La Sección Segunda de la Audiencia de Las Palmas ha emitido un auto en el que ordena al Juzgado de Instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana que pida explicaciones sobre lo ocurrido en el muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, donde se instaló un campamento de migrantes durante meses en condiciones "deplorables".
Según han confirmado este viernes fuentes de la Fiscalía, el auto de la Sección Segunda admite el recurso del Ministerio Público al archivo de la denuncia presentada por la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, quien pedía depurar responsabilidades penales por las condiciones de hacinamiento que padecieron desde agosto miles de inmigrantes en el campamento de Arguineguín, ya desmantelado.
La resolución judicial ordena al juzgado reabrir la causa y que se practiquen diligencias para que, como reclama la Fiscalía, se de «algún tipo de explicación por las autoridades correspondientes».
La Fiscalía alegaba en su recurso que no podía darse carpetazo a este asunto sin hacer al menos las indagaciones que había sugerido para averiguar si son o no constitutivas de delito las condiciones "deplorables" que sufrieron los inmigrantes en sus primeras horas tras desembarcar de la patera, como admitió la propia juez en su auto de archivo.
Trato digno
La alcaldesa de Mogán, que había pedido durante semanas el desmantelamiento del campamento de primera acogida del puerto de Arguineguín, presentó la denuncia al entender que el lugar no ofrecía las condiciones mínimas para prestar un trato digno y acorde a las normas sanitarias de prevención de la covid-19.
La juez que se hizo cargo del caso, la titular, admitió que las condiciones de ese campamento gestionado por la Cruz Roja para el Ministerio de Interior habían sido "efectivamente deplorables", pero descartaba que de ellas pueda extraerse consecuencia penal alguna.
La alcaldesa, Onalia Bueno, no señalaba formalmente en su denuncia a ningún responsable concreto de la vulneración de los Derechos Humanos que, a su entender, se estaba produciendo en el campamento del puerto de Arguineguín -donde llegaron a pernoctar 2.500 personas, cinco veces su capacidad-, pero al registrarla sí manifestó ante la prensa que esperaba que se depurasen "responsabilidades penales" en el Gobierno.
Cuando la regidora del Ayuntamiento donde se encuentra el muelle de Arguineguín interpuso su denuncia, el pasado 28 de octubre, estaban en el interior del campamento 915 personas, de las que 495 dormían al raso, al no haber tiendas para todos. Hasta ese momento, la mayor cifra que había albergado el muelle era de 1.575 personas.
Bueno denunciaba que se incumplían las normas de obligado cumplimiento para la prevención de la covid-19, que no había camas para ninguno de los inmigrantes, que solo se habían dispuesto 12 duchas, con lo que el acceso a la higiene era muy difícil, y que los cientos de personas allí congregadas compartían 25 baños químicos.
También cuestionaba que los inmigrantes solo recibieran bocadillos como alimentación o que no se les facilitara lavar la ropa y denunciaba que muchas de esas personas habían tenido que soportar "esas durísimas condiciones hasta más de 15 días" en el campamento, que fue desmantelado el pasado mes de noviembre a petición del Defensor del Pueblo.
