SUP y AUGC denuncian la descoordinación ministerial vivida estas semanas ante el fenómeno de la inmigración ilegal que está afectando a las Islas Canarias con un incremento de llegada de pateras y ciudadanos magrebíes "que supera el 1.000% respecto a las cifras del mismo periodo del año pasado", según los sindicatos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, respectivamente.

En conjunto, el órgano laboral cree que: "esta ausencia de liderazgo en la utilización eficaz de los recursos de los departamentos implicados está provocando graves perjuicios en el servicio policial sin que, además, Interior ejerza su competencia exclusiva como órgano coordinador del trabajo de las diferentes Fuerzas y Cuerpos de seguridad implicados en la atención de esta crisis de pateras".

En este sentido, los sindicatos alegan llevar "años denunciando las carencias del actual modelo policial por la inacción de los órganos llamados a ejercer su responsabilidad de dirección y supervisión". Una dejación de funciones que a su parecer "provoca que una vez más, ante una situación de crisis en la que se ven implicados tanto Policía Nacional como Guardia Civil, se vean las costuras de nuestro actual modelo en materia de coordinación y de movilización de recursos necesarios para la gestión de la inmigración irregular", lo que para ellos "es un drama de enorme magnitud que claramente desborda la pobre estructura policial, asistencial y social con la que contamos".

SUP y AUGC ponen de ejemplo de lo que ellos denominan "carencias", ante la situación que se vive desde hace varias semanas en Canarias, la visita en poco más de un mes del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en plena crisis por la saturación de migrantes en el muelle de Arguineguín (Gran Canaria), con el objetivo de abordar el drama migratorio. Y que por ello y a su entender ha propiciado, además, que hayan acudido a la isla otros dos ministros, Carolina Darías, titular de Política Territorial y Función Pública, y Fernando Grande-Marlaska, de Interior, sin que el Gobierno de España haya puesto solución al problema.

"El polémico y masificado campamento de emergencias de Arguineguín, en Gran Canaria, donde anoche pernoctaron 1.920 personas, ha llegado a dar cabida a más de 2.500 migrantes hacinados. Y ante esta situación hay que apostar por un refuerzo de las fronteras exteriores, como elemento fundamental para recuperar la confianza pública", subrayan los dos sindicatos.

En 2019, la Agencia de Fronteras de la Unión Europea (Frontex) ponía en marcha su propio cuerpo policial uniformado y armado, convocando un proceso de selección para cubrir 700 plazas de agentes que pasarán a formar parte de la Guardia Europea de Fronteras y Costas, que operará a nivel europeo. Este nuevo cuerpo policial tendrá la competencia de controlar las costas y los límites territoriales de los países fronterizos con Estados de la Unión Europea.

Pero para el SUP y el AUGC "el objetivo de reducir la presión migratoria y salvaguardar los derechos humanos de los migrantes sólo podrá lograrse si se concibe como un reto al que asignar suficientes medios materiales, a través de inversiones de urgencia en medios de protección frente al contagio del Covid-19, vehículos, instalaciones móviles para la toma de huellas o incoación de expedientes de extranjería, refuerzo de plantillas, adquisición de medios aéreos y marítimos y potenciación de la prevención en los países de origen mediante equipos conjuntos de investigación".

Finalmente ponen énfasis en el "incidente" que ocurrió el martes con el desalojo de más de 200 migrantes del puerto de Arguineguín, lo que para ellos "destapan nuevos episodios de descoordinación entre Administraciones" y que creen que se necesita "una respuesta global, coordinada y conjunta".