Ampliar la oferta de titulaciones, fundamentalmente de posgrados, solicitar al Gobierno de Canarias financiación para reducir las altas tasas de las carreras no presenciales y agilizar la aprobación del protocolo de acoso en las aulas. Estas son algunas de las acciones que recoge el documento elaborado por el Consejo de Estudiantes (CEST) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con el consenso del alumnado de todos los campus y de la teleformación, para entregar a los candidatos a las elecciones a rector de la ULPGC del próximo 25 de febrero.
“Es una iniciativa muy importante para que se tenga en cuenta las inquietudes y necesidades que tienen los estudiantes de la ULPGC en este momento y las elecciones a rector son una oportunidad única para que se oiga nuestra voz. Se trata de una agenda de temas prioritarios a resolver, de cara a que ambos candidatos asuman aquellos con los que estén de acuerdo o consideren viables, y se ejecuten en los próximos cuatro años”, indicó Ada Santana, presidenta del CEST, sobre el documento que se ha venido elaborando desde el pasado octubre y aprobado de forma unánime en la asamblea de representantes celebrada el 26 de enero.
La lista de demandas, que ya ha sido dada a conocer al candidato Lluis Serra Majem, durante la reunión mantenida el pasado 25 de enero, tras la presentación oficial de su candidatura, ha sido estructurada en tres partes: compromisos con la representación estudiantil; compromisos con los y las estudiantes; y propuestas específicas de algunos centros. El Consejo prevé trasladar dicho documento la próxima semana al otro candidato, Rafael Robaina.
Teleformación
Entre las propuestas referentes al conjunto de los estudiantes de la ULPGC, Ada Santana señaló la necesidad de exigir al Gobierno de Canarias la financiación de las titulaciones no presenciales de la Universidad y bajar las tasas para los estudiantes de las mismas. “Ahora hay una situación excepcional por la pandemia, pero la estructura de teleformación de la ULPGC no está financiada por el Gobierno, lo que implica que los alumnos pagan el doble o el triple de matrícula respecto a las titulaciones presenciales”.
También destaca la importancia de aumentar la oferta de titulaciones en la ULPGC, haciendo especial hincapié en los posgrados. “Hay muy pocos másteres en muchas carreras, y consideramos que los estudiantes debemos tener la oportunidad de continuar la formación en nuestra Universidad. En Canarias tenemos la desventaja del sobrecoste económico que implica tener que formarse en la Península”, subrayó.
Los idiomas es otro de los aspectos que más preocupan al colectivo estudiantil, que reclama elevar la oferta y las becas del Aula de Idiomas, y la bajada de las tasas de certificación de los títulos de idiomas. “Muchas veces le sale más barato al estudiante hacer un examen de la Universidad para certificar su nivel de idiomas que certificar su propio título de idiomas. Es cierto que hablamos de una tasa administrativa pública fijada por el Gobierno y no por la Universidad, pero es muy cara”.
Otra de las prioridades es la creación del protocolo de acoso en las aulas, aprobado en Consejo de Gobierno universitario hace más de un año. “Se empezó a elaborar pero tras año y medio sigue estancado. Deben agilizar la creación de una herramienta eficiente para la prevención y el abordaje de la violencia en las aulas”.
Reclaman asimismo una mejora de las infraestructuras universitarias, desde la reposición del mobiliario de los centros, hasta actualizar las instalaciones deportivas y hacerlas más accesibles “con precios competitivos”, o establecer una sala 24 horas para todos los estudiantes y mejorar la oferta y el servicio de salas nocturnas.
La lista también contempla otros aspectos “fundamentales” como fomentar la inclusión de la perspectiva de apoyo a la discapacidad en todas las titulaciones, “especialmente en las de ámbito social”; simplificar los trámites burocráticos para acceder al Gabinete de Atención Psicopedagógica; o modificar el Reglamento de Evaluación de los Resultados y mantener el diálogo y la negociación frecuente entre el Consejo Social y el estudiantado para la modificación de las Normas de Progreso y Permanencia “que garantice la aplicación de los criterios de forma justa, proporcional y acorde a la situación de cada alumno”, concluye Ada Santana.
