El Jable de Famara, en Lanzarote, se encuentra gravemente afectado por distintas amenazas provocadas por el ser humano que ponen en grave peligro su integridad y los valores naturales que contiene, según indica en una nota SEO/BirdLife. Se trata de un espacio de alto valor ecológico, motivo por el cual está protegido, total o parcialmente, por distintas figuras de protección como la Red Natura 2000 como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Islotes del norte de Lanzarote y Famara, además de ser un Área Importante para la Conservación de las Aves (IBA).

El sitio más importante del Archipiélago para la hubara canaria

La hubara canaria (Chlamydotis undulata fuertaventurae) es una subespecie de ave propia de ambientes subesteparios que solo se encuentra en La Graciosa, Lanzarote y Fuerteventura. Como consecuencia de su delicado estado de conservación fue catalogada como 'En peligro de extinción' tanto en el Catálogo Español de Especies Amenazadas como en el Catálogo Canario de Especies Protegidas.

SEO/BirdLife ejecutó el proyecto LIFE Hubara entre 2003 y 2007para abordar los problemas que habían llevado a esta especie a un acusado declive. En la actualidad, gracias a un trabajo reciente de SEO/BirdLife, se conoce que el Jable de Famara de Lanzarote alberga el número más alto de territorios de cortejo de esta especie de toda Canarias. “El estado de conservación de la hubara canaria está directamente relacionado con el estado de conservación de este espacio. Consecuentemente, conservar este extenso arenal supone favorecer a esta especie gravemente amenazada”, afirma Yarci Acosta, delegado de SEO/BirdLife en Canarias.

Hubara canaria José Juan Hernández

Otras especies presentes en el lugar son el corredor sahariano (Cursorius cursor), con la categoría de vulnerable en los mencionados catálogos, así como el alcaraván (Burhinus oedinemus insularum) o la terrera marismeña (Calandrella rufescens polatzeki), entre otras.

Extracciones de áridos, carreras ilegales y otras amenazas

La extracción de áridos a cielo abierto para satisfacer la demanda de material de construcción supone uno de los principales problemas para El Jable. Muchas de estas extracciones se realizan sin la autorización administrativa pertinente ni la implantación de medidas necesarias para reducir el impacto que pudieran tener. Además, raramente se acometen proyectos de restauración una vez finalizadas.

La realización de carreras ilegales con todoterrenos, quads, motos y otros vehículos a motor, supone un menoscabo muy significativo para este frágil espacio. El tránsito de personas de manera indiscriminada y el vertido de residuos es una molestia añadida a las especies de aves que hacen uso del Jable, así como el sobrevuelo con parapente, o ala delta.

Una ZEPA que no cuenta con plan de gestión

La Directiva de Aves, impone a los Estados miembros “(...) el deber de adoptar las medidas adecuadas para evitar dentro de las ZEPA la contaminación o el deterioro de los hábitats, así como las perturbaciones que afecten a las aves, en la medida que tengan un efecto significativo respecto a los objetivos de dicho artículo”. Para satisfacer este fin de protección, la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad daba un plazo de tres años para la aprobación y publicación de los planes o instrumentos de gestión de las ZEPA en España. Es decir, teniendo en cuenta que la ZEPA Islotes del norte de Lanzarote y Famara no cuenta con ningún instrumento específico de gestión, son diez años de retraso los que se acumulan.

SEO/BirdLife ha remitido un primer escrito al Servicio de Minas solicitando la información relativa al estado de las autorizaciones de extracción de áridos en la zona y solicitará al Cabildo Insular de Lanzarote y al Gobierno de Canarias que, en el ámbito de sus respectivas competencias, procedan a elaborar, aprobar y desarrollar el correspondiente instrumento de gestión del espacio, además de dotarlo de los recursos económicos necesarios, de manera que se garantice su conservación a medio y largo plazo. A este respecto, SEO/BirdLife se reserva el derecho de tomar cuantas medidas legales considere oportunas para garantizar el cumplimiento de la normativa que es de aplicación.