Ha sido en Premiá de Mar donde se ha tomado nota por primera vez en papel oficial de una denuncia por el truco más nuevo de las mafias de ocupas: pagar un alquiler al propietario aunque no quiera.
No han sido necesarios muchos meses de simulación del pago, los justos desde la ocupación hasta que el dueño, en este caso dueña, se ha dado cuenta de que le han quitado la casa. Para el día del juicio, el ocupa tendrá un alfiler más para prender ante el juez su caso y retrasar su expulsión.
El Juzgado de Instrucción 3 de Mataró investiga lo que en principio se incoó como un delito leve de usurpación de vivienda y ahora, tras secundar la tesis también la fiscalía, se instruye por la vía penal como un delito de allanamiento. La última medida tomada en la instrucción, tras doce semanas de parón en el caso, ha sido enviar a los Mossos a corroborar que la finca sigue ocupada.
350 euros al mes
El piso supuestamente allanado está en el centro de Premiá. La dueña, F.G.Z., pasa temporadas de dos meses fuera de España por su trabajo. "Y no es ninguna millonaria precisamente", aclara su abogada, Judith Silveira.
El pasado 10 de marzo, al volver a casa de uno de sus viajes profesionales, F.G.Z. abrió el portal de su casa, pero, ya arriba, no pudo introducir la llave en la puerta de su piso; le habían cambiado la cerradura. La víctima, atónita, llamó al timbre. Sin permitirle el acceso, la recibió en la puerta un hombre al que no conoce de nada. "Estamos aquí de alquiler. Si tiene algún problema llame a la propietaria o a la policía. Nosotros no tenemos nada más que decir", le espetó.
De nada le sirvió repetir una y otra vez que la dueña es ella. A partir de ese momento de nervios, la víctima empezó a comprender por qué estaba recibiendo desde enero en su cuenta corriente una misteriosa transferencia mensual de 350 euros, siempre sin concepto, solo su nombre y apellidos.
"La mujer tiene en esa vivienda su objetos personales, su ropa, su tele, su documentación -explica la letrada-. Cuando entraron en la casa, revolvieron sus papeles y le debieron encontrar el número de cuenta, aunque creemos que lo habían obtenido incluso antes, metiendo la mano en el buzón. A partir de ese momento, le pagaban el falso alquiler". El pago se ha prolongado hasta que, en junio, F.G.Z. cambió de número de cuenta.
Sin ayuda policial
El allanamiento que se investiga en Mataró puede ser señero en materia de ocupación, por combinar su novedad con buena parte de los elementos que se repiten en estos casos. Entre ellos, la abstención policial. El día de la escena de la puerta los Mossos no quisieron acudir. "Están desbordados -relata Silveira-. Le dijeron que presentara denuncia en el juzgado, sin más, porque no podían hacer nada. Los vecinos, además, no se han quejado ni sabemos la fecha exacta en que usurparon la vivienda".
La tarea para recuperar la casa se presenta ardua. Han tenido que pasar seis meses de recursos para que la instrucción cambie de delito leve a grave infracción penal. Ahora, cuando la jueza de instrucción Yolanda Díaz, titular de uno de los juzgados más atorados del Maresme, llame a declarar a los "ignorados ocupantes" del piso de Premiá, ellos aportarán los comprobantes de sus transferencias mensuales de dinero, enredando aún más la instrucción y garantizándose unos meses más de estancia.
"Todo esto se traduce en una gran quebranto de la tutela judicial efectiva de mi clienta", comenta Judith Silveira. Para la vecina de Premiá será una pausa forzada más en su vida, otra de las que lleva haciendo desde marzo de 2020. De hecho, ya tuvo que pasar el confinamiento de la primera ola en casa de una vecina, pues no tenía dónde meterse.
Duda razonable
La letrada Silveira ya ha intervenido en un centenar de casos de ocupación, "pero no había visto todavía este truco", dice. Ni siquiera pese a operar en un partido judicial donde la ocupación de viviendas ha crecido hasta el punto de que el Colegio de Abogados de Mataró lleva ya desde septiembre pidiendo cambios en el arsenal legislativo contra el fenómeno. Entre ellos, más proactividad policial y que a las comunidades de vecinos se les reconozca la legitimación pasiva para denunciar usurpaciones.
En la costa catalana, el crecimiento de la ocupación ilegal puede estar relacionado con el final de contratos baratos de alquiler en Barcelona "que no se renuevan, y dejan al inquilino buscando sin ninguna posibilidad una casa similar", explica Silveira.
