Optimista ante la aventura de un año presupuestario y de gestión que debe suponer un avance notable en las materias que gestiona su consejería, entiende que los retos que se plantea el Ejecutivo autonómico son de tal envergadura que requiere no solo esfuerzo, sino de una dotación de recursos humanos que cubra las carencias que afectan en la actualidad a la Administración. El consejero espera culminar el próximo ejercicio con la Estrategia de Acción Climática, el Plan de Acción Climático y el Plan de Transición Energética en fase de aprobación definitiva e, incluso, con el visto bueno total de algunos de ellos.
¿Qué balance hace del año 2020 en su consejería?
La evaluación es positiva. A pesar de la crisis sanitaria hemos podido cumplir con los objetivos que nos habíamos marcado, principalmente en materia legislativa y de ejecución presupuestaria. La finalidad era tener en fase de exposición y aprobado en el Consejo de Gobierno el documento de Ley de Cambio Climático, algo que se produjo a comienzos del otoño, además de iniciar la redacción de los otros textos normativos que serán importantes, tales como la Ley de Economía Circular y la Ley de Biodiversidad del Patrimonio Natural, y tener en fase de redacción los documentos en los que se sustentará la puesta en marcha de la Ley de Cambio Climático, que son la Estrategia de Acción Climática, el Plan de Acción Climático y el Plan de Transición Energética. Desde el punto de vista normativo, estamos plenamente satisfechos.
¿También lo está con el presupuesto?
Doblemente satisfecho. En el presupuesto de 2020 se produjo un incremento importante respecto al de 2019, en torno a un 20%, que, a pesar de la dificultad de gestión que hemos tenido este año a raíz de la crisis sanitaria, con un gran esfuerzo del personal de la casa hemos logrado su ejecución en un porcentaje muy elevado, más allá de aquellos fondos comprometidos a través del Feder, que tienen otro tipo de condicionante.
¿Tiene la misma satisfacción ante las cuentas de 2021?
Pues también estamos contentos, porque se produce un incremento de casi un 20%. El de 2021 sabemos que es un aumento coyuntural, a raíz de los fondos adicionales que van a venir para compensar los efectos de la crisis sanitaria. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es asumir con responsabilidad ese aumento y, a la vez, saber que tenemos un reto importante de gestión. Estamos teniendo un problema de gestión desde el punto de vista de los recursos humanos con los que contamos en la administración pública. El problema no es tanto captar fondos, sino que tenemos que empezar a diseñar mecanismos para que a la captación de fondos automáticamente se le asocie una capacidad de gestión. Eso pasará por reforzar los equipos humanos, que no es sencillo dentro de la Comunidad Autónoma, donde tenemos dos prioridades máximas: refuerzo de personal sanitario y educativo.
En los últimos meses ha insistido en agilizar la burocracia para atraer proyectos de desarrollo sostenible.
Así es. En el Decreto Ley 15/2020, que recientemente fue convalidado por el Parlamento de Canarias, se introdujeron mecanismos que van a facilitar la gestión de algunos fondos. Por ejemplo, va a facilitar el poder avanzar en el autoconsumo energético, ya que la colocación de placas solares en las cubiertas no solo está exenta de licencia, sino que, además, lo está de los condicionantes de tipo urbanístico. Desde el punto de vista ambiental, es necesario agilizar la tramitación de los distintos documentos y los expedientes de la declaración de impacto ambiental. Para eso, el Gobierno de España, a través del Real Decreto emitido para facilitar la gestión de los fondos frente al Covid, redujo los plazos a la mitad. En esa línea, sin dejar de velar por las garantías ambientales, intentaremos agilizar al máximo el tiempo de tramitación de cualquier expediente por parte de la Administración. Por tanto, incrementar los recursos humanos es una demanda de todos los departamentos del Gobierno canario.
“El presupuesto para el próximo año sube un 20% y tenemos un reto importante en la gestión”
¿Qué objetivos se marca su departamento de cara a 2021?
En primer lugar, tener aprobada de manera definitiva la Ley Canaria de Cambio Climático y Transición Energética. Ese es el gran objetivo. En segundo lugar, tener en fase de aprobación definitiva y, si es posible, aprobada definitivamente la Estrategia de Acción Climática, el Plan de Acción Climático y el Plan de Transición Energética. En este último caso, seguramente estaremos en fase de aprobación definitiva, aunque no aprobado definitivamente. En tercer lugar, tener en tramitación parlamentaria para su aprobación final la Ley de Economía Circular y la Ley de Biodiversidad y Patrimonio Natural. En cuarto lugar, tener en fase de redacción, y aprobado por el Consejo de Gobierno, el anteproyecto de la modificación de la Ley del Suelo, que demandará un gran ejercicio de diálogo y consenso por parte del Gobierno. El quinto objetivo es tener articulados los mecanismos necesarios y suficientes para garantizar la ejecución en Canarias de los fondos que le corresponden de los 140.000 millones de euros que vienen del Estado en materia de Transición Ecológica. De eso, aproximadamente Canarias tiene que recabar un volumen importante de dinero, más de 2.000 millones de euros, bien sea gestionados por el Gobierno, cabildos, ayuntamientos o por empresas privadas es una inversión que debe quedar en Canarias. Ahí nuestro papel tiene que ser importante en el control para que esos fondos se materialicen.
¿La Ley Canaria de Cambio Climático y Transición Energética abarca a todos los sectores?
Sí, es una ley transversal y afecta a todos y cada uno de los sectores. Generará obligaciones a todos y cada uno de los agentes que componen las Islas. No quedará nadie sin que se le genere una obligación, independientemente del sector al que represente y se encuentre encuadrado, ya sea público o privado, incluso si es un particular. Es una ley que va a generar obligaciones a todos y cada uno de los agentes que componen la sociedad canaria y, por lo tanto, eso es lo que está generando la complejidad que tuvo, tanto en la redacción como ahora, en su aprobación final, porque hay que consultar a todos los sectores afectados. El trámite de consulta y de participación es complejo.
Una norma que destinará 850 millones al año a la lucha contra el cambio climático. ¿Es así?
Lo que se precisa es que al menos un 2% del PIB canario se puede identificar con la acción climática. Eso significa presupuesto público, pero que tengamos nuevas actividades empresariales y económicas que directamente se encuadren dentro de la acción climática. Ese es el objetivo que nos marcamos en la Ley.
¿Se logrará la descarbonización del Archipiélago canario en 2040?
Ese es el objetivo. Entendemos la descarbonización como un balance neutro. Evidentemente, siempre cualquier economía va a tener emisiones de gases efecto invernadero. Lo que se trata es de que el balance entre lo que se emite y lo que se absorbe sea positivo, desde el punto de vista de la absorción. Los fondos europeos por parte del Estado contarán con un plan específico de energía sostenible en territorios insulares. En enero nos sentaremos con el Ministerio de Transición Ecológica para empezar a planificar esas grandes acciones dentro de esa estrategia de energía sostenible insular que se desarrollarán de aquí a 2026. Está a nuestro alcance.
¿Qué función tendrá la Agencia Canaria del Cambio Climático?
Será uno de los entes más importantes con los que cuente la Administración pública canaria. Tendrá una tarea inspectora, pero, sobre todo, de captación de fondos, de promover líneas de investigación y de asesoramiento, tanto a particulares como a empresas y administraciones públicas, para dar cumplimiento a los objetivos que se marca la Ley. Será un elemento vertebrador.
