4.818 grandes dependientes esperan en Canarias una resolución que certifique su situación de Grado III y que les permita recibir una prestación en base a la ley de dependencia. Ese limbo administrativo, en teoría, los deja fuera del grupo prioritario de vacunas según marca el plan de inmunización contra el coronavirus programado por el Ministerio de Sanidad y las autonomías. En teoría. Porque frente a esa norma excluyente, en las Islas no se va a dejar a nadie atrás. Las consejerías de Derechos Sociales y Sanidad del Gobierno regional aplicarán sus registros –elaborados a partir de el índice Barthel, que identifica a las personas que no valerse por sí mismas– para administrarles el fármaco en las próximas semanas.
En Canarias, en total –reconocidos y no–, hay 16.415 grandes dependientes. De esa cifra, cerca del 30% no cuenta con una resolución que certifique su situación de Grado III. Ninguna otra comunidad autónoma en España tiene un porcentaje tan alto –La Rioja, Galicia, País Vasco o Navarra, por ejemplo, no llegan al uno por ciento–. Con esas 4.818 personas fuera del radar administrativo, la sinergia entre áreas será decisiva para vacunar al mayor número posible.
Para alcanzar ese objetivo, Derechos Sociales tirará de los perfiles que tiene Sanidad en base al índice Barthel, una escala que mide la capacidad de una persona para realizar diez actividades de la vida diaria –comer, asearse, desplazarse de la cama a una silla, vestirse o subir y bajar escaleras–, y localizar así a los grandes dependientes del Archipiélago.
Reajuste
La demora en la entrega de vacunas por parte de Moderna –la compañía entregó ayer a las Islas una remesa con algo más de 2.000 dosis de su medicamento tras no realizar la entrega prevista la semana pasada– obligó a Sanidad a aplazar el inicio de la administración del fármaco en los grandes dependientes y el personal de la sanidad privada del Archipiélago.
En las últimas 48 horas, Canarias recibió más de 15.000 vacunas del producto de Pfizer y BioNTech, cantidad que, sumada a las dos mil enviadas por Moderna, permitirá a las Islas reajustar su programa para inmunizar a la población y administrar la segunda dosis entre residentes de geriátricos y sanitarios y comenzar con el plan entre personal de la sanidad privada y grandes dependientes.
Temor
El plan del Gobierno de Canarias con sus grandes dependientes aclara, en lo correspondiente al Archipiélago, el temor planteado ayer por la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, que alertó de la vulnerabilidad de 313.000 grandes dependientes que no viven en residencias y que están a la espera de la vacuna, de los que 32.000 (4.818 en las Islas) no han sido valorados y por tanto no están localizables.
Según denunció esta asociación, la estrategia de vacunación también excluye de los grupos prioritarios a las más de 134.000 cuidadoras no profesionales que deberían ser vacunadas por estar cuidando a las personas grandes dependientes en sus domicilios.
Así, explica que de las 450.517 personas con prestación económica para cuidados en el entorno familiar, 133.679 tienen el más alto nivel de dependencia (Grado III) y dependen de la persona cuidadora no profesional que las atiende, que puede ser una o varias.
2.090 dosis de Moderna
La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias recibió ayer una nueva partida de vacunas contra la Covid-19, con 2.090 dosis procedentes del laboratorio Moderna. Este envío se sumaron a las 15.210 dosis que llegaron 24 horas desde la fábrica de Pfizer en Bélgica. Con estos nuevos suministros, el Servicio Canario de la Salud (SCS) continuará inoculando a la población diana recogida en la Estrategia de Vacunación Covid-19 en España. La vacunación continuará esta semana con la inoculación de la segunda dosis del grupo 1, la continuidad de los profesionales sanitarios del SCS y con la administración de la primera dosis de los sanitarios de primera línea adscritos a los centros concertados y privados. | LP/DLP