No siempre es así. En la costa de Málaga, concretamente en el área de Rincón de la Victoria, la Policía Nacional y la Guardia Civil han aflorado otra razón para el aumento de ocupaciones: la marihuana. Desde junio investigaba a una pareja de hermanos promotores de todas las patadas en la puerta de 2020 en la zona, que cedían los pisos usurpados a cambio de que el ocupante -aparentemente personas necesitadas parientes o amigos de los hermanos- cultivara y cuidara plantaciones. La Operación Gentlemen -para la Policía- o Bañador -para la Guardia Civil- se saldó en noviembre con 23 detenciones.
En Mataró, como en otros puntos de España, se hacen cada vez más frecuentes lo casos en los que el ocupa suscribe un seguro a favor de la vivienda. "Buscan crearle al juez una duda, que tenga que cuestionarse cómo va a ser un ocupa el denunciado si hasta resulta que ha asegurado la casa -ratifica la decana del Colegio mataronense, María Pastor-. El objetivo es alargar el proceso por la vía de la discusión de si es legítima la ocupación de la vivienda. Máxime si alguien puede estar en una casa por título escrito, verbal o precario".
Seguro low cost
Así, la mafia alecciona al ocupante a contarle al juez versiones como que un señor le dijo que era el propietario, que le dio las llaves, que le cobró 2.000 euros de fianza, que le aseguró que le iba a traer un contrato para firmar y que no ha vuelto a aparecer... pero que entre tanto ha asegurado la vivienda. Y todo será verdad, pero también mentira.
La práctica del seguro low cost, según fuentes de la Audiencia Provincial de Madrid, se tiene por documentada por primera vez en Gijón (Asturias), donde el ocupante ilegítimo de una casa de la periferia había asegurado la vivienda por 30 euros en junio de 2019.
Ahora le podría salir incluso más barato: en el ranking de seguros de hogar más económicos del portal Kelisto (el que usaron en el caso de Gijón), Axa, Ase Grup y Catalana de Occidente compiten con paquetes básicos de entre 116 y 176 euros al año.
"Se aprovechan de que no les pedirán la presentación de la escritura de la casa para concertar", comenta Pastor. "No es necesaria la escritura, nos basta una descripción y medición de la casa por su parte, sus datos y el número de su cuenta corriente", explica una operadora telefónica de Catalana. "No se necesita escritura, puede contratar el seguro un inquilino, por ejemplo", explican desde Argente, mediadora valenciana de Axa. Y lo mismo desde A Coruña el comercial de Ase Grup, que también ha atendido en una ronda de llamadas de este diario.
Montón de tickets
Lo mismo pasa con las alarmas, que los ocupas "asesorados por mafias", dice la decana de Mataró, han aprendido a contratar para intentar demostrar con recibos de la compañía que un falso derecho sobre la vivienda; ninguna compañía pide un título de propiedad, "ni puede pedirlos", matiza Jorge C., excomercial de una empresa decana de la seguridad privada y ahora dedicado al negocio de "la desocupación" en Madrid.
Los recibos de pago domiciliados en la casa ocupada aparecen cada vez más en los pleitos por usurpación no solo en Catalunya. De hecho, hace dos años que dejó de ser netamente madrileño el truco de la acumulación de tickets de envíos de Carrefour por compras online dando como domicilio la vivienda usurpada.
O que se piensa usurpar. En Mataró "incluso empiezan a pedir compras con antelación a la ocupación. Lo hacen por Amazon, por ejemplo. O piden comida a un rider, esperan en el portal del piso que es su objetivo y que todavía no han ocupado y la recogen", explica Silveira. Así, si algún vecino señala una fecha a partir de la cual vio ocupada la vivienda, el ocupa podrá mostrar papeles para sostener que él estaba mucho antes.
Eso ya implica premeditación. A este paso, las mafias que facilitan al ocupa la patada en la puerta -"pisos de patada", los llaman en los anuncios por palabras- y nuevas llaves por entre 1.500 y 3.000 euros, "terminarán cobrando también por un paquete de tickets con los que poder intentar demostrar que llevas tiempo viviendo en la casa", explica Jorge C.
En la costa catalana se empieza a ver también esa labor de inteligencia previa. En los juzgados de Mataró se investigan tres casos, aparentemente inconexos, de ocupas cuyo falso casero había solicitado información al Registro de la Propiedad. "Por entre dos y siete euros se hacen con una nota simple de la casa que están rondando. Al Registro les dicen que tienen interés comercial; en realidad buscan saber si la vivienda es de una entidad financiera", explica Silveira.
Si lo es, la denuncia por usurpación tardará mucho más en producirse. Por eso son más abundantes las ocupaciones de inmuebles embargados que de los que tienen dueño particular. Una vez comprobada la titularidad, la mafia de ocupaciones dejará una señal junto a la puerta, o el timbre del portero automático, que indicará vía libre para el siguiente paso: reventar la puerta y cambiar el cerrojo, que dará otro miembro del grupo.
