El Congreso aprobó ayer una proposición no de ley para instar al Gobierno a convocar la Conferencia sectorial de Educación, con representación de todas las comunidades autónomas para desarrollar el plan previsto en la Disposición Adicional Cuarta de la Lomloe, para que los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender al alumnado con discapacidad.

El texto, presentado por Unidas Podemos, ha sido aprobado por la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia con el voto a favor de PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos y en contra de PP, Vox y Foro Asturias.

“Se hace imprescindible tomar medidas estructurales que permitan ir disminuyendo el porcentaje del alumnado con discapacidad que se deriva a centros especiales”, indicó la diputada de Unidas Podemos María del Mar García Puig durante la defensa de la proposición no de ley.

Según precisó, la convención de los derechos de las personas con discapacidad ratificada por España en 2008, “apunta a la obligación de asegurar un sistema inclusivo a todos los niveles” y dispone que los estados firmantes “deben asegurar que las personas con discapacidad pueden acceder a la educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones”. Además, recordó que la legislación española “establece que los centros públicos y privados concertados deben garantizar el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro”. Sin embargo, lamentó que “la realidad es muy distinta, pues hay una elevada concentración del alumnado vulnerable en los centros”.