Santiago Muñoz Machado (Pozoblanco, 1949) es catedrático de Derecho Administrativo. Director de la Real Academia Española (RAE) desde diciembre de 2018, ha publicado más de 40 libros, muchos dedicados a la reflexión en torno a la lengua, la Constitución de 1978, que tiene ya 42 años y la historia de España. Desde Madrid, reconoce sentir “añoranza” hacia Córdoba ahora que las limitaciones que impone la pandemia del coronavirus le impiden ir con la frecuencia que lo hacía. Ahora solo es “trabajo, trabajo, trabajo” y “autoconfinamiento, autoconfinamiento, autoconfinamiento”, asegura.

¿Ha soportado bien la Constitución española las tensiones jurídicas que provoca una pandemia como la que vivimos?

La Constitución española ha estado poco afectada por la pandemia. Es una norma superior. No ha habido que aplicar muchos mecanismos constitucionales con la excepción del artículo 116, la declaración del estado de alarma. Su utilización, que ha sido objeto de cierto debate, de cierta polémica si era necesario o no, si era preferible usar el estado de excepción o ninguno de los dos. Acabo de publicar en una revista jurídica un artículo que he titulado El poder y la peste del 2020, sobre todo por llamar de la manera que dice el diccionario, “peste”, a las enfermedades que producen mucha mortandad. Ahí analizo qué mecanismos tiene nuestro ordenamiento jurídico que permiten abordar la dramática situación que estamos viviendo.

¿Se ha utilizado correctamente el estado de alarma?

Mi opinión es que se ha utilizado correctamente porque la ley de 1981 que desarrolla el artículo 116 de la Constitución permite la utilización del estado de alarma en supuestos de emergencia sanitaria. Eso no era así antes, la emergencia sanitaria nunca se consideró en nuestra historia legislativa un supuesto de alteración del orden público. Tenía su regulación propia en las leyes sanitarias y se abordaba desde la administración sanitaria propiamente dicha.

Hemos echado en falta más claridad y agilidad en las administraciones para comunicar y tomar decisiones. ¿El sistema jurídico ha condicionado el ritmo de la actuación gubernamental?

Si lo ha condicionado ha sido un autocondicionamiento. Lo que tiene de característico una emergencia sanitaria es que las leyes ordinarias aceptan ser desplazadas y sustituidas por una legalidad de excepción, que ni siquiera está contemplada en las leyes, sino que se deja en manos de los gobiernos, central, autonómicos e, incluso, locales. Ellos adoptarán las medidas más necesarias: no todo está regulado, se deja al buen criterio del gobernante. Si ha habido demoras en las actuaciones o retrasos eso no es culpa de la Constitución. La Constitución habilita a los legisladores y al gobierno para que actúen ante la emergencia. No se puede echar la culpa, en este caso, a la ley.

En noviembre de 2017 coordinó a un grupo de juristas para proponer una reforma de la Constitución. ¿Modificaría ahora la propuesta?

Yo no he cambiado de opinión. La Constitución tiene 42 años y necesita ser retocada. No hay ningún texto legal, y menos la Constitución, que pueda vivir eternamente, perenne sin cambios. La nuestra la hemos estudiado mucho y ha demostrado que tiene algunas grietas, algunas sobrevenidas que podrían estar mejor reguladas y otras originarias, defectos que están desde el principio. Yo mantengo mi opinión, junto con la mayor parte de mis colegas constitucionalistas o administrativistas. La Constitución necesita ser repasada y reformada. Otra cosa son las coyunturas políticas. Ahora estamos viviendo una fragmentación de la representación política y una coyuntura en la que no es recomendable iniciar un proceso de reforma constitucional. No tenemos suficiente tranquilidad y está muy desorientada la clase política acerca de qué es lo que quiere y creo que nunca tendremos una reforma constitucional con el consenso que existió cuando se aprobó la Constitución. Eso es muy difícil, muy condicionada por la situación histórica. No es pensable que podamos volver a una situación de consenso absoluto. La Constitución hay que reformarla con las mayorías que establece el artículo 68, no hace falta más. No obstante, no es recomendable abrir ahora ese proceso de la reforma porque hay mucha contradicción política, mucha controversia y muy poca serenidad.

Y el sistema de las autonomías, ¿ha funcionado bien?

Ha funcionado bien, porque han estado muy coartadas por el poder central, que a mi juicio ha asumido una responsabilidad mayor de la que debería. Estas acciones sanitarias en una pandemia corresponden principalmente a las comunidades autónomas, sin perjuicio de que existen órganos de cooperación como el Consejo Interterritorial de Sanidad y las competencias del Estado que pueden utilizarse para coordinar mejor las acciones, pero el grueso de la acción sanitaria en un caso de emergencia corresponde a las comunidades autónomas y muchas se han echado un poco atrás a la espera de autorizaciones, de permisos y creo que han hecho omisión de sus competencias. En algunos momentos ha dado la idea de que ha sido por comodidad para que asuma la responsabilidad otro, y en otros momentos, como ahora, reclaman lo que antes habrían tenido con más facilidad.

Se dice que la RAE está anquilosada, pero esa noticia es tendencia, ‘trending topic’.

La Academia sufre algunas críticas muy injustas. Está muy atenta a la actualidad, pero los procedimientos que tenemos que seguir para incorporar nuevas palabras al diccionario son lentos. Tenga en cuenta que el diccionario es la obra más importante pero no la única. Cuando vemos palabras que hay que incorporar o cambiar su definición, las mandamos a América y las ven 22 academias americanas, y la academia ecuatoriana y la filipina y nos hacen observaciones, de manera que hacemos un procedimiento desde el punto de vista de la garantía de que no se cuelen cosas indebidas, aunque al mismo tiempo nos vemos sometidos a unos periodos de tramitación que son lentos. Pero tampoco el lenguaje cambia vertiginosamente, no hace falta correr tanto.