Los inspectores de Salud Pública detendrán sus controles sanitarios en mataderos, piscinas, supermercados y restaurantes a partir del 31 de mayo, en una huelga que han planteado hasta al menos el 31 de septiembre. El colectivo se ha visto obligado a tomar esta decisión tras más de una década advirtiendo a la Administración competente -el Servicio Canario de la Salud- de las deficiencias que se encuentran en el sector. “Tenemos una falta flagrante de recursos humanos, materiales y de medios transporte”, señala Jafet Nonato, representante del colectivo, que afirma que a esto se suma la falta de un marco regulatorio que permita unificar los criterios de trabajo así como dar cobertura a situaciones extraordinarias como la atención a alertas sanitarias urgentes o la atención a guardias localizadas.
Los inspectores irán a la huelga a partir del 31 de mayo
El cuerpo de inspectores en Canarias está dotado de 125 trabajadores, especialistas en veterinaria o farmacia. Esta plantilla lleva “desde 2007” sin ser ampliada, porque aunque se han realizado procesos selectivos, “solo han servido para consolidar”. De esta manera, Canarias se ha quedado a la cola de España en otro aspecto: el número de inspectores por habitante. En el Archipiélago hay 1 inspector por cada 25.000 habitantes, la mitad que en el resto de España donde la tasa media es de 1 por cada 12.000 habitantes. “En algunas comunidades es incluso mayor, como en el caso de Galicia”, remarca el representante de los trabajadores.
La falta de medios es otro de los impedimentos con los que se encuentran los inspectores a la hora de ejercer su trabajo. “Estamos sin equipos, a muchos lugares acudimos con termómetro, clorímetro y bolígrafo”, asegura Nonato. Además, los inspectores carecen de suficientes oficinas para poder trabajar y están obligados a desplazarse en su vehículo particular por un precio por kilómetro muy bajo. Sobre esto último, cuando solicitaron a la Administración una solución, esta le dio como alternativa desplazarse en transporte público y su contribución sería procurarles un bono de guagua. Para los trabajadores esta no puede ser una solución, dado que “hay islas -especialmente las no capitalinas- donde la red de guaguas es irrisoria” y, por otra parte, en las capitalinas, “hay zonas donde es imposible llegar en guagua”.
