El Sr. González Tejera considera que los restos mortales de su abuelo y del último alcalde republicano de San Lorenzo permanecen sepultados “como basura en ese agujero” ―así lo ha escrito en reiteradas ocasiones; tal percepción extendería la misma categoría de “desecho” a los miles de adultos y niños, vecinos y vecinas de la ciudad, que fueron inhumados tras su fallecimiento en esos cuarteles durante más de medio siglo, así como todos aquellos que se enterraron así en otros cementerios.
Hace ya más de año y medio que un conocido escritor y activista social, miembro destacado del asociacionismo memorialista de Gran Canaria, el Sr. Francisco González Tejera, viene vertiendo regularmente en las redes sociales y en diversos medios de comunicación toda una serie de imprecisiones, ocultamientos y calumnias alrededor de la investigación llevada a cabo en el Cementerio Municipal de Las Palmas-Vegueta, realizada a petición suya y de su familia, como descendientes directos de una de las víctimas, para la búsqueda y posible localización e identificación de dos de las cinco personas asesinadas tras el golpe militar de julio de 1936 en el antiguo municipio de San Lorenzo de esta isla, más conocidos como los fusilados de San Lorenzo. Ese trabajo fue llevado a cabo y concluido por un equipo de historiadores de la ULPGC, coordinado por mí mismo, tras el establecimiento de un proyecto-convenio de colaboración entre el Cabildo Insular de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico y el Departamento de Ciencias Históricas de la ULPGC.
Hasta ahora me había resistido, al igual que el resto de mis compañeras y compañeros de investigación, a entrar a valorar las arbitrarias afirmaciones del Sr. González Tejera, las cuales suele revestir de superioridad moral frente a las acciones u opiniones de otros, dada su condición de nieto de fusilado y por presentarse como experto en la represión franquista en las islas, después de muchos años de recabar testimonios sobre torturas, asesinatos y desapariciones y de publicarlos en varios libros y en múltiples artículos de prensa. No obstante, creo que todo tiene un límite, en especial cuando se trasgrede el honor de las personas y se cae directamente en la difamación. Sobre esta cuestión volveré al final de estas líneas, pero antes me gustaría aclarar algunos puntos sobre los que ese señor se recrea de continuo, en lo concerniente a la mencionada investigación del Cementerio de Vegueta, y que constituyen toda una falacia argumental.
Para empezar, no existe una fosa común de la Guerra Civil en el Cementerio de Vegueta. Eso es radicalmente falso y es un equívoco que insistentemente se usa de modo torticero en medios de comunicación y redes sociales, con el objeto de excitar a una extensa parroquia de indignados contra “el ocultamiento fascista” de las instituciones insulares. Lo que encontramos en este recinto funerario son seis áreas o cuarteles para enterramientos en fosa común que fueron planeadas por el arquitecto municipal Laureano Arroyo ¡en 1899! Y que entraron en funcionamiento a comienzos del siglo XX con el ensanche de este camposanto. Esto quiere decir que, cuando dos de los represaliados de San Lorenzo fueron enterrados en el Cuartel Nº 6, según el Registro de Inhumaciones del Cementerio, estas fosas comunes llevaban en uso más de tres décadas. ¿Y a quién se enterraba en ellas? Pues a una parte muy significativa de la población civil de la ciudad de Las Palmas. Ciudadanos y ciudadanas de extracción popular que carecían de recursos para pagarse un nicho; es decir, miles de personas, a veces hasta el 80% de los fallecidos en un año. Se trata, además, de una etapa histórica, donde las altas tasas de mortalidad infantil y ordinaria se combinaban con una creciente falta de espacio para los enterramientos, lo que hizo necesaria la apertura de nuevos cementerios en la ciudad a partir de 1939 (Tafira, Puerto y San Lázaro). Por tanto, en modo alguno se pueden asociar estos lugares de inhumación del recinto de Vegueta con ninguna fosa común clandestina o de desaparecidos de la Guerra Civil. No son espacios asimilables a las fosas comunes cavadas exprofeso para el entierro de personas asesinadas extrajudicialmente con el objeto de ocultar sus cuerpos. Y por eso es asimismo muy significativo que tres de los cinco fusilados de San Lorenzo recibiesen sepultura en nichos individuales de ese cementerio de Vegueta.
