Una fiesta en una villa, la presencia de la Guardia Civil para tomar nota del elevado número de asistentes y tramitar posibles sanciones administrativas por vulnerar las restricciones de la pandemia y, en medio, un juez de Lanzarote. Este es el resumen de los sucedido en la tarde del jueves, aunque a partir de ahí se entremezclan opiniones dispares sobre si el protagonista, Ricardo Fiestras, que ya fue sorprendido en una reunión similar y no fue denunciado, disfrutaba del jolgorio, o bien, era ajeno a todo en otro rincón del inmueble cuando llegaron los funcionarios.

“¿Pueden haber incurrido en una infracción administrativa? Muy posiblemente. Por parte de su señoría no habrá ningún problema en reconocerlo y en abonar la multa que corresponda, pero ajustándose los hechos a la realidad de lo sucedido, no a las versiones que circulan”. Así han respondido fuentes próximas al magistrado del Juzgado de Instrucción 4 de Arrecife, Ricardo Fiestras, a la polémica desatada al ser descubierto el jueves por la Guardia Civil en una fiesta en una villa de Yaiza, incumpliendo la norma contra el Covid, según La Voz de Lanzarote.

Mientras, la Guardia Civil señala que los agentes están tramitando las sanciones administrativas por este caso, sin aclarar en qué posición se queda la persona que se dedica a impartir justicia.

A raíz de este episodio, que motivó una propuesta de sanción por parte de la Guardia Civil, se ha cuestionado también si el magistrado intentó hacer uso de su cargo o si tuvo una actitud inadecuada con los agentes, cosa que desde su entorno niegan.

“Sin ningún tipo de altisonancia, ni falta de respeto, ni prevalimiento de su cargo, y sin identificarse inicialmente como magistrado, procedió a identificar a las personas que estaban en la casa y al agente que estaba allí le pidió con toda la amabilidad y con todo el respeto que se identificara para saber quién era, en caso de que luego trascendiera la cosa a mayores”, sostienen.

Según afirman, el magistrado estaba alojándose con su pareja en este chalé, dentro de un complejo turístico que está cerrado por la crisis sanitaria. Además, en el mismo lugar se alojaba también otra pareja de amigos. A ellos se unió este jueves otro adulto y cuatro hijos de las dos parejas. Estos últimos, según han detallado, son estudiantes universitarios que acababan de llegar de Madrid.

En total se juntaron nueve personas, cuando la normativa actual en Lanzarote -nivel de alerta 4-, solo permite encuentros de un máximo de dos personas si no son convivientes. En ese momento, reconocen que se pusieron a hacer una fiesta en la piscina, bebiendo cerveza y poniendo música, lo que motivó que un vecino llamara a la Guardia Civil.

Según el entorno del juez, cuando llegaron los agentes, él se había retirado al salón, donde veía la tele con su pareja. Ahí, afirman que al ver varias dotaciones de la Guardia Civil, algunos de los jóvenes “se asustaron y se fueron a esconder”, mientras que otro fue a avisar a Ricardo Fiestras, “sabiendo que era juez, para ver si podía manejar la situación”.

Una abogada

Siempre según ésta versión de los afectados, él salió entonces del salón y acudió al porche y fue cuando, aseguran, no hizo prevalecer su posición como juez. El agente le requirió, “con amabilidad”, que se identificara, y así lo hizo.

Entonces, relatan que un cabo se identificó como el responsable de las diligencias, por lo que el juez también le pidió “por favor” su número de agente.

Fue en ese momento cuando afirman que Ricardo Fiestras hizo referencia a su condición de magistrado, pero sostienen que se limitó a preguntar: “¿Saben que yo soy el juez de instrucción?”. A esto, afirman que la respuesta de los agentes fue :“Sí sí, le conocemos, señoría”.

Además, también subrayan que en la fiesta no había ninguna letrada de la administración de Justicia (lo que antes se conocía como secretaria judicial), como se ha publicado. Según La Voz de Lanzarote, había una abogada, que es la pareja del juez, pero no una funcionaria judicial.

Tras identificar a todos los presentes y tomarles declaración, los agentes se marcharon, con esa propuesta de sanción por una falta administrativa. Al respecto, desde el entorno del juez insisten en asegurar que no hubo ningún intento por parte del magistrado de obstruir el trabajo de la Guardia Civil.

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, declaró ayer que no entiende cómo la gente todavía hoy “sigue cometiendo esos errores”, calificando de incomprensible lo sucedido en Lanzarote, según informó la agencia Efe.