Sumidas en la pandemia que lleva ya un año de duración, que ha generado una situación de extrema pobreza en muchas capas de la población, de dolor, de miedo, pesimismo e incertidumbre, se acerca un nuevo 8M marcado por la polémica entre diversas concepciones del feminismo, de la judicatura y de diferentes sectores sociales en relación a la intención del Gobierno de presentar una ley para regularizar la autodeterminación del género, que ya se conoce como Ley Trans, así como en torno al Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, también conocido como la Ley del sólo sí es sí. Me voy a detener en algunos aspectos de ésta última.

En las controversias feministas ha estado siempre presente la cuestión de las agresiones sexuales. A debatir y polemizar sobre ellas se ha dedicado mucho tiempo y tinta, estos debates han contribuido, sin duda alguna, a muchos avances en el terreno legal, social y político.

Parto de la evidencia de que el anteproyecto en cuestión se plantea en un contexto donde el problema de la violencia sexual contra las mujeres ha adquirido gran relevancia, a lo que han contribuido casos como el de “la manada” y la respuesta feminista de “hermana yo sí te creo”. En su articulado, el anteproyecto se basa en el consentimiento para establecer si la conducta que se juzga atenta o no contra la libertad sexual de las mujeres.

El patriarcado siempre ha considerado a las mujeres como seres dependientes sin posibilidad ni capacidad para decidir sobre nuestros cuerpos, como sujetos deseables pero no deseantes. De las ideas feministas que más han contribuido a romper con la mentalidad conservadora y arcaica que nos concebía como seres heterónomos, han sido aquellas que insisten en la autonomía de las mujeres las que han propiciado un nuevo imaginario colectivo desde el que valorarnos como sujetos con determinación propia en lo referente a nuestros cuerpos y también en lo que tiene que ver con el deseo, que, por cierto, recordemos, no es regulable. En el deseo no interviene ni la racionalidad, ni la moral.

Es en este aspecto en el que, precisamente, quiero hacer hincapié al detectar en el anteproyecto una serie de cuestiones sobre las que resulta imperativo reflexionar. Me refiero en primer lugar a la carga moralizante y proteccionista que lo impregna. Siempre que se moraliza se tiene por objeto prohibir algo, en este caso se trata de prohibir y penalizar conductas sexistas que se quieren contemplar a partir de ahora como nuevos delito. Pero la experiencia muestra que el recurso y abuso del código penal, tan característico de las políticas conservadoras, en el tratamiento de las violencias de género no ha sido útil. No ha servido para disminuirlas y que, frente al peligroso avance conservador y al afianzamiento cada vez mayor de políticas neoliberales, desde las instituciones, especialmente cuando al frente de ellas se encuentran gobiernos progresistas, se deben elaborar políticas públicas encaminadas a garantizar derechos, a velar por los de las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad y por la autonomía de las mujeres, alejándose de una carga excesiva de proteccionismo que las infantiliza en lugar de empoderarlas.

En segundo lugar, está presente una apuesta victimizadora, que niega la capacidad de agencia de las trabajadoras sexuales. Es necesario tener en cuenta que el hecho de encontrarse en una situación de vulnerabilidad no convierte, en este caso a las trabajadoras del sexo, en personas incapaces de decidir, incapaces de dirimir sobre lo que quieren y lo que no. Las instituciones deben alejarse de esa peligrosa postura identitaria que mantienen algunos feminismos convirtiendo a todo hombre en un sospechoso, cuando no en un enemigo y a toda mujer siempre en una víctima.

Es necesario el fortalecimiento de ideas feministas que apuesten por un proyecto emancipatorio, por la transformación de las conductas en lugar de por el castigo. De un feminismo defensor de la libertad y la autonomía de las mujeres, que integre las masculinidades, que trabaje por la diversidad y por el reconocimiento de derechos para todas.