Según el Registro de Inhumaciones del Cementerio, los dos represaliados de San Lorenzo fueron enterrados el 29 de marzo de 1937 en la Fosa Nº 2 del Cuartel Nº 6. Cualquier persona ajena a esta problemática podría de entrada pensar, con buen criterio, que bastaría con acudir a esa coordenada espacial, excavar el terreno y localizar e identificar los restos. El problema surge cuando no se puede señalar el lugar exacto, porque la única referencia de ubicación que por ahora se puede apoyar documentalmente es la del Libro de Registro y esta no sirve para tal propósito. Estamos hablando de que solo el cuartel Nº 6 abarca un área de unos 500 metros cuadrados en donde se abrieron 29 fosas comunes y se sepultaron los restos de miles de vecinos de todas las edades. No se ha hallado, después de una ardua tarea de documentación, ningún plano, croquis o dato sobre la numeración y el alineamiento de las fosas. De hecho, la secuencia numérica de los cuarteles, del uno al seis, que se da por buena e inalterada durante décadas, es la correspondiente al citado plano de 1899. Puede ocurrir, incluso, que cuando se menciona a veces en los libros Fosa 6 se refiera al Cuartel Nº 6, o que la numeración de los Cuarteles 5 y 7 hubiera permutado. Por otra parte, antes del 1 de enero de 1937 los enterramientos no aparecen registrados mediante número de fosa ni de cuartel. Esto supone que no se pueda ni siquiera saber en qué área de las seis fue enterrada cualquier persona antes de esa fecha, lo que incluye sin reservas a los represaliados enterrados allí en el año 1936.
La consecuencia fundamental después de todo lo dicho anteriormente es que según la labor de rastreo documental, testifical y arqueológica realizada, no se puede asegurar el lugar concreto donde está, o estuvo, emplazada la fosa en la que fueron inhumados dos de los cinco fusilados de San Lorenzo. No ha aparecido ningún dato empírico que muestre con exactitud o alto grado de fiabilidad esa localización, ya sea mediante descripción, representación a través de planos numerados o mediante sondeo arqueológico. Esto es lo decisivo de la investigación. Mientras estas herramientas no aparezcan y parece muy improbable que este hecho se produzca― localizar la fosa y los restos depositados en ella resulta actualmente inviable. Y así lo hemos reflejado, y argumentado, en un informe de 2019 titulado Los represaliados de la Guerra Civil enterrados en la Fosa Común Nº 2 (Cuartel 6) del Cementerio de Las Palmas-Vegueta.
El Sr. González Tejera desoye en todos sus escritos estos enormes obstáculos a la localización de la fosa, como si no existieran, y reclama que se siga buscando. Pero ¿buscar dónde? ¿Con qué indicios sólidos? ¿Es viable la localización a través de los datos con los que se cuenta? Si se entra a fondo en estas premisas, como se ha hecho en nuestro informe, la respuesta es que las perspectivas de éxito son nulas y aconsejan no continuar, hoy en día, con esos costosos trabajos. Imaginemos las implicaciones sociales y jurídicas que se derivarían de remover a las bravas esos cuarteles. ¿Por qué entonces ha provocado tanto ruido mediático esta investigación? ¿De dónde provienen las engañosas expectativas sostenidas durante todo este tiempo? Sus razones habrá, pero las supuestas pruebas que se decían poseer sobre la indudable geolocalización de la tumba de los fusilados se han revelado indemostrables. Esas pruebas se basaban en un único testimonio oral cuya consistencia terminó siendo más que dudosa.
En 2016 los reclamantes presentaron al Cabildo Insular un informe de parte elaborado por la Asociación para la Recuperación de Desaparecidos del Franquismo (ARDF Desaparecidos), entidad radicada en la Península. Este documento venía a replicar a otro informe del mismo año encargado por el Consejo Consultivo de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, redactado por el profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, Pedro García Bilbao, y que señalaba como “una dificultad insalvable la imposible localización de una fosa no asignada en exclusiva a víctimas de la represión”. Sin embargo, ARDF Desaparecidos dictaminaba todo lo contrario, afirmando de manera rotunda que la fosa se hallaba intacta y localizada. Se amparaban únicamente en el testimonio de aquel individuo que decía saber el punto concreto del cementerio donde se hallaba la tumba y, en tal sentido, mostraban una cuadrícula numerada del Cuartel Nº 6 y sus fosas, supuestamente deducida de las informaciones de dicho testigo.
