El Colegio de Dentistas de Las Palmas ha logrado que se condene en firme y con pena de prisión a un protésico al que había denunciado por intrusismo al atribuirse la condición de odontólogo y ejercer como tal sin tener la titulación correspondiente, según ha anunciado este miércoles.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha confirmado la sentencia del condenado, propietario de varias clínicas dentales, imponiéndole una pena de seis meses de prisión y obligándole a indemnizar a una paciente, en concepto de responsabilidad civil, con 3.850 euros que aquella le había abonado previamente en pago de parte de un tratamiento, así como al pago de las costas, expone en un comunicado la organización profesional.
La cual celebra que, actuando como acusación particular, ha logrado una sentencia firme contra el protésico en cuestión, quien además tiene pendientes otros dos procedimientos por posibles delitos de intrusismo y lesiones, recalca la nota.
La sentencia dictada en este caso -detalla- señala en su apartado de hechos probados que el denunciado "llegó a explorar la boca de la paciente, a tomarle mediciones e impresiones a fin de efectuar un trabajo protésico y a intentar extraerle un implante sin lograrlo, colocándole, finalmente, una funda y un puente".
Y añade que, "teniendo el tratamiento a medias y sin conseguir ser atendida, la perjudicada contactó con el Colegio de Dentistas de Las Palmas, descubriéndose entonces la falsa identidad del supuesto dentista, lo que motivó a la paciente a presentar una reclamación y a la entidad colegial a actuar como acusación particular".
El Colegio de Las Palmas critica, en todo caso, el hecho de que en España no es necesario ser dentista para abrir una clínica, que sostiene facilita el intrusismo y frente al que recuerda que la entidad "viene reclamando un cambio normativo que establezca que la mayoría del patrimonio social y del número de socios en las clínicas dentales correspondan a socios profesionales dentistas".
Porque "de este modo podrían evitarse actuaciones en contra de la protección de la salud por parte de quienes buscan hacer negocio en el sector y obtener beneficios sin atender a la ética deontológica", argumenta en palabras de su presidente, Francisco Cabrera.
