Los demandantes de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2018 para Sanidad quieren llegar a un acuerdo que permita ejecutar la sentencia parcialmente, evitando así que la nulidad de las oposiciones afecte a las enfermeras, matronas y fisioterapeutas que ya han alcanzado la etapa final de su proceso selectivo. Sin embargo, para que los recurrentes lo acometan, la sentencia debe adquirir firmeza. Es decir, en el caso de que la Administración recurra –que es su intención principal– dicha voluntad no se podrá hacer efectiva. “Por más que los demandantes y esta Mesa de Confluencia quisiéramos ayudar a esas personas que superaron las pruebas, nada podremos hacer”, alega la Mesa de Confluencia de Médicos en un comunicado. Este ofrecimiento, que pasa por obligar a que la Administración a no ejercer su derecho de recurrir la sentencia, ha sido estimado por Comisiones Obreras como un “chantaje” a la Consejería.
La Mesa de Confluencia de Médicos, en la que ahora se integran los demandantes, ha aclarado que los facultativos denunciantes recurrieron el Decreto 188/2018 antes de que se hubiera publicado la convocatoria de esos primeros exámenes, por lo que responsabilizan al Director del Servicio Canario de la Salud (SCS) –cargo que en aquel entonces también ostentaba Conrado Domínguez– y a sus servicios jurídicos, por “seguir adelante con las convocatorias”, aun sabiendo que estaba recurrido en los tribunales. En aquel entonces, los médicos recurrentes, que formaban parte de otra plataforma, solicitaban que se cumpliera una disposición adicional de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias de 2018, que, aprobada por todos los grupos políticos, instaba a estabilizar de manera directa a todos los empleados públicos de más de 50 años. Los demandantes son diez facultativos especialistas de área de más de 50 años de Gran Canaria, conformados en aquel momento como Plataforma de Consolidación que, más tarde, se integraron en la Mesa de la Confluencia de Canarias.
La Mesa de Confluencia, en un comunicado remitido a los medios, asegura “compartir y apoyar” esta intención por parte de los demandantes para“tratar de paliar los efectos de la desastrosa gestión del SCS”. Asimismo, hacen hincapié en que han tomado esta decisión incluso habiendo recibido “reiterados, injustificados e, incluso, ofensivos ataques” durante las últimas semanas por parte de los gestores sanitarios y de “determinados sindicalistas que, en lugar de pedir responsabilidades a los causantes de este desastre, han cargado contra el derecho de las personas a defenderse en los tribunales”. La plataforma asevera que estos médicos han sido “criminalizados” incluso por parte de “algunos periodistas”.
CCOO insiste en que la propuesta de la Confluencia de Médicos hay que “ignorarla desde ya”
Los representantes de los médicos temporales del SCS, opinan que esta campaña difamatoria tiene un fin concreto: “coaccionar y amedrentar a los demandantes y al Comité de Huelga de la Confluencia de Médicos y Facultativos Especialistas de Canarias” mientras representan “legítimamente” a los trabajadores a los que el Servicio Canario de la Salud mantiene en situación de abuso de contratación temporal sucesiva en fraude de ley.
Pero Comisiones Obreras no está nada de acuerdo. “No se trata de unos pobres y desvalidos trabajadores que acuden a la justicia en defensa de su derecho contra una administración depredadora, como nos quieren hacer creer”, afirma en un comunicado el sindicato, en el que detalla que “se trata de un grupo de privilegiados, que se creen por encima de las normas que atan a los restantes mortales, y que acuden a la justicia demandando pasar directamente a fijos por tener más de 50 años”. Los representantes de los trabajadores no han dudado en referirse a estas acciones como “rancio clasismo” y “elitismo que causa vergüenza ajena”.
CCOO insiste en que la propuesta de estos trabajadores “hay que ignorarla desde ya”. Para el sindicato lo que defiende la Mesa de Confluencia no solo “no ofrece ninguna garantía para su cumplimiento toda vez que depende de una decisión judicial” sino que su ofrecimiento tan solo llega a las categorías con procesos iniciados. Es decir, el resto de trabajadores de las 97 categorías también convocadas se tendrían que “resignar” a que esta OPE quedara anulada. Junto a UGT, Comisiones Obreras ha solicitado otra hoja de ruta distinta que permita eludir la anulación de la OPE y que, según ellos “tiene más garantías”.