Cuando entrevistamos de manera oficiosa a esta persona ―nunca quiso que grabáramos su declaración― pudimos corroborar lo que ya veníamos sospechando mediante el cruce de datos de la investigación; esto es, la enorme fragilidad de su versión. En contra de lo que se había asegurado, el padre de este testigo no había presenciado el enterramiento de los fusilados de San Lorenzo ni mucho menos había participado en él. Habrían sido otros foseros quienes le habrían trasmitido una información que el paso del tiempo habría podido devaluar en lo que a la localización de la fosa se refiere. Es más, reunidos con él en el interior del mismo Cuartel Nº 6, nos reportó toda una serie de indicaciones confusas, deslavazadas y en flagrante contradicción con lo que se reflejaba en el informe de la ARDF Desaparecidos. Al mostrarle la cuadrícula elaborada por esa asociación a partir de sus informaciones, no consiguió ubicar la fosa, cambió la orientación de Este a Oeste de su numeración, y ofreció varias localizaciones diferentes. Las afirmaciones que realizó no concordaban tan siquiera con la información que brindan los libros de inhumación.
En cualquier caso, el Equipo Investigador ya había tomado la decisión de hacer el sondeo arqueológico en el lugar donde la cuadrícula de ARDF Desparecidos presuntamente localizaba la Fosa Nº 2, en el sureste del Cuartel Nº 6. ¿Qué nos encontramos en ese espacio abierto de unos ocho metros cuadrados? Pues, a 50-60 cm de profundidad, una vez despejado el relleno en superficie, una trama completamente irregular de, al menos, cinco fosas de inhumación y sus espacios interfosas ―nada que ver con lo que mostraba la cuadrícula de ARDF Desaparecidos―, que se desdibujan en varios tramos y que demuestran un modelo constructivo muy alterado por lo que, creemos, fueron las continuas reaperturas y reutilizaciones de los cuarteles, algo por otra parte muy habitual en los cementerios civiles. Recordemos que la Fosa Nº 2 se reabrió dos veces más, en 1942 y en 1955, para seguir enterrando más cuerpos ―sumando un global de ¡133 cadáveres! si nos atenemos a los registros― hasta su clausura definitiva. El sondeo constató, como digo, cambios en las dimensiones y en las dinámicas de funcionamiento de estas fosas comunes, por la intensidad de su uso vinculada a una alta mortandad o por problemas de conservación de sus límites.
Pero lo realmente significativo es la evidente escasez de restos humanos que presenta el espacio sondeado. Aparecieron solamente dos depósitos individuales ―cuerpos esqueletizados― a muy escasa profundidad (unos 60 cm.), muy por encima del límite que disponía la norma de los cementerios civiles, que lo establecía a un mínimo de 1’5 metros. Cabría aventurar la hipótesis de que pudiera incluso tratarse de depósitos posteriores al cierre de las fosas. Uno de ellos corresponde a un infante de alrededor de cuatro o cinco años, cuya anatomía se representa parcialmente, pues fue cortada por el espacio de inhumación del otro cuerpo, el de un varón adulto de mediana edad. El hecho de que aparezca una pequeña botella de vidrio asociada al cuerpo infantil no debe de entrada relacionarse con ningún contexto represivo, pese a lo que se ha sugerido. Por cierto, no sabemos con qué criterio se atribuye el género femenino al infante. Más bien se trataba de una práctica frecuente en los cementerios españoles destinada a contener los datos identificativos del fallecido. Por desgracia, este recipiente se encontraba completamente vacío. Por último, a 1’5 metros de la superficie actual, dentro de los límites del sondeo 3/fosa B, aparecieron dos ataúdes en posición primaria, sin más presencia de restos óseos o de otros elementos funerarios en el área examinada. No está de más apuntar que el límite de profundidad en estas fosas comunes, en consonancia con las características del terreno, era alrededor de 3 metros.
