La OPE sanitaria de 2020 se tambalea por la sentencia del TSJC

Los recurrentes serán los portavoces de la Mesa de Confluencia de Canarias. Los recurrentes de la sentencia de la OPE de 2018 fueron diez de los facultativos especialistas de área que ahora forman parte de la Confluencia pero que, en ese momento, actuaban a título personal conformados en una pequeña agrupación de Gran Canaria denominada Plataforma de Consolidación. La propia confluencia se desmarcó por redes sociales de esta actuación, aunque consideró beneficioso el fallo para su propósito.

De momento este nuevo proceso acaba de agotar la vía administrativa. Así lo explica Gerardo Pérez, abogado y defensor de la Mesa de Confluencia, que afirma que el viernes recibieron la desestimación, por parte de la propia Administración, de su recurso de reposición contra la convocatoria de oposiciones de 2020. El abogado adelantó su intención de acudir, en el plazo de los próximos dos meses, a los tribunales para que sea la justicia quien dirima sobre quién tiene razón. Este edicto saca a concurso público unas 1.400 plazas en el Servicio Canario de la Salud (SCS), de las que 330 se han ofertado para la categoría de médicos facultativos especialistas de área (Feas). En caso de que volviera a fallarse en contra de la Administración, la OPE quedaría invalidada en su totalidad. “Espero que el SCS aprenda de lo que ocurre y no empiece a examinar, porque ya tiene el antecedente de 2018”, insistió Pérez, que adelantó que el “90% de los argumentos” utilizados por los demandantes anteriores serán usados en este nuevo recurso. No obstante, señaló que esta nueva denuncia tendrá su propia idiosincrasia. En esta ocasión, se pondrán sobre la mesa otros motivos por los cuáles el colectivo considera que la Administración ha actuado de manera ilícita.

Hoy se celebra una Mesa Sectorial para analizar la sentencia que tumba el decreto de la OPE

Respecto al fallo del TSJC, el hematólogo Sunil Lakhwani, portavoz de la Confluencia de Médicos de Canarias, recordó que la oferta de empleo, tal y como está planteada –como un proceso abierto y de libre concurrencia, vinculado a un proceso de consolidación– no compensa la contratación abusiva a la que han estado supeditados los últimos años. Asimismo, señala que aunque no haya sido a través de “la argumentación que defendemos”, el hecho de que se haya anulado el Decreto 188/2018 “va en nuestro favor”. Sin embargo, es consciente del grave perjuicio que esta resolución ha generado en el resto de categorías del SCS, por lo que, en esta nueva demanda, desean plantear una fórmula para que afecte solo a su categoría: “es lo que queremos”.

Los opositores afectados

A los afectados a los que se refiere son, mayoritariamente, enfermeras, matronas y fisioterapeutas; profesionales que habían realizado ya sus exámenes –el 12 de mayo de 2019–, entregado méritos y algunos incluso estaban pendientes de la adjudicación final de su plaza. El lunes, después de casi dos años de espera, recibían la noticia de que la convocatoria por la que concurrieron a 1.280 plazas públicas (1.095 enfermeros, 62 fisioterapeutas y 123 matronas) está anulada, quedándose sin un aval legal que los ampare. También ha afectado al concurso de traslados que ya se había acometido en algunas especialidades, de tal forma que, los profesionales debieron retomar su puesto de trabajo previo. Este fallo, en un primer instante, puede provocar que tengan que repetir las pruebas teóricas.

El secretario general del sindicato de enfermería Satse, Leopoldo Cejas, consideró que esta sentencia es un “auténtico mazazo” para los trabajadores. “Con todo lo que ha ocurrido a los enfermeros, entiendo la rabia de los compañeros”, insistió el secretario general. Y es que no es la primera vez que estos profesionales encuentran escollos para estabilizar sus puestos de trabajo. Ya ocurrió con la OPE de 2007, que se paralizó durante la crisis para reactivarse en 2015, fecha en el que los enfermeros hicieron la prueba teórica, siendo los últimos en examinarse. El proceso de selección de enfermería fue el último que culminó en esta convocatoria, a finales de 2018. Tan solo cinco meses después –en mayo de 2019– se tuvieron que enfrentar a un nuevo examen de una convocatoria ahora fantasma.

Este edicto saca a concurso público 1.400 plazas, de las que 300 son de médico especialista

La noticia del fallo del TSJC ha desatado un verdadero huracán en la Consejería de Sanidad, que en el día de ayer seguía analizando junto a los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma –por segundo día consecutivo– la sentencia, para recurrirla al Supremo con las mayores garantías. Para la Administración “la sentencia no dice mucho, ni es clara en cuanto a argumentos”, pero buscan un método de recuperar lo que se podría perder. En todo caso el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Conrado Domínguez, en declaraciones a COPE Canarias, insistió en que “no es una sentencia en firme” y desde la Consejería de Sanidad consideran que “el decreto cumple con todos los requisitos legales establecidos”.

No obstante, como señaló el director del SCS, la Administración no se cierra a buscar un plan alternativo que permita que, al menos, los exámenes no tengan que repetirse en las categorías afectadas. “Vamos a defender a todos los opositores que se han presentado a los exámenes, también a los que presentaron su solicitud y a todos los que estaban pendientes de que saliera la convocatoria”, señaló Domínguez. “Nuestra intención es que los procesos ya hechos sigan manteniéndose –prosiguió–, no nos planteamos otra cosa que poder estabilizar esas 6.000 plazas”. En la mañana de hoy se reunirán miembros directivos del Servicio Canario de la Salud con la Mesa Sectorial de Sanidad con el objetivo de analizar con la representación legal de los trabajadores esta última sentencia del TSJC y conocer sus puntos de vista.