los presupuestos la partida prevista para la Asesoría Jurídica. Entendíamos que con esa Asesoría el Colegio no podía seguir trabajando ni un minuto más.
Nuestra intención era doble: reprobábamos al abogado y también a la Junta Directiva que lo mantiene.
No nos dejaron debatir la propuesta, como mandan los estatutos, a pesar de lo cual conseguimos en la votación rechazar los presupuestos, tras lo cual, y aunque no pudiera ser votada, manifestamos todo lo que sabíamos y lo entregamos por escrito a la secretaria para que lo adjuntara al acta, de manera que pudiera ser leído por todos los colegiados.
Rechazar los presupuestos era la llamada de atención a todos los colegiados. Nosotros sabíamos que con ello no perjudicábamos a nadie porque ya los estatutos recogen que en ese caso los presupuestos anteriores quedan inmediatamente prorrogados, con lo que el colegio no se para, sigue su curso con normalidad hasta que se aprueben unos nuevos estatutos.
Y suponíamos que después de las gravísimas acusaciones que hicimos lo único que no podía suceder es que no pasara nada. O nos empapelaban a nosotros por falsedad o se tomaban medidas con los que habían hecho toda aquella sarta de disparates. Pero no, la Directiva no pone en el acta de la asamblea ni nuestra intervención ni nuestro escrito. Montan una nueva asamblea de inmediato para votar nuevamente los presupuestos que ya habían sido rechazados sin cambiar ni una coma, llaman a rebato a sus acólitos al grito de “estos alborotadores quieren acabar con el colegio” y en la asamblea nuevamente impiden que nuestra propuesta sea debatida y votada. Un espectáculo vergonzoso, indecente.
Estos son los que presumen una y otra vez de transparencia y honradez.
No podemos dejar de resaltar otro hecho deplorable. Nos querellamos contra los miembros de la Directiva que firmaron el comunicado que nos acusaba de falsificadores. Pues en el acto de conciliación previo el representante jurídico de los querellados manifestó que la querella no debía dirigirse contra sus representados, sino contra el Colegio de Médicos, contra la institución.
Sale ahora esta sentencia que vuelve a poner a la Directiva en funciones al anular su proclamación. Y nos retrotrae al momento en que la Junta Electoral no nos reconoce, para hacer posible el reconocimiento.
Así las cosas, es urgente y necesario celebrar esas elecciones. Han pasado dos años y medio. Hay cosas que han cambiado, pero el desaguisado hay que arreglarlo. Es solo cuestión de querer hacerlo y hacerlo ya. Algo que, sin duda, todos los colegiados apoyaremos.
Pero esta historia es muy fea, perversa, huele mal y la actitud mantenida hasta ahora por la Directiva no invita a ser optimistas, ni mucho menos. Posiblemente, continúen buscando resquicios legales que les permitan seguir en sus puestos sin tener que acudir a la participación de los colegiados. Es lo que han hecho hasta ahora.
Como dice el refrán: “Cada uno recoge lo que siembra”. Porque podían haberse ido en el 2018, caso de no haber ganado las elecciones, saludando al personal con el sombrero de copa. Hemos hecho esto, esto y lo otro. Pero no, no estaban por dejar el colegio, decidieron seguir y, como le vieron las orejas al lobo, tomaron por el atajo, chapuza de por medio, y se autoproclamaron sin ningún rubor.
Ahora ya el sombrero de copa se les ha caído. Como mucho les queda una gorra desgastada. Y de perseverar en su actitud tendrán que asumir las consecuencias, porque es probable que en un día no lejano les obliguen a abandonar el colegio y si eso llega ya no podrán hacerlo por la puerta, sino por la alcantarilla.
Un último punto. Nosotros nos hemos tenido que costear todos nuestros gastos en estos procesos y ha sido mucho dinero, mucho. Mientras, los miembros de la Junta Directiva han cogido para sufragar sus costas (abogados –hasta ahora han mandado tres–, procesos, procuradores e incluso la pericial que encargaron) el dinero de todos los colegiados.
Pedro Cabrera, presidente en funciones desde febrero de 2018, tiene el dudoso honor de ser el único al que en la centenaria historia del colegio la Justicia le anula unas elecciones y también el único al que la Asamblea le rechaza unos presupuestos. Ambas circunstancias por la misma razón, utilizar la institución como su palacio particular ayudado por un abogado que va en contra de los colegiados y sus derechos.
Ha llegado el momento de decir “basta ya”. Los colegiados, la sociedad y la propia institución necesitan acabar con esto. Democracia y decencia para el Colegio de Médicos de Las Palmas.
P.D.: No habíamos terminado de elaborar el comunicado cuando la directiva del Colegio saca un comunicado diciendo que aquí no ha pasado nada. Pues eso. Más de lo mismo.