¿Qué hemos podido interpretar después de esta somera descripción del sondeo? Que hubo reutilización de estos espacios, lo que supone la reubicación o, más probablemente, la retirada de inhumaciones precedentes para que el lugar pudiera albergar nuevos cadáveres. Este requisito debió constituir una práctica continuada en el tiempo. En consecuencia con esto último, resulta muy poco probable ―por no decir imposible― que se conservasen en esas fosas comunes el extraordinario número de cuerpos que secuencialmente fue allí inhumado según la documentación escrita. La media calculada de cuerpos por fosa que reflejan los libros de registro estaría en unos cien cadáveres. Físicamente es imposible una superposición de este nivel. Tampoco hay ninguna evidencia arqueológica que permita establecer una correspondencia entre el área sondeada y las fosas numeradas de los libros de registro, en especial con la Fosa Nº 2. No se ha podido establecer una relación inequívoca entre los escasos restos encontrados y la relación nominal de personas enterradas en esa fosa, que figura en el índice de inhumaciones de Vegueta. Con este exhaustivo trabajo nuestra investigación ha desmentido la tesis de la ARDF Desaparecidos de que la Fosa Nº 2 se hallaba intacta y localizable en el punto de la cuadrícula que se inventaron.
Vuelve a faltarse a la verdad cuando se subraya que nuestro informe resuelve que los restos de los dos fusilados de San Lorenzo ya no están en el Cementerio de Vegueta porque así nos lo contó un testigo sin mediar prueba alguna. A la vista está, por todo lo explicado más arriba, que esto no es así. Este testimonio, ―el único con el que hemos podido contar de alguien que afirma haber presenciado directamente lo que describe,― nos informó de un supuesto traslado a un basurero municipal de los restos óseos del Cuartel Nº 6, mediante el vaciado de entre 2 y 2’5 metros del terreno. En ningún lugar de nuestro informe se da por demostrada esta declaración ―léase, por ejemplo, las páginas 21 y 22. Obviamente, la tenemos que tomar en cuenta como una hipótesis más, pero a la par decimos que algunos elementos de este testimonio entran en contradicción con las fechas que el testigo maneja y el aspecto que presentaba el Cuartel Nº 6 en determinadas fotos aéreas de la década de 1980 e, igualmente, con algunas de las evidencias mostradas por el sondeo arqueológico.
Nuestro informe también aborda profusamente otros aspectos destacables de la investigación, como las sucesivas intervenciones externas en el espacio de enterramiento, la afectación de los fenómenos ambientales, las posibilidades de conservación de los restos, etc., en los que evito entrar para no seguir alargándome más y fatigar al lector. Remito a la lectura de nuestro dictamen a todo aquel interesado en esos pormenores, informe que es de propiedad pública y está depositado en los organismos contratantes del mismo. El Sr. González Tejera solo se refiere a él para denigrarlo y despreciarlo, pero jamás muestra nada de su contenido ni apoya su desacuerdo rebatiendo una sola cita literal. Acusa a los demás de un ocultamiento que él ejerce todo el tiempo. No podría siquiera asegurar que lo haya leído, ya que, en el momento de su presentación, tuvo la deplorable conducta de arrojarlo sobre la mesa, tras apenas hojearlo, y a renglón seguido rechazó oír su explicación abandonando la reunión. Poco antes de ausentarse, amenazó a varios de los presentes con una demanda judicial si se nos ocurría avanzar en la propuesta de reconocimiento del Cuartel Nº 6 como espacio para la memoria democrática en el que figurase el nombre de su abuelo. Idéntica amenaza, y algún insulto, recibí de su prima unas horas después por wasap. Aún conservo ese mensaje.
El Sr. González Tejera considera que los restos mortales de su abuelo y del último alcalde republicano de San Lorenzo permanecen sepultados “como basura en ese agujero” ―así lo ha escrito en reiteradas ocasiones―. Tal percepción extendería la misma categoría de “desecho” a los miles de adultos y niños, vecinos y vecinas de la ciudad, que fueron inhumados tras su fallecimiento en esos cuarteles durante más de medio siglo, así como todos aquellos que se enterraron bajo las mismas condiciones en los otros cementerios municipales y cuyos nombres figuran en los registros. Cierto que este tipo de prácticas funerarias ―que se extinguirían a partir de los años 60―nos parecen inaceptables, salvo situaciones excepcionales, en la sociedad actual, pero precisamente para eso estamos, entre otras cosas, los historiadores profesionales, para no juzgar con ojos del presente determinados hábitos sociales del pasado.
