Unión Sindical de Inspectores de Educación -USIE Canarias-, presidida por Francisco Rodríguez Machado, ha mantenido varias reuniones con los senadores canarios de los diferentes grupos políticos para explicar y trasladar la preocupación del colectivo con respecto a la modificación que plantea la nueva Ley educativa, que está en fase de tramitación en el Senado, en lo que se refiere al acceso por concurso-oposición, al cuerpo de inspectores de Educación.
El sindicato asegura que la nueva Ley educativa (Lomloe) pretende eliminar la palabra “prueba” para el acceso a la inspección, y sustituirla por “valoración”. “Esto supone un hachazo a la independencia de la que siempre ha gozado el colectivo, poniendo en peligro la imparcialidad, la objetividad y el carácter técnico y profesional que debe tener la inspección educativa”, indicó Rodríguez.
USIE Canarias está a la espera de respuesta del grupo político PSOE para cerrar la ronda de reuniones que ha solicitado a los partidos canarios con representación en el Senado antes de que culmine la tramitación en la cámara alta del Proyecto de Ley Orgánica.
Reunión con Armas
El sindicato también mantuvo una reunión con la consejera de Educación, Manuela Armas, y la viceconsejera, Mª Dolores Rodríguez, para trasladar las principales preocupaciones sobre el estado de la educación en Canarias y las líneas principales de su labor sindical. “La consejera, que conoce bien el servicio de inspección, nos trasladó su satisfacción por la creación y funcionamiento del sindicato como herramienta democrática al servicio de la educación”, indicó Rodríguez Machado.
Desde USIE Canarias se trasladó “el excelente trabajo de los equipos directivos y docentes en la puesta en marcha del presente curso escolar y cierre del anterior, la relevancia del trabajo del personal inspector, que tuvo una importancia vital en los momentos más álgidos del confinamiento con el acompañamiento y asesoramiento a los centros de una manera cercana, a pesar de las dificultades con las que nos encontramos para ejercer nuestra labor”.
Entre sus demandas figura: la necesidad de disponer “de forma inmediata” de los recursos técnicos básicos y necesarios para el correcto desempeño de las funciones encomendadas; mejoras en las infraestructuras de las sedes de Gran Canaria e islas no capitalinas; la regulación del teletrabajo adaptado a las peculiaridades del servicio de inspección; y la revisión de la asignación de zonas de inspección en Canarias.