Puedo entender la frustración personal del Sr. González Tejera por el resultado de nuestra investigación. Les aseguro que el Equipo agotó todas las posibilidades informativas que nos ofrecen las fuentes con las que contamos. Sufrimos también cierto desgaste emocional por no obtener los resultados esperados, aunque siempre tuvimos claro que nuestro papel era reivindicar la utilidad social de la Historia y, por ello, no nos arrepentimos de nada. Hicimos nuestro trabajo desde la máxima honestidad profesional. Lo mismo tengo que decir de las personas e instituciones que apoyaron y financiaron este proyecto de investigación. La libertad para operar fue absoluta y el ofrecimiento de cualquier medio que necesitáramos para avanzar en el objetivo de encontrar la fosa, constante. Simplemente no pudo ser. Y todos y todas compartimos entonces la misma decepción. Ni presiones políticas ni oscuras tramas filo-fascistas se pusieron en marcha para hacer naufragar la localización de los restos de los fusilados de San Lorenzo. Comentarios de tal índole sugieren una cierta propensión al bulo o al delirio conspiranoico. Actitudes estas, como sabemos, muy extendidas en el ámbito de las redes sociales.
El tono pendenciero, más propio de esos matones narcisistas que abundan por las mencionadas redes, y los tremendos insultos lanzados hacia personas con nombres y apellidos e instituciones públicas no debieran, en mi opinión, acogerse sin más a la defensa de la libertad de expresión, con el resultado de sentirse en una total impunidad. En esa línea, el pasado 1 de noviembre el Sr. González Tejera ha escrito en un blog personal, también reproducido en su muro de Facebook, que “un informe pagado a precio millonario a varios sinvergüenzas de la Universidad de Las Palmas, [concluye] con enorme oscurantismo, sin ningún tipo de pruebas documentales ni testimoniales, que allí no estaban los fusilados de San Lorenzo, que se llevaron de allí sus restos en los años 80”. No es la primera vez que vierte sin fundamento acusaciones de esta naturaleza, si bien creo que ha tocado fondo con esta imputación. Es una calumnia inaceptable y el Sr. González Tejera es consciente de ello. Miente a sabiendas de que lo hace. Sobre este particular me reservo personalmente las acciones legales oportunas.
Ninguno de los integrantes del Equipo de Investigación ha cobrado un céntimo por los cientos de horas dedicadas a localizar la fosa. El presupuesto para la investigación alcanzaba los 30.000 euros ―dispuestos a partes iguales por Cabildo (15.000l) y Ayuntamiento (15.000)―, y los gastos se gestionaron desde la Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico. En este organismo se encuentran, para quien las quiera auditar, todas las facturas y memorias justificativas del dinero empleado, mayormente para la contratación de los docentes universitarios que cubrieron la excedencia por proyecto de dos de los investigadores del equipo durante un semestre y medio, además del levantamiento topográfico y fotogramétrico del Cuartel Nº 6, el sondeo arqueológico y los gastos de edición del informe. Me atrevo a decir que hasta hemos puesto los investigadores recursos de nuestro bolsillo para costear desplazamientos a archivos y para otras cosas que no vienen al caso. A nosotros y nosotras no nos ha movido más que el compromiso profesional y cívico con la memoria democrática de nuestro país.
Pienso que la ciudadanía tiene derecho a saber que la petición de búsqueda de los restos de unas personas, que en puridad no son desaparecidos de la Guerra Civil, ha contado con el apoyo financiero de 30.000 euros del presupuesto público salidos del bolsillo de los contribuyentes canarios. No obstante, a ese señor, todo ello le parece una minucia sin valor alguno, incapaz de agradecer o reconocer el esfuerzo realizado por Cabildo y Ayuntamiento, puesto que, según su particular manera de ver el mundo, el triste hecho de no poder cumplirse con los objetivos marcados no sería más que el producto del “negacionismo” y el “ocultamiento” del “régimen fascista” que se camufla en nuestras instituciones. El Sr. González Tejera debería replantearse seriamente quién le ha engañado a él y, sobre todo, reflexionar sobre quién engaña a quién, o quién sigue mintiendo, una vez cerrada la investigación en el Cementerio de Vegueta.